Desde hace semanas las noticias sobre escándalos políticos, corrupción, tráfico de influencias, debilitamiento institucional e infiltración de grupos terroristas en las fuerzas militares se mezclan con alertas cada vez más graves sobre seguridad ciudadana: extorsiones, amenazas y presencia creciente de bandas delincuenciales y grupos al margen de la ley. Ese cóctel pone al país en una encrucijada profunda: la próxima administración, la que asuma en 2026, tendrá ante sí retos mayúsculos en materia de seguridad, convivencia, defensa del Estado de Derecho y confianza colectiva.
El primero de esos retos es devolver la credibilidad al Estado. Cuando ciudadanos, empresarios y líderes regionales perciben que las instituciones no protegen ni garantizan el imperio de la ley, el vacío lo llenan mafias y estructuras criminales. Y ese vacío no discrimina: afecta al campo, a la ciudad, al emprendedor y al trabajador. Sin una estrategia de seguridad coherente, contundente y sostenible —no de anuncios y gestos simbólicos—, cualquier política económica, social o de desarrollo social quedará coja, como un edificio sin cimientos firmes.
La segunda tarea consiste en recuperar la presencia y autoridad del Estado sobre el territorio. Es inaceptable que regiones enteras —especialmente rurales o periféricas— estén bajo el control de grupos armados terroristas. La presencia estatal debe ser real y permanente; sus cuerpos de seguridad deben operar con reglas claras, respaldo legal, inteligencia eficaz y transparencia. Si el nuevo gobierno no logra retomar el monopolio legítimo de la fuerza y garantizar seguridad, habrá condenado a la Colombia del futuro al miedo perpetuo.
Un tercer frente será reconstruir la confianza ciudadana: confianza en la justicia, en la policía, en la administración pública. Esto implica no solo capturar delincuentes sino asegurar que los procesos avancen con rigor, celeridad y sin impunidad. Que nadie, sea bandido, corrupto o politiquero, esté por encima de la ley. Restaurar el principio de igualdad ante la ley es condición indispensable para sanar las heridas del presente.
Pero no basta con devolver “orden”. Es necesario ofrecer oportunidades reales. Mucha de la violencia se alimenta del desempleo, la marginación y la desesperanza. Una estrategia regeneradora debe combinar seguridad con desarrollo: generación de empleo, apoyo a empresas, fortalecimiento de la economía formal e inversión en zonas vulnerables.
Finalmente, el nuevo gobierno debe condenar con absoluta claridad el discurso de odio, la estigmatización y la polarización. Porque cuando la política divide, insulta o demoniza, promueve la rabia, el resentimiento y la violencia. Colombia necesita reconstrucción civil, institucional y moral.
El 2026 no puede ser otro año de promesas vacías: debe significar un nuevo pacto social; uno donde la ley, la justicia y la dignidad ciudadana prevalezcan. Sólo así podremos aspirar a una nación segura, próspera y con oportunidades para todos.
