Este documento se convierte en la guía que marcará el cumplimiento o incumplimiento de la palabra de cada gobernante.
Publicado por: Editorial
Entre las muchas tareas de fondo que tienen que enfrentar los gobiernos que recién comienzan, hay una de vital importancia, aunque el paso de los años, desde la proclamación de la Constitución de 1991 que fue la que creó este sistema de elaboración de los planes de desarrollo de los administradores de la cosa pública, insólitamente le ha ido quitando trascendencia a la definición de este documento que, además de contener los proyectos y programas que propuso cada gobernante en su campaña proselitista, debe surgir no solamente de los escritorios de los funcionarios, sino también de una amplia participación ciudadana.
Estos elementos, programa de gobierno inscrito ante la Registraduría por cada candidato, aporte técnico de expertos en administración pública, elaboración de presupuestos, proyectos etc, más la consideración de las bases de la sociedad, recogidas en sesiones de trabajo con las comunidades, abarcan un panorama amplio y suficiente para que, en el corto plazo de dos meses que la ley establece, se elabore un plan de desarrollo técnico, participativo y viable, que se traduzca en obras y acciones capaces de responder a las necesidades que la sociedad manifiesta y a las realidades que el momento histórico que vivimos, indica.
Es importante que los administradores rehabiliten los mecanismos de participación ciudadana en este proceso de elaboración del Plan de Desarrollo, con toda la fuerza que la misma Constitución y la leyes de la República han querido darle, para que podamos avanzar verdaderamente en la evolución de la democracia representativa hacia la democracia participativa, que es, en mucho, el espíritu que contiene la Carta Fundamental del 91, sobre todo en el caso que se comenta, toda vez que si estos planes de desarrollo se nutren de las aspiraciones ciudadanas, pueden representarlas mucho mejor, y crece, por supuesto, el margen de acierto de los gobernantes.
Pero, además de la importancia capital que tiene la participación ciudadana en la elaboración del Plan de Desarrollo, está el hecho de que este documento se convierte en la guía que marcará el cumplimiento o incumplimiento de la palabra de cada gobernante con sus electores, lo que se concreta en la figura del voto programático, que, aunque ha tenido casi ninguna aplicabilidad en el país, sigue siendo un instrumento constitucional más por el que puede ejercerse esa misma participación en la posible revocatoria del mandato de quien, por negligencia, incompetencia o irresponsabilidad, incumpla la palabra empeñada y el programa con el que se hizo elegir por los ciudadanos.
