Arrestos, celebraciones religiosas suspendidas, redadas y acusaciones en contra de los miembros de la comunidad religiosa se han convertido en el pan de cada día en Nicaragua, acciones permitidas por el presidente del país centroamericano, Daniel Ortega. La detención de un obispo aumentó la tensión entre la Iglesia Católica y el Gobierno.
El sábado, cientos de nicaragüenses acudieron a una misa bajo vigilancia policial después de que las autoridades prohibieran una procesión religiosa por las calles de la capital por motivos de "seguridad interna".
"Perdónalos Señor, porque no saben lo que hacen", decía el cardenal Leopoldo Brenes en la misa cuando abordaba las tensiones y la detención del obispo Rolando Álvarez, que lleva casi dos semanas retenido por la policía acusado de "desestabilizar el país".
La detención del obispo no ha sido la única medida que las autoridades han tomado contra la Iglesia Católica. A principios de mes, el Estado cerró siete emisoras de radio propiedad de la institución religiosa y detuvo a otro sacerdote de la misma diócesis.
El cardenal católico de El Salvador, Gregorio Rosa Chavéz, dijo que espera que la situación en Nicaragua se vaya "normalizando" para que los ciudadanos puedan "libremente expresar su fe".
"Hay mucho sufrimiento en el pueblo nicaragüense, en el pueblo católico principalmente, saben que estamos con ellos y deseamos que pronto se vaya normalizando para que haya paz de verdad y la gente pueda libremente expresar su fe", dijo el religioso a periodistas.
El jerarca católico llamó a que la situación "se vaya resolviendo pacíficamente, que el diálogo vaya finalmente estableciéndose para que todos estemos en paz".
A comienzos de agosto, Rosa Chávez indicó que la "persecución" que vive la Iglesia católica nicaragüense por parte de las autoridades gubernamentales es actualmente el "caso más horrendo" de "martirio" de la región.
Las declaraciones del religioso salvadoreño se dan luego que la Diócesis nicaragüense de Siuna denunció este lunes la detención y desaparición de uno de sus sacerdotes, en medio de tensiones entre el Gobierno Ortega y la Iglesia católica de Nicaragua.
"La tarde del domingo 14 de agosto fue detenido el presbítero Óscar Benavidez, párroco de la Parroquia Espíritu Santo", en el municipio de Mulukuku, en la Región Autónoma del Caribe Norte de Nicaragua, informó la Diócesis de Siuna en una declaración.
Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) afirmó que el sacerdote fue detenido de forma arbitraria.
Benavidez es el tercer sacerdote detenido en lo que va del año en Nicaragua, y el noveno que se encuentra bajo custodia policial, incluyendo al obispo Rolando Álvarez y otros cinco sacerdotes que están encerrados desde el pasado día 4 en el Palacio Episcopal de la Diócesis de Matagalpa (norte).
Siuna fue la primera Diócesis que brindó su apoyo público al obispo Álvarez, a quien la Policía Nacional acusa de intentar "organizar grupos violentos", aunque hasta ahora no ha ofrecido pruebas.
Las autoridades del país centroamericano han expulsado a un grupo de misioneras de la orden Madre Teresa de Calcuta, han cerrado ocho radioemisoras católicas, cancelado la programación de la televisión por suscripción de tres canales católicos, y han ingresado a la fuerza y allanado una parroquia.
El presidente Ortega tildó de "terroristas" a los obispos nicaragüenses que actuaron como mediadores de un diálogo nacional con el que se buscaba una salida pacífica a la crisis que vive el país desde abril de 2018.
La situación en Nicaragua se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre pasado en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
Las relaciones entre los sandinistas y la Iglesia católica de Nicaragua han estado marcadas por roces y desconfianzas en los últimos 43 años.
Daniel Ortega, quien lleva casi quince años en el poder, alega que los religiosos son presuntos cómplices en un plan para hacerle un golpe de Estado.
Con esta excusa, cerró más de siete emisoras católicas, impuso medida de casa por cárcel para un obispo y su séquito de sacerdotes, así como investigaciones en las que acusa a la Iglesia de participar en planes para desestabilizar el Gobierno.
