Publicado por: Jaime Calderón Herrera
Mientras los médicos en el 2013 , reunidos en la Junta Médica Nacional, preparaban la propuesta de una Ley Estatutaria para la Salud, el ministerio del ramo hacía lo propio con una ley ordinaria que proponía ajustar la ley 100 de 1993 vigente para entonces. (Una ley estatutaria prolonga la Constitución, una ley ordinaria la desarrolla).
Invitados los primeros a la casa de Nariño a conocer la propuesta legislativa del gobierno, estos se disculparon de asistir, a menos que fuesen también oídos en la propia, circunstancia aceptada por el presidente Santos, quien después de ver la presentación argumentada que hiciera Fernando Sánchez Torres, entonces presidente de la Academia Nacional de Medicina y de la Junta Médica, la acogió como propia, la radicó personalmente ante el Senado y le dio mensaje de urgencia. Después del trámite en el Congreso, con el apoyo de los ministros de Salud y Hacienda y la mayoría de la llamada Unidad nacional a la que sumaron otros sectores, y con la oposición del Polo democrático, la ley estatutaria fue aprobada y enviada a control constitucional, mientras la ley ordinaria se hundía.
La Corte Constitucional hizo su trabajo, declarando no ajustado a la Constitución aquello que pudiera ser objeto de interpretaciones en cuanto a la tutela y a la subordinación de un derecho fundamental a la salud, dejando en claro que nada ni nadie en el sector puede argumentar razones económicas para negarse a prestar el servicio que requiera un residente en Colombia.
Luego de un trámite aclaratorio de una mala transcripción en la Corte, el presidente Santos sancionó la ley 1751 de 2014 que permite, entre otras cosas, que los profesionales de la salud, en ejercicio pleno de la autonomía de sus profesiones, brinden a los enfermos lo que necesiten de manera efectiva y segura para su paliación y para su recuperación, dentro de un contexto de auto regulación y del ejercicio del deber de los pacientes de no demandar prestaciones innecesarias.
La ley, hoy vigente, obliga a médicos, aseguradores, hospitales, farmacéuticas y ciudadanos, a adaptarse a la nueva norma y nadie puede pretender que todo siga igual después de su expedición. Sin embargo, la ley por sí sola no produce los cambios mientras la ciudadanía no exija los derechos consagrados en ella.
Un principio de autorregulación es el denominado de justicia, que implica la distribución equitativa de los recursos y el cuidado de los mismos, que ahora son establecidos claramente como públicos, de tal manera que el mal uso de ellos puede derivar en sanciones penales para los responsables.
