Las tarifas de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo van a cambiar. Tenemos una nueva metodología de cálculo para Acueducto y Alcantarillado que debe aplicarse desde el 1 de julio, y la de Aseo está próxima a salir. Esa decisión le corresponde a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, cuyos expertos han sido nombrados por el actual presidente, pero no terminan su periodo con él, pues tienen cuatro años fijos desde su nombramiento, es decir, que acompañarán al nuevo gobierno dos o tres años más. El caso es que, al aplicar las nuevas fórmulas con los costos de EMPAS y el amb, nos informan que las tarifas van a subir, en promedio, 22 % y 25 %, respectivamente.
El pago de servicios públicos afecta directamente el presupuesto de las familias y los negocios. Aunque para entender las fórmulas se requiere conocer en detalle el tema, lo cierto es que la nueva norma permite a las empresas de AA incluir todos los costos en que incurren para prestar el servicio y remunerar las inversiones que han realizado. En el caso de amb y EMPAS se afirma que, por haber realizado las obras, pueden incluir esos activos y cobrarlos, lo que explica parcialmente el incremento. También hay exigencias ambientales y de calidad que exigirán nuevas obras.
En teoría, solo pueden trasladarse a tarifa costos eficientes, es decir, que los usuarios no tendríamos que pagar eventuales sobrecostos en obras, errores técnicos o humanos, o gastos suntuarios, porque el regulador, o sea la CRA, establecerá unos factores de eficiencia. El punto es que los factores de eficiencia y los diseños para alcanzar los niveles de calidad que impone esta regulación no han sido expedidos y tampoco conocemos un análisis de impacto del cambio, pues, si bien las fórmulas son las mismas, las condiciones y costos de cada empresa son diferentes. Tanto que empresas reconocidas como EPM han decidido no aplicar este cambio tarifario, pues estiman que antes de septiembre no tendrán los estudios necesarios. También ANDESCO, el gremio que agrupa a las empresas de AA, ha demandado la Resolución CRA 1032 de 2026 y pidió la suspensión provisional mientras se expide la norma completa, se aclaran dudas y se realizan todos los estudios faltantes.
He recibido inquietudes y tengo las propias, que he trasladado a los responsables para entender mejor la situación particular, pero, mientras tanto, si Jaime Andrés Beltrán será el ministro del sector y, como tal, presidirá la CRA, podrá tomar la decisión de seguir adelante o atender la duda razonable que muchos tenemos. Por ahora, los usuarios tendremos que pagar más por un servicio igual o similar al que ya recibimos. ¿O cuál será el beneficio real para el usuario?
