Lo que se ha visto en Floridablanca es que las fotomultas, lejos de ser una solución, se convirtieron desde el mismo comienzo en un problema más, y no de escasa proporción, tanto para la administración municipal como para la ciudadanía en general

Publicado por: REDACCIÓN EDITORIAL
Hace dos días se llevó a cabo en Floridablanca un Cabildo Abierto en el que se debatió el cúmulo de problemas que, según quienes allí se manifestaron, se han derivado de la aplicación de las fotomultas en ese municipio.
Las quejas de la ciudadanía se enfocaron en lo que consideran la injusta imposición de multas, la manera desequilibrada como se están distribuyendo los ingresos producto de estas, los efectos nocivos que se han ido comprobando en áreas distintas a las del tránsito vehicular, las dudas sobre la constitucionalidad de la figura y, como si faltara algo, los cuestionamientos sobre la legalidad del contrato que las validó.
En pocas palabras, lo que se ha visto en Floridablanca es que las fotomultas, lejos de ser una solución, se convirtieron desde el mismo comienzo en un problema más, y no de escasa proporción, tanto para la administración municipal como para la ciudadanía en general.
Las congestiones permanecen, así como el parqueo en zonas prohibidas y la invasión del carril de Metrolínea es permanente, especialmente por parte de las motos.
En ese Cabildo, además, se puso sobre la mesa un dato que debe preocupar a los florideños que en los últimos años han tratado, con bastante esfuerzo, de hacer empresa allí. Se trata de la denuncia de que las fotomultas han afectado negativamente al 55% del comercio de la ciudad. Sostienen ellos que las fotomultas, aplicadas sin consideración alguna, no pocas veces de manera abusiva e injusta, y la falta absoluta de parqueaderos en el casco urbano con capacidad suficiente para recibir las miles de personas que visitan el municipio los fines de semana, han hecho que los consumidores, especialmente de sus famosos dulces y obleas, no regresen luego de salir multados de su paseo dominical.
Además, mientras la administración de Floridablanca se manifiesta maniatada por una situación heredada, los problemas de movilidad se agudizan, se atropella a la ciudadanía y el famoso contrato se defiende de al menos tres demandas de nulidad, en Bucaramanga parece que corren en gestiones para imponer un formato similar que, como ha sucedido en otras ciudades del país, solo sirve para enturbiar aún más las relaciones entre los usuarios de las vías y sus autoridades, mientras el tránsito empeora y se sirve con dinero de los contribuyentes a empresas privadas que miran al conductor con displicencia y no muestran siquiera un mínimo de compromiso social.











