El pasado 22 de diciembre, y con el argumento de que el Congreso no le aprobó la onerosa reforma tributaria, el Gobierno decidió decretar la emergencia económica para así (por la vía ejecutiva) recaudar cerca de 16,3 billones de pesos que, según el Ministerio de Hacienda, harían falta para el 2026. Esto lo hace, sospechosamente, precisamente cuando entra a vacancia judicial el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, a quienes les corresponde hacer control político a esta medida.
Lo primero que habría que decir, como enfáticamente lo ha sostenido Bruce Mac Master, Presidente de la ANDI, es que no existen causas para declarar la emergencia económica. Ésta solo se puede decretar cuando existen causas extraordinarias e irresistibles que cambien el panorama económico para el Estado. Ese no es el caso, toda vez que el hundimiento de la reforma en el Congreso hace parte de un trámite normal y obligatorio en el que ese resultado (su negación) es siempre una opción probable.
Además, fue el mismo Gobierno, a partir de una política de gasto descontrolado e irresponsable, sumado a la presentación de un presupuesto absurdamente alto, quien creó tal situación.
Otro elemento importante es que el marco legal que rige a la Ley de Financiamiento obliga al Gobierno a aplazar gasto o recortar presupuesto si ésta no es aprobada; no a decretar emergencias económicas para, por la vía de decretos, implementar una “reforma tributaria” que castigue el bolsillo de los colombianos, como lo pretende hacer el Gobierno, subiendo impuestos como el del 4x1000 (al 5x1000), al consumo de los licores y al patrimonio, por nombrar algunos.
Pero como si esto fuera poco, el Minhacienda decide emitir TES por un monto que supera los 23 billones de pesos, asignados “a dedo” a un solo comprador, a un plazo de 20 años y a una tasa del 13,5%; más del doble de la tasa a la que Colombia y varios países de la región tienen acceso, que ronda el 6%.
Eso, aparte de oler muy mal, plantea la duda de entonces para qué reforma tributaria o declaratoria de emergencia económica si con esa emisión de TES ya estarían solventando la necesidad de recursos que ellos mismos argumentan necesitar para el 2026…
Todo esto lo pagaremos los colombianos después de que este Gobierno, absolutamente irresponsable con el gasto, se haya ido.
Ojalá prospere la tutela interpuesta por el Centro Democrático para frenar la declaratoria de emergencia económica, al menos mientras termina la vacancia judicial y la Corte puede entrar a analizar la burda medida y emitir sentencia.
Mientras tanto, la Contraloría le pidió al Gobierno explicar el porqué de la emisión de esta deuda; pero mejor que ni aclaren, porque oscurecen…
