Cada año, la Gobernación de Santander publica el proceso de contratación del servicio de logística, para el desarrollo de los diferentes eventos de la Administración departamental, el cual históricamente ha sido cuestionado por los altos precios unitarios en varios de sus componentes. El proceso publicado para el 2026, por un valor total $6.200 millones, no es la excepción, con cifras que llaman poderosamente la atención y que merecen un control social riguroso y una revisión por parte de los organismos de control.
Basta revisar algunos ítems para dimensionar el problema. Un desayuno o cena, con componentes básicos como jugo, bebida caliente, proteína y cereal, está estimado en $72.473, mientras que un almuerzo con una proteína puede alcanzar los $110.285 o incluso $199.563 si contiene dos proteínas. Estos valores, en cualquier contexto, superan ampliamente los precios promedio del mercado. Más llamativo aún es el caso del servicio de traducción para reuniones privadas, cuyo valor por hora se fija en $1.715.800, cuando en el mercado especializado este tipo de servicio oscila entre $200.000 y $400.000 por hora, dependiendo del idioma.
Pero si los precios altos ya generan inquietud, los incrementos frente al año anterior resultan aún más difíciles de justificar. Algunos ítems presentan aumentos que superan cualquier lógica económica. Por ejemplo, la distribución de acometidas eléctricas pasa de $59.000 la unidad en 2025 a $270.029 en 2026, lo que representa un incremento del 358%. El alquiler de una mesa tipo bar, que costaba $28.000, ahora asciende a $140.642, con un aumento del 402%. Elementos como rampas protectoras de cables suben un 304%, mientras que centros de mesa con arreglos florales presentan incrementos del 250% pasando de $45.000 en 2025 a $157.550 este año.
Estos datos evidencian una falla estructural en la forma en que se construyen los estudios de mercado, con una marcada ausencia de justificaciones técnicas que soporte el aumento desmedido en tales productos.
Este escenario pone en entredicho el principio de economía en la contratación estatal, que obliga a administrar los recursos públicos de manera eficiente, evitando gastos innecesarios, excesivos o suntuosos, máxime en este departamento que enfrenta grandes necesidades de inversión.
A ello se suma la necesidad de garantizar procesos verdaderamente competitivos y objetivos, pues la competencia real entre oferentes es el mecanismo que permite obtener las mejores ofertas para la entidad pública. Sin embargo, cuando los presupuestos parten de valores alejados del mercado, se distorsiona la competencia y se limita la posibilidad de recibir ofertas que representen un verdadero ahorro para la administración.
Al momento de elaboración de la presente columna, no se ha publicado respuesta a las observaciones ni se ha dado apertura formal al proceso. Estaremos atentos a las respuestas de la administración departamental.
