La cancelación de la Conectante C1-C2 debe ser un punto de inflexión en el que la clase política santandereana asuma la responsabilidad de sus errores y se comprometa con un futuro donde la negligencia y la falta de transparencia no tengan cabida.
Publicado por: Editorial
Además de una evidencia fehaciente de incompetencia de la clase política santandereana, la terminación anticipada del proyecto de la vía Bucaramanga - Pamplona es una bofetada a la confianza ciudadana, luego de que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) cancelara el contrato de concesión, al reconocer que existía la imposibilidad de ejecutar el Plan de Obras como se había establecido para el proyecto, lo que simplemente dejó al descubierto una cadena de errores y negligencias que no pueden ser ignoradas.
El tramo Conectante C1-C2, crucial para el proyecto, desde el primer momento provocó protestas y movilización de comunidades afectadas por el impacto ambiental de la obra, lo que dejó saber que desde un principio el proyecto fue impuesto por los políticos sin la debida concertación con las comunidades locales, y el resultado de esta actitud arrogante es el que hoy conocemos y deja para la historia la conclusión de que buena parte del fracaso radicó en esta falta de diálogo y transparencia.
Pero, además de la falta de consulta, la licencia ambiental otorgada por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) también estuvo plagada de fallos, pues el Estudio de Impacto Ambiental fue deficiente y por esto, según algunos expertos, la concesión avanzó con un diagnóstico ambiental insuficiente y aprobaciones cuestionables, como el uso de explosivos en zonas donde no se requerían y la construcción de 27 puentes industriales, que aumentaban el daño ambiental en la zona.
La incapacidad para llevar a cabo un proceso de planificación riguroso y transparente se evidencia en cada paso del proyecto, pues la Sociedad Santandereana de Ingenieros, advirtió que desde el inicio se irrespetaron los estudios y planes preexistentes para la movilidad en el área metropolitana de Bucaramanga, como ocurrió con la elección del tramo C1-C2, que se considera precipitada y sin evaluación técnica adecuada, demostrando falta de profesionalismo y un marcado interés por imponer ciertas decisiones.
Es inaceptable que la clase política santandereana continúe actuando con tal nivel de incompetencia y desdén por los procesos inclusivos y transparentes. La terminación anticipada del proyecto no solo representa una pérdida significativa de recursos financieros, sino que profundiza aún más la desconfianza de la ciudadanía en sus dirigentes. Obras de esta envergadura requieren un compromiso genuino con la eficiencia, la inclusión y la transparencia.
La lección que la clase política regional debe aprender es que en la estructuración de futuros proyectos debe contemplar todos los escenarios técnicos, ambientales, financieros y legales con rigor y respeto hacia las comunidades afectadas, pues los santandereanos, más que una clase política que repite sus errores, merecen líderes íntegros, que escuchen y que respondan a las necesidades de la comunidad con soluciones viables y sostenibles.
La cancelación de la Conectante C1-C2 debe ser un punto de inflexión desde el que la clase política santandereana asuma la responsabilidad de sus errores y se comprometa con un futuro donde la negligencia y la falta de transparencia no tengan cabida. Solo así se podrá recuperar la confianza y construir un camino de progreso para los santandereanos.
