A pesar de que la moral civil, también llamada cívica, se originó en Europa en los siglos XVI y XVII, sus prácticas son poco frecuentes en los países latinoamericanos. Por ello nos llena de regocijo y esperanza la declaración de principios de Ética Pública, elaborada en la reunión del Presidente Santos con su equipo de trabajo, en Anapoima, Cundinamarca.
Publicado por: MARTHA LUCIA FLOREZ NORIEGA
Este tipo de acuerdos son de trascendental importancia para la convivencia, en sociedades pluralistas, en donde los ciudadanos poseen diversidad de creencias y conductas. La moral cívica, expresa la bioeticista española Adela Cortina, es una moral de mínimos, no porque sea de menor importancia, sino porque es el núcleo de valores compartidos por una comunidad que se compromete a garantizarlos a todos sus integrantes.
Al mejor estilo Mockusiano, la declaración de Anapoima establece principios de buen gobierno y comportamiento para los funcionarios públicos, tales como: no tolerancia al tráfico de influencias, toma de decisiones en donde prime el interés general, accionar transparente, respeto por la diferencia, uso adecuado de la información confidencial, sobriedad en el gasto público, no abusar del poder, reconocer los errores, tener disciplina y puntualidad, cero tolerancia a la corrupción y trabajo eficiente, de resultados y con excelencia. Además, fue firmada por todo el gabinete de gobierno y será presentada ante el Congreso de la República para convertirla en un Estatuto Integral de Ética y Moral Pública.
En la administración de nuestro país, esta iniciativa es muy novedosa y podrá tener alcances inimaginables, porque rompería con una cultura de continuas violaciones y atropellos en el manejo de lo público. Las sociedades liberales, modernas y civilizadas, establecen este tipo de mandamientos por consenso ciudadano y se comprometen a respetarlo y hacerlo respetar. Quedamos a la expectativa, primero, para conocer y analizar la iniciativa que será presentada ante el Congreso, y segundo para enterarnos de las estrategias que empleará el gobierno, para verificar su cumplimiento. 'De buenas intenciones está lleno el infierno', dice un refrán popular, y en esto podría terminar la importante propuesta si no se establecen mecanismos de evaluación y control, y si los ciudadanos no estamos atentos y vigilantes.
