La suspensión provisional de la elección de Contralor, el cierre exprés de varios procesos fiscales y las investigaciones que afronta el esposo de la actual contralora encargada son algunas de las irregularidades que salpican a la Contraloría General de Santander en la vigencia 2022.
Publicado por: Redacción Política
Diez días después de que la Sala Quinta del Consejo de Estado suspendiera provisionalmente su elección como Contralor General de Santander para el periodo 2022 – 2025, Fredy Anaya Martínez expidió la Resolución 0718 del 10 de octubre del 2022, mediante la cual modificó el organigrama de la entidad fiscal y nombró a Blanca Luz Clavijo Díaz como nueva Contralora Auxiliar de Santander, en reemplazo de Yenny Katherine Rubio Ortega, (cuota del clan Aguilar).
Además: Suspenden provisionalmente nombramiento de Fredy Anaya como contralor de Santander
Según el manual de funciones de la Contraloría departamental, en caso de una ausencia absoluta por parte del titular de la entidad, será el contralor auxiliar el que supla dicha vacancia hasta tanto el cargo no sea ocupado por alguien más de manera definitiva.
En tal sentido, con la ‘jugadita’ Anaya Martínez se aseguró de que una vez quedara oficializada su salida de la Contraloría, la entidad fiscal quedaría en manos de una de las personas de su confianza y de paso cerró cualquier posibilidad de que los Aguilar lo dejaran sin su único poder político para continuar teniendo vigencia en el departamento.
“Él (Fredy Anaya) ya no regresará al cargo porque sea cual sea el fallo en primera instancia del Tribunal, éste será apelado ante el Consejo de Estado y entre el Tribunal y el Consejo pueden pasar varios meses e incluso años. Por eso, hizo nombrar a Blanca Luz como contralora auxiliar, ya que ella junto a su esposo han sido muy cercanos a él desde hace muchos años atrás y así, con su salida, la Asamblea tiene que nombrar a Blanca como contralora encargada y Fredy puede seguir manejando la Contraloría en cuerpo ajeno”, explicó en su momento el abogado Gerardo Martínez.
De hecho, el cambio en el organigrama de la Contraloría, ante su inminente salida de la dirección, se habría dado de manera consensuada entre el gobernador Aguilar y el excontralor Anaya.
“Fredy y el gobernador Aguilar desayunaron juntos y cuadraron el cambio de Yenny Rocío a la subcontraloría de responsabilidad fiscal y a Blanca la pasaban a contralora auxiliar, así Anaya podía mantener el poder de cara a sus intenciones de recuperar la Empas el año entrante”, afirmaron varias fuentes en la Contraloría.
Esposo bajo la lupa
Pero la llegada de Blanca Luz al frente de la Contraloría, además de prender las alarmas por la falta de independencia frente a su antecesor y socio, Fredy Anaya, también levanta suspicacias sobre cuál será su actuar frente a las más de siete investigaciones fiscales que la propia entidad que ella dirige tiene aperturadas en contra de su esposo, José Alberto Rodríguez Montaña, exalcalde de Rionegro, Santander.
Según pudo conocer esta redacción, Rodríguez Montaña afronta ocho procesos de responsabilidad fiscal por presuntas irregularidades cuando fungió como alcalde de Rionegro, de los cuales, uno fue archivado en 2020 (bajo la administración de Carlos Fernando Pérez) por cesación fiscal, mientras que los siete restantes continúan vigentes en etapa probatoria. Es decir, será su esposa la que defina qué suceda con esas investigaciones en contra del exalcalde de Rionegro.
Esta redacción intentó comunicarse con la Contralora departamental (e), pero no fue posible la establecer contacto.
Lea también: La puja por la Contraloría de Santander tras fallo que tumbó elección de Fredy Anaya
Cierre de procesos
Aunque Fredy Anaya estuvo al frente de la Contraloría departamental tan solo diez meses, este tiempo fue suficiente para que en su administración se cerraran varios de los casos de corrupción más llamativos de los últimos años en el departamento.
Es así como de los quince procesos de responsabilidad fiscal que adelantaba la Contraloría en contra de Camilo Iván Rincón León, exdirector del Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander, Indersantander, en la administración del exgobernador Richard Alfonso Aguilar (hermano del actual gobernador, Mauricio Aguilar) e inmerso en el escándalo de corrupción por las irregularidades en los Juegos Nacionales del 2015 por más de $2 mil millones, trece de las investigaciones fueron archivadas y confirmadas en segunda instancia entre la administración de Anaya Martínez, y la del excontralor, Carlos Fernando Pérez, también ficha del gobernador, Mauricio Aguilar.
Un fallo más se emitió, pero sin responsabilidad fiscal, en contra del exfuncionario, también confirmado en grado de consulta, y el último fallo también sin responsabilidad fiscal en contra de Rincón aguarda por su ratificación en grado de consulta.
¿Nómina paralela?
Otra de las irregularidades que salpican a la administración de Fredy Anaya al frente de la Contraloría departamental de Santander tiene que ver con la supuesta nómina paralela que manejaba en el interior de la entidad.
Tal es el caso de Tatiana Masmela, una abogada que a pesar de no estar en la nómina de la Contraloría de Santander sí estaría realizando trabajos de auditorías y formulación de hallazgos para la entidad fiscal, tal y como ella misma lo publicó en su cuenta de Twitter.
Así quedó en evidencia en uno de sus trinos publicados el pasado 4 de octubre en el que se ve la pantalla de su computador y se lee que adelanta “un proceso de responsabilidad fiscal en contra de funcionarios y particulares, por presuntas irregularidades en un contrato ejecutado en el 2015 en el municipio de Gambita, Santander”, municipio que es auditado por la Contraloría General de Santander.
En otras de sus publicaciones, la abogada señala que trabaja en la CGS sin etiquetar a la entidad, pero sí pone como lugar de emisión del trino la Gobernación de Santander, donde quedan las oficinas de la Contraloría.
La normatividad colombiana señala que las contralorías departamentales solo pueden operar con la nómina de funcionarios adscrita a la entidad o de libre remoción y nombramiento, pero no puede contratar personal por prestación de servicios como sí ocurre con las contralorías municipales.
La Contraloría departamental informó que desde el pasado mes de enero, con la llegada de Fredy Anaya a dirigir la entidad, hasta la fecha, la señora Tatiana Masmela no ha tenido ningún vínculo con la Contraloría.
Varias fuentes le confirmaron a esta redacción que a pesar de no estar vinculada formalmente, Tatiana Masmela trabajaba para la Contraloría por orden de Fredy Anaya. Incluso tenía su puesto propio en las oficinas del ente de control fiscal que están ubicadas al interior de la Gobernación.
Esta redacción quiso hablar con Tatina Masmela, pero no hubo respuesta de la abogada.
Le puede interesar: La ‘jugadita’ de Fredy Anaya antes de abandonar la Contraloría departamental de Santander
En 2018, la Contraloría departamental anunció haber encontrado 14 hallazgos disciplinarios, 3 penales, 6 fiscales y 16 administrativos por las irregularidades en el contrato 3083 de 2013, (administración de Richard Aguilar, hermano del gobernador Mauricio Aguilar), conocido como ‘Banco de Maquinarias’, por valor superior a los $54 mil millones.
Según informó en su momento la Contraloría departamental, en la auditoría especial de la entidad, solo los seis hallazgos fiscales causaron un daño patrimonial al erario por $5.064 millones.
El presupuesto inicial del contrato de obra 3083 era por $37.370 millones con la Unión Temporal Equipos y Mantenimiento vial de Santander, firmado el 17 de abril de 2013, con el fin de prevenir y atender emergencias y hacer el mantenimiento periódico de la malla vial incluyendo la adquisición de equipos, operación, transporte, administración y mantenimiento de los mismo.
El informe señalaba que el 80% del presupuesto se utilizó en la adquisición de los bienes y el restante 20% se designaría para las obras y el mantenimiento.
No obstante, dicho contrato tuvo cinco adicionales, cuatro en valor y una en tiempo, para un costo total de $54.587 millones.
A pesar de los hallazgos de la auditoría fiscal, tan solo unos meses después, en enero del 2019, la propia subcontraloría de Responsabilidad fiscal ordenó el archivo del proceso, decisión que fue confirmada en grado de consulta en febrero del 2019 por el entonces contralor departamental, Diego Fran Ariza, cuota del exgobernador, Didier Tavera.
