La contratación en la UIS se suma a los múltiples cuestionamientos que enfrenta Juliana Guerrero, incluyendo la imputación de cargos por presunta falsedad en títulos académicos.
Publicado por: Redacción Política
La Contraloría General de Santander publicó un informe tras identificar irregularidades en dos contratos suscritos entre la Universidad Industrial de Santander (UIS) y Juliana Guerrero durante 2023 y 2024.
Los contratos en cuestión, identificados como el 306-2023 y el 113-2024, se enmarcaron dentro de un convenio interadministrativo entre la UIS y el Ministerio del Interior, cuyo propósito era brindar apoyo técnico y operativo al Sistema Nacional de Convivencia para la Vida, un programa orientado al fortalecimiento de la convivencia ciudadana y la prevención de conflictos.
Tras una auditoría detallada, el ente de control fiscal encontró deficiencias en la planeación, ejecución, supervisión y documentación de estos acuerdos. Hasta el momento, ni la UIS ni Juliana Guerrero han emitido un pronunciamiento oficial respecto al contenido del informe. Lea también: Lista la fecha de imputación de cargos contra Juliana Guerrero, tras escándalo por supuestos títulos falsos
Las irregularidades detectadas por la Contraloría General
Entre las principales fallas se destacan debilidades en la definición del perfil requerido. La Contraloría advirtió que en el proceso de contratación se habrían usado términos que favorecerían a Juliana Guerrero. Por ejemplo, se utilizó la expresión «persona natural y/o profesional», la cual fue calificada por los auditores como ambigua, ya que no precisa las competencias técnicas necesarias para el cargo.
“Verificado el estudio de conveniencia y oportunidad, aportado por el ente de control “UIS” y publicado en la plataforma transaccional SECOP II, se evidenció que el mismo no definió de manera clara y precisa el perfil exigido para el contratista, particularmente en cuanto a los requisitos de formación, experiencia y competencias específicas. No obstante, en el contenido del estudio previo se afirma que la persona contratada cuenta con las conocimientos, habilidades y requisitos necesarios para la ejecución del objeto contractual, sin que dicha conclusión se encuentre debidamente sustentada en criterios objetivos previamente establecidos”, señala informe.
“Esta situación limita la trazabilidad y la verificación objetiva del cumplimiento del principio de planeación, así como la debida motivación de la selección del contratista, aun tratándose de un proceso de contratación directa”, agrega el documento.
Igualmente, el ente de control advierte sobre la insuficiente supervisión de la ejecución contractual y la falta de documentación completa que permita verificar el cumplimiento total de las obligaciones. Es decir, no habría evidencias claras que demuestren que Guerrero haya dado cumplimiento a las actividades tal y como se estipularon.
En la auditoría, la Contraloría subraya que, aunque los supervisores Luis Eugenio Prada y Diego Fernando Jaimes certificaron el cumplimiento de actividades, no se hallaron evidencias como los entregables o soportes específicos que el contrato exigía explícitamente para respaldar la labor. Incluso, se indica que los informes presentados por Guerrero se presentaron de forma general, sin especificar las tareas realizadas puntualmente.
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Hallazgo fiscal en la indagación de la Contraloría
Como resultado, la Contraloría estableció cinco hallazgos administrativos, dos disciplinarios y uno fiscal por un valor de $2.000.000, distribuidos en $1.500.000 para el contrato 306-2023 y $500.000 para el 113-2024. Los presuntos responsables incluyen tanto a los supervisores como a la contratista Juliana Guerrero.
Estos hallazgos fueron dirigidos a los responsables de la supervisión contractual y a las dependencias encargadas del control del convenio interadministrativo en la UIS, con el fin de adelantar planes de mejoramiento institucional.
La Contraloría de Santander enfatizó la importancia de fortalecer los mecanismos de control en la contratación pública para garantizar transparencia y el adecuado uso de los recursos.
Polémicas de Juliana Guerrero
Este informe se suma a la creciente polémica en torno a Juliana Guerrero, quien ha enfrentado cuestionamientos por otros temas relacionados con su trayectoria profesional y académica. Su figura ha estado en el centro de múltiples controversias, convirtiéndola en uno de los casos más mediáticos vinculados al gobierno de Gustavo Petro.
Todo comenzó en 2025, cuando Guerrero fue designada como candidata a viceministra de Juventud en el Ministerio de la Igualdad. La nominación desató denuncias lideradas por la congresista Jennifer Pedraza, quien cuestionó la validez de sus títulos académicos obtenidos en la Fundación Universitaria San José. Se reveló que Guerrero no habría presentado el examen Saber Pro, requisito obligatorio para graduarse, antes de recibir sus diplomas, y que posiblemente nunca cursó formalmente los programas. Le puede interesar: “Prueba reina”: facturas de la DIAN sacuden el caso Juliana Guerrero
Investigaciones posteriores mostraron pagos de matrícula y derechos de grado realizados después de la supuesta fecha de graduación, lo que generó acusaciones de irregularidades graves en la expedición de títulos.
La Fiscalía General de la Nación avanzó y en febrero de 2026 imputará cargos a Juliana Guerrero y al exsecretario general de la Fundación San José, Luis Carlos Gutiérrez, por delitos como fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. El ente acusador solicita prisión domiciliaria como medida de aseguramiento, argumentando riesgo de obstrucción a la justicia. Este caso se enmarca en un escándalo más amplio de posibles títulos irregulares entregados por la San José a funcionarios y contratistas del gobierno.
Paralelamente, surgieron más cuestionamientos por otros episodios que han alimentado la controversia, como denuncias sobre el uso de recursos públicos en viajes, incluyendo helicópteros y aeronaves de la Policía, al igual que su designación en cargos como el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, pese a los procesos judiciales en curso.
