La Administración Trump revive la pena capital federal. Sus detractores señalan que el sistema federal de la pena de muerte no funciona, es racista, inefectivo y cruel.
Kirk Bloodsworth se convirtió en 1993 en el primer hombre en Estados Unidos en ser condenado al corredor de la muerte y luego liberado con base en su ADN, después de 23 años tras las rejas acusado de violar y matar a una niña.
El hondureño Clemente Javier Aguirre fue exonerado y liberado en noviembre de 2018, luego de permanecer 14 años encerrado en una cárcel de la Florida, y 10 en el corredor de la muerte por un doble asesinato.
En 2014, el afroamericano Glenn Ford de 64 años quedó en libertad en el estado de Luisiana tras ser condenado por el robo y el crimen de un joyero, después de pasar más tiempo en el corredor de la muerte en EE.UU.
Estos tres ejemplos se suman a una larga lista de casos en los que la justicia del país norteamericano tuvo que rectificar. Son la prueba viviente de fallas en el sistema de justicia, atribuidos a factores como la mala representación legal, los prejuicios raciales, las malas prácticas de los fiscales e incluso, los sesgos geográficos.
Desde 1973, 142 condenados a muerte en 26 estados han abandonado el corredor de la muerte tras haberse probado su inocencia.
Frente a esta realidad, la noticia, en julio pasado, de la reactivación de la pena de muerte por delitos federales bajo el gobierno de Donald Trump, ha despertado críticas y reacciones adversas, especialmente por parte de la Iglesia Católica, activistas, políticos demócratas y organizaciones civiles y de derechos humanos.
Es importante señalar que la pena de muerte federal se mantuvo inconstitucional tras la opinión de la Corte Suprema de Furman v. Georgia en 1972. A diferencia del rápido restablecimiento de la pena de muerte en la mayoría de los estados, a nivel federal no se restableció hasta 1988 en Estados Unidos.
La última ejecución en casos de delitos federales se produjo en el año 2003. A partir de diciembre próximo se reanudarán gracias a un cambio en el protocolo que sustituye el controvertido coctel de tres fármacos con que se aplicaba antes la inyección letal por el uso exclusivo de pentobarbital.
Cabe recordar, que en abril de 2014, luego de la polémica ejecución estatal por inyección del preso Clayton Lockett, de 38 años, en la prisión de Oklahoma, cuya muerte se prolongó durante 43 minutos, el entonces presidente Barack Obama decidió poner fin a la pena de muerte federal y ordenó una evaluación de los fármacos utilizados en las inyecciones letales.
Sin embargo, una iniciativa de los demócratas de declarar una moratoria formal no prosperó.
En espera para morir
En la actualidad, hay 62 personas condenadas a muerte en casos federales, pero solo tres han sido ejecutadas, según datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.
Entre ellos, algunos de alto perfil como Dylann Roof, quien mató a disparos a nueve miembros negros de una iglesia de Carolina del Sur en 2015, y Dzhokhar Tsarnaev, famoso por estallar las bombas durante la maratón de Boston en 2013 dejando tres muertos y más de 260 heridos.
Incluso, Patrick Crusius, de 21 años, autor del tiroteo en un supermercado en El Paso en Texas el pasado 3 de agosto, que se saldó con 22 muertos, podría ser sentenciado a la pena capital federal.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos reinstauró la pena de muerte en 1976, cuatro años después de haberla eliminado. Se aplica en 32 estados, los más conservadores, y está abolida en otros 21 estados y en Washington DC.
Sin embargo, es un castigo que desde los años 90 ha ido perdiendo progresivamente apoyo entre los estadounidenses, si bien es una práctica que aún el 65% de la sociedad de ese país defiende.
Es más, ha repuntado ligeramente desde la llegada de Trump a la Casa Blanca.
Diego Hernández, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Industrial de Santander, UIS, aclara en ese sentido que la discusión actual gira en torno a la reanudación de la pena de muerte, a nivel federal, no estatal.
Esto es, cuando el delito es considerado de importancia federal, y es el Gobierno Federal quien debe imponer la pena de muerte, aclara.
“Desde la sentencia Gregg v. Georgia, 428 U.S. 153 (1976), la Corte Suprema de los Estados Unidos ha considerado que la pena de muerte, estatal o federal, no es, per se (en sí mismo), inconstitucional”, precisa el experto.
En ese orden de ideas, explica que contrario a lo que pasa con la Constitución Política colombiana de 1991, en donde el Artículo 11 prohíbe expresamente la pena de muerte, “en Estados Unidos la pena de muerte ha sido acogida como una institución admisible, sometida a control”.
Hernández considera que reabrir un debate de este tipo, con implicaciones morales, religiosas y jurídicas, en un año electoral, en el que Trump se juega la reelección, y frente a recientes casos de violencia o “terrorismo doméstico”, como suele llamar la prensa norteamericana a los asaltos armados de jóvenes supremacistas raciales, no es “para nada oportuno”.
A su modo de ver, esto cambia el punto de mira, de la verdadera crisis nacional en EE.UU., es decir la posibilidad de que cualquier mayor de edad, con un trámite sencillo y sin mucha verificación sobre su estado mental e ideológico, pueda tener un arsenal en su poder.
Frente a esta “política criminal federal” que reabre Trump, Hernández asegura que hay un hecho jurídico contundente que la contradice, refiriéndose a la reciente abolición de la pena de muerte en el estado de New Hampshire. Por lo que hay, a la fecha, 21 estados de los 50 que conforman la federación, que la han abolido.
Para el docente de la UIS, el lío con la pena de muerte es el mismo con todo el sistema de administración de justicia, “con jurado o sin él, que el debate probatorio no sea el adecuado, y se condenen injustamente ciudadanos que no cometieron las conductas por las que son castigados”.
Cambiar el discurso
Isaac Bigio, historiador y analista internacional, afirma que la decisión del presidente republicano abre un debate nacional y plantea una discusión sobre el tipo de sociedad que se pretende para Estados Unidos, donde hay una marcada cultura de la violencia.
El tema, agrega, no es tanto una cuestión moral, porque a su juicio, antes que hay que acabar con los asesinos, primero para hay que cambiar el discurso de un presidente que es muy provocador, contra los migrantes, las mujeres y las minorías.
Advierte asimismo, que este tipo de medidas afectan especialmente a los hispanos y a los afroamericanos, quienes son en últimas los que están pagando este tipo de condenas en las cárceles de ese país. De hecho, representan el 60% de los reclusos de Estados Unidos.
En conclusión, Bigio cree que lo que viene haciendo Trump de querer reinstalar la pena capital no hace más que “profundizar las grietas en la sociedad norteamericana, acentuar las desigualdades, golpear los derechos humanos y generar más racismo hacia los migrantes, los hispanos y los afroamericanos”.
