Los nuevos alcaldes metropolitanos, respondiendo a una disposición judicial, van a reunirse esta semana para tratar, entre otros, el problema del parrillero en las motos.
Publicado por: Editorial
En 2007, la Alcaldía de Bucaramanga sentó un precedente funesto que, quizás, ha determinado desde entonces la evidente debilidad que muestra la autoridad municipal frente a lo que se ha constituido como el incontrolable bloque de motociclistas piratas que, simplemente, hace lo que quiere, cuando quiere y donde quiere. En ese año, el alcalde de turno anunció su prohibición de que se transportara un segundo pasajero en las motos, en toda la ciudad. El resultado fue el peor posible: los piratas infartaron el tráfico de la ciudad y el alcalde cedió, dejando en ruinas su autoridad frente a este grupo ilegal.
A partir de entonces, varios alcaldes han tratado, con diálogo y sin diálogo, imponer restricciones al tránsito de motocicletas, que las hay en varias ciudades del país desde hace años, pero todos han fracasado frente a las amenazas y las vías de hecho bastante violentas a que acuden los ilegales, que son, claro está, el objetivo claro de las medidas que se quieren instaurar para solucionar, no solamente el cada vez más grave problema de la congestión vehicular, sino también el mucho más trágico, derivado de esta, que es la creciente cifra de accidentes mortales en las vías de la ciudad.
Pero, además de los trancones y los accidentes, la restricción al transporte de pasajero en las motocicletas, en la nueva realidad bumanguesa, tiene una razón aún más compleja y es el uso de esos vehículos para la comisión de toda clase de delitos contra los ciudadanos, que van desde el ya muy lesivo raponazo de celulares y carteras, hasta una ola de sicariato que viene agobiando a la ciudad desde hace varios años y que es el reflejo del crecimiento de las mafias del microtráfico en el área.
Los nuevos alcaldes metropolitanos, respondiendo a una disposición judicial, van a reunirse esta semana para tratar, entre otros, el problema del parrillero en las motos, y lo hacen frente a las amenazas desestabilizadoras de los ilegales, que representan un mercado millonario que se vería seriamente afectado si se toma finalmente la decisión de la prohibición del parrillero, que puede significarle a los municipios conurbados, varias jornadas de convulsión en las calles. La pregunta es si algún día se podrá recuperar la autoridad perdida con los mototaxistas en ese lejano 2007, y si logra hacerse primar la ley y el bien general, sobre el interés leonino y los reclamos injustificados de un grupo que irónicamente lo que defiende es el derecho a ejercer una actividad ilegal.
