Al excongresista santandereano Alirio Villamizar Afanador, quien cumple una condena de nueve años y siete meses por el delito de concusión en La Picota de Bogotá, por participar en el escándalo del ‘carrusel de las notarías’, este viernes le fue concedido un permiso de 72 horas para visitar a su familia.
Publicado por: JAZMÍN RODRÍGUEZ
Este beneficio, conocido jurídicamente como un permiso administrativo, es otorgado por ley y concedido por el Instituto Penitenciario y Carcelario, Inpec, para aquellas personas que hayan cumplido la tercera parte de pena impuesta, como lo consigna el artículo 147 del Código Penitenciario y Carcelario de 1993.
Este artículo consigna que “la Dirección del Instituto Penitenciario y Carcelario podrá conceder permisos con la regularidad que se establecerá al respecto, hasta de 72, para salir del establecimiento, sin vigilancia, a los condenados que reúnan los siguientes requisitos: Estar en la fase de mediana seguridad, haber descontado una tercera parte de la pena impuesta, no tener requerimientos de ninguna autoridad judicial, no registrar fuga ni tentativa de ella, durante el desarrollo del proceso ni la ejecución de la sentencia condenatoria...”.
¿Es legal este permiso?
Teniendo en cuenta que Alirio Villamizar fue condenado en calidad de congresista bajo la Ley 600 del 2000, que es el antiguo código de procedimiento penal, con una quinta parte la condena puede solicitar este permiso administrativo de las 72 horas, en las cuales podrá estar sin vigilancia y deberá informar al juez de ejecución de penas en dónde va a estar.
Villamizar purga su condena de 115 meses (nueve años y siete meses) desde julio de 2010 y a la fecha ya ha pasado los 23 meses, la quinta parte de su condena, por lo que puede pedir este beneficio.
De hecho, esta redacción conoció que la solicitud para este beneficio se había hecho desde el pasado 12 de abril, pero para entonces el Juez de Penas se consideró incompetente, por lo que las diligencias tuvieron que ser resueltas por la Corte Suprema de Justicia para trasladarlo a un nuevo Juez, lo que demoró la aprobación del permiso.
El proceso
El excongresista fue vinculado por el ex superintendente de Notariado y Registro, Manuel Cuello Baute, en el escándalo en el cual congresistas recibieron del Gobierno notarías en varios sitios del país a cambio de su voto a favor de la reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez.
La Corte Suprema de Justicia abrió, a mediados de 2009, investigación penal en contra del entonces senador Villamizar y ordenó su captura, la que se produjo el 2 de septiembre del mismo año, luego de que en un allanamiento magistrados auxiliares encontraran en su casa más de 1.000 millones de pesos en efectivo, que al parecer provenían de actividades licitas.
Luego, en abril de 2011, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal Alirio Villamizar, por el delito de enriquecimiento ilícito, al determinar debería responder por el inesperado incremento en su patrimonio, calculado en $5 mil millones.
Actualmente, Villamizar paga en la cárcel La Picota una condena de nueve años y siete meses por el delito de concusión, por participar en el escándalo del ‘carrusel de las notarías’.
Según la condena, el ex congresista exigió fuertes sumas de dinero a Luz Janeth Rojas Portilla, sobre los ingresos de la Notaría 11 de Bucaramanga, por haberla nombrado en ese cargo.
