Publicado por: Puno Ardila
Apenas está comenzando el año y el cambio de administraciones públicas, y todo parece indicar que funcionarios de la Gobernación de Santander están desde ya gestando movimientos en la estructura organizacional, en contra de lo estipulado por la norma.
El cuento es el siguiente: en el Hospital del Socorro, por vías administrativas legales y formales, hace dos años fue elegido gerente el médico y abogado Fernando Villarreal, cuya gestión en enero pasado fue calificada con un puntaje cercano a 90%. Terminado su periodo, la junta directiva de la entidad, de acuerdo con la norma legal vigente, y por la potestad que esta le concede, pidió al gobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, la reelección de Villarreal, petición que había tenido ya el visto bueno verbal del primer mandatario regional. En la reunión, a la que asistieron Reynaldo Viviescas y Eimar Sánchez como delegados del Gobernador y de Ricardo Flórez, secretario de Salud Departamental, respectivamente, la votación para reelegir a Villarreal tuvo precisamente estos dos votos en contra, y fue justamente Viviescas el que proyectó la carta en que se rechaza la solicitud de reelección, dizque para brindar oportunidades a la meritocracia, como si no hubiese sido la meritocracia precisamente la razón de que este gerente haya sido elegido, y que por tener méritos haya brindado a los socorranos y a la región los mejores frutos en el Hospital del Socorro, y como si no fuera la ley y no las decisiones tomadas a plumazos la que manda oír a la Junta Directiva, a pesar de las "buenas intenciones" de estos funcionarios.
Qué bueno sería pensar que las intenciones son de verdad sanas, de escoger a quien pueda realizar una campaña en el Hospital del Socorro con resultados que garanticen desde ahora un puntaje que no se baje de 90%; pero si el propósito es desbancar a quien ha estado trabajando bien, permítanme decirles, señores funcionarios, que con este tipo de bandazos administrativos no quedan más que malos olores y el ambiente se torna enrarecido.
En administraciones pasadas se tomaron diferentes decisiones, en contra no solo de la norma, sino de la necesaria y mínima lógica, y no hubo recomendación ni crítica que hiciera echar atrás los bandazos gubernamentales. "Lo que se hizo en derecho, si no se deshace en derecho, es vía de hecho", y esto resultará en más desembolsos costosos para la nación, puesto que son hechos demandables, y seremos los contribuyentes nuevamente los afectados.
Ojo: decisiones de esta clase han venido cayendo, y los responsables están cayendo también.
