miércoles 29 de mayo de 2019 - 12:00 AM

Assange: ¿espía o periodista?

La justicia estadounidense quiere que el activista australiano rinda cuenta por 18 delitos que incluyen espionaje y revelación de secretos oficiales. El debate se centra en su rol en la filtración de datos hecha por WikiLealks.
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Las acusaciones que pesan en contra de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, por cargos de espionaje, además de conspiración, por parte de Estados Unidos, cobran una dimensión legal y política, cuyas implicaciones podrían comprometer seriamente la libertad de expresión y de prensa.

El australiano, quien permanece detenido en Londres desde el pasado 11 de abril luego de ser arrestado en la Embajada de Ecuador en la capital británica, donde se refugió durante siete años para eludir a la justicia estadounidense, ahora enfrenta la extradición al país norteamericano, o a Suecia, que lo reclama por una presunta agresión sexual a dos mujeres.

La justicia estadounidense presentó la semana pasada 17 nuevos cargos contra el fundador de WikiLeaks por la gran filtración de 2010.

Ese año, la página web irrumpió con fuerza cuando publicó unos 750 mil documentos clasificados, relacionados con la seguridad estadounidense, gracias al exanalista de inteligencia militar Bradley Manning, hoy Chelsea Manning, quien fue indultado por el expresidente Barack Obama.

La arremetida judicial emprendida por el Gobierno estadounidense contra Assange y que podría costarle una pena de hasta 10 años de prisión, se basa en acusaciones de violar la Ley de Espionaje que data de 1917 durante la Primera Guerra Mundial, lo que plantea un acalorado debate sobre su rol como periodista versus espía.

En opinión de Mario Arroyabe, experto en derecho internacional y docente universitario, Assange no es espía ya que no trabajó para ninguna agencia de inteligencia de algún país.

“Lo que hizo fue difundir una información de inteligencia de Estados Unidos. Descubrir o destapar la forma ilegal como Estados Unidos hacía inteligencia a miles de personas”, explica el profesor de la Universidad Javeriana.

En efecto, lo cataloga como un periodista que divulgó información de inteligencia, “no lo veo como informante, ni espía”.

En otras palabras, un activista, “un radical antiamericanista desde el punto de vista de la política exterior y que divulgó algo que no se podía y para eso hay una pena porque es delito”.

Aunque detrás de la inculpación contra Assange, enfatiza que hay “un tema político y de poder y seguro Estados Unidos intentará dar una condena ejemplar para evitar que vuelva a pasar”.

Un criterio similar tiene Rubén Sánchez, profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, quien define a Assange como un periodista que indaga y espía.

En ese orden de ideas, dice que “si se acusa de espía al que busca la verdad, se acabaría el oficio del periodista que busca informar”.

A diferencia de Sánchez, Mario Morales, analista y profesor asociado de la Universidad Javeriana, considera que Assange sí posee más las características de espía en el sentido estricto de la expresión.

Igualmente, aclara que “es fundamental no refundirlo con el rol de periodista, que no lo es y que además desdibuja el trabajo periodístico, que no solo consiste en publicar datos, sino investigar, profundizar, contextualizar e interpretar” los mismos.

Bajo esa lógica, señala que se entiende que algunos sectores quieran vincular al activista australiano a la labor periodística. “La idea de protegerlo con las prebendas que tiene la labor por el aporte que le dio al periodismo en el descubrimiento de este tipo de actividades confidenciales, pero en sana ética, no es periodista y quedarse en las filtraciones tampoco es periodístico”, comenta.

Los peligros

En cuanto a los alcances de las acusaciones en contra del fundador y editor de WikiLeaks, Sánchez advierte que ponen en peligro la libertad de prensa.

“La función de la prensa es informar y el escudarse en la razón de Estado o en la seguridad nacional para ocultar ciertos hechos frente a los cuales la ciudadanía o la opinión pública tienen el derecho de saber qué ocurre a su alrededor, opaca la necesaria transparencia y la rendición de cuentas, supuestos baluartes de la democracia, gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, en palabras de Abraham Licoln”.

Arroyabe agrega en ese sentido, que “si limitar la divulgación de la información es un golpe a la libertad de prensa, es posible”.

Pero el problema desde su punto de vista es que “la libertad de prensa tiene límites y la información de seguridad es uno de ellos. Y en contra de este argumento es que recoger información debe hacerse bajo unas reglas que garanticen la intimidad de las personas”.

No obstante, dice que todo se reduce a interpretaciones y para él no se viola la libertad de prensa: “creo que es una tensión entre derechos humanos y seguridad nacional. Si la seguridad no se garantiza no hay Estado y no hay derechos”.

Morales, por su parte, anota que el caso de Assange representa una amenaza contra la libertad de expresión, partiendo de la base de que no puede ser considerado como un periodista, pero sí un ‘hacker’ o un activista.

En esa medida, agrega que utilizar Estados Unidos estrategias como la vetusta ley de más de un siglo de existencia, “resulta por supuesto un atentado a la libertad de expresión con arreglo a fines, es decir una ley que coarta la posibilidad de que los ciudadanos conozcan actividades o hechos que comprometían gobiernos o la estabilidad de los gobiernos, y que involucra a los ciudadanos de forma directa”.

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