Con el respaldo a la ponencia negativa y solicitud de archivo por parte de nueve de 14 senadores, la iniciativa del gobierno Petro parece tener nulas posibilidades y estar ‘desahuciada’. La ponencia alternativa del senador Díaz tampoco logra convencer.
Publicado por: Redacción Política
A pesar de que la reforma a la salud, una de las iniciativas bandera del gobierno del presidente Gustavo Petro, está virtualmente hundida, aún debe darse el trámite en la Comisión Séptima del Senado, donde entraría esta semana a su tercer debate con sus horas contadas, de acuerdo a la aplastante oposición que se conformó con un bloque de nueve parlamentarios que pidieron su archivo.
Justamente los ocho senadores que el pasado 12 de marzo firmaron la ponencia negativa y pidieron su hundimiento: Nadia Blel, Miguel Ángel Pinto, José Alfredo Marín, Lorena Ríos, Norma Hurtado, Berenice Bedoya, Honorio Henríquez y Alirio Barrera, y posteriormente la congresista del Mira, Ana Paula Agudelo, han venido exigiendo a la presidenta de la Comisión, Matha Peralta (Pacto Histórico), que cite el debate para decidir de una vez.
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En medio de todo este ambiente de férrea oposición, el pasado 25 de marzo (lunes de Semana Santa) el senador Fabián Díaz (Partido Verde) radicó una ponencia alternativa de la reforma a la salud, lo que muchos, comenzando por varios de sus compañeros en la Comisión Séptima, han calificado como un ‘salvavidas’ que el congresista le está lanzando al proyecto y al Ejecutivo.
Finalmente, después de la presión dentro de la misma Comisión, la presidenta Martha Peralta citó para este martes 2 de abril a los 14 senadores para sesionar, sin embargo, Vanguardia conoció que dentro del orden del día están inicialmente otros temas y no precisamente el de la reforma a la salud.
“Tenemos entendido que se abordarán proyectos que están en trámite, relacionados con menores de edad, vivienda, deporte y cotización de pensiones para trabajadores del sector salud, pero no están en el orden del día los debates sobre las ponencias de la reforma a la salud”, señaló una fuente dentro de la célula legislativa.
La demora de la presidencia de la Comisión Séptima para definir el futuro de la reforma a la salud ha sido interpretada como una estrategia para darle ‘oxígeno’ a las gestiones que adelanta el gobierno para salvar su iniciativa e incluso para darle tiempo y forma a la ponencia alternativa presentada por el senador Díaz.
Algunos analistas, como Aurelio Suárez, han alertado que lo que estaría buscando el Gobierno es evitar a toda costa el archivo de la reforma y que salga adelante en el Senado, incluso con modificaciones que no están en la propuesta inicial, y jugársela al final del trámite por consolidar el texto que fue aprobado en la Cámara e Representantes, en la conciliación de los textos.
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Impacto fiscal de la reforma
Uno de los puntos que más ha generado dudas y preocupaciones en el proyecto de reforma a la salud tal como lo plantea el gobierno y fue aprobado en la Cámara de Representantes es el impacto fiscal que tendría su implementación.
El exministro de Salud, Alejandro Gaviria, exministro de Educación de Petro, compartió recientemente su análisis sobre este particular:
“Hay que decir que el documento del Ministerio de Hacienda no es un aval fiscal. Las cifras sobre el costo del nuevo sistema de información parecen subestimar las inversiones necesarias. Estas estimaciones deberían, además, estar revisadas y avaladas por el Departamento Nacional de Planeación o un grupo de expertos en el tema. No lo están”. asegura.
También señala que “anticipo un riesgo grande de desfinanciamiento de los medicamentos y procedimientos para la atención de pacientes crónicos. Habida cuenta del costo significativo de los centros de atención primaria, los equipos territoriales, la infraestructura pública y otros gastos adicionales, todo en un contexto de estrechez presupuestal”.
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La ponencia alternativa de Díaz
El senador Fabián Díaz, de la Alianza Verde, explicó en entrevista con el periódico El Colombiano, algunos detalles de su ponencia. Dice que ‘lo fácil’ sería archivar la reforma y que no hubiese cambios al sistema, y defiende que, aunque el Gobierno hizo modificaciones, la esencia de su ponencia se mantiene.
Sin embargo, hay quienes alertan que ese documento –que no es más que el punto de partida académico para arrancar el debate y en el que el responsable concluye si se hunde o avanza una iniciativa–, podría terminar siendo un ‘Caballo de Troya’.
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¿Usted había esbozado varios puntos de esta ponencia alternativa. Sin embargo, se sentó con el Gobierno y otros sectores, y se acordaron cambios. ¿Qué se modificó?
Siempre insistimos en buscar caminos de consenso y diálogo, que todos pudiéramos ceder. Por ello se radicó la ponencia y se mantiene la potestad de adscripción (afiliación) que tienen las EPS en el sistema de salud.
También consagramos que hagan la transición para ser Gestoras de Salud, pero primero se debe aprobar un plan de saneamiento de cartera para no tener inconvenientes con los pasivos que podrían dejar. Además, se les da la posibilidad –y fue una solicitud de las mismas EPS–, de poder constituirse como persona jurídica una vez se disuelvan”.
¿En su ponencia original se establecía que el tiempo para que una EPS hiciera el tránsito a Gestora de Salud era de cinco años y no de dos, como pedía el Gobierno. ¿Eso se mantiene?
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Habíamos propuesto una transición de cinco años, pero atendiendo los últimos diálogos, se dan dos años. Sin embargo, se les dará la posibilidad de iniciar inmediatamente en el sistema de salud con ese rol como Gestoras. Esa fue una solicitud que se estaba haciendo de forma reiterada por parte de las EPS: el querer inmediatamente participar en el nuevo sistema, también pudiendo capitalizarse y buscando otros inversionistas.
¿Qué rol cumplirían estas Gestoras de Salud según los términos de su ponencia?
Se les da la posibilidad de continuar siendo las responsables de la adscripción (afiliación) de los pacientes. Es un trabajo que ya han hecho, tienen experiencia y conocimiento. Eso nos permite hacer un manejo de la gestión del riesgo en salud que, si bien será compartida con los CAPS (Centros de Atención Primaria en Salud), también tendrán responsabilidad cuando un paciente necesite atención más avanzada”.
¿Qué tanto habló con el Gobierno?, ¿qué le dijeron desde el Ejecutivo frente a su ponencia?
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Mi ponencia es alternativa y se aleja de la ponencia de Gobierno. Ellos en algunos puntos guardaron recelo sobre modificaciones que planteamos. Una de ellas –la principal– es el mantener la libertad a los ciudadanos de elegir dónde quieren ser atendidos. Ellos querían que ese punto continuara como radicaron: que las personas, de forma obligatoria, sean atendidas en el punto de salud más cercano.
¿Qué otro punto quiso cambiar el Gobierno y se mantuvo?
Querían mantener el avance de recursos por medio de la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) a la red pública y privada –es decir, a hospitales e IPS–, con un 85 % de anticipos, reservándose el 15 % y haciendo una auditoría del 20 % aleatoria. Lo cambiamos radicalmente. Se amplió el plazo de pago a 45 días (un punto medio), pero este pago debe hacerse 100 % auditado. Lo que no puede ocurrir es que se giren dineros que posteriormente terminen involucrados en hechos de corrupción. Hoy en día los pagos se hacen a 180 días o más (si es que los hacen porque se terminan acumulando pasivos).
Usted le ha trabajado mucho a esta ponencia, pero en varias oportunidades ha dicho que no le ve chances de que se apruebe, entonces ¿por qué invertirle tanto tiempo?
Ningún trabajo se pierde. Este esfuerzo –si es que efectivamente se termina archivando la reforma la salud–, puede ser un punto de partida de un nuevo consenso, de poder buscar las diferentes partes y radicar una nueva propuesta. Si no es esta, tenemos que hacer una propuesta para hacer cambios porque el sistema de salud actual los necesita.
Ahora, en un escenario más optimista, ¿cómo hacer que este esfuerzo a través de su ponencia no termine instrumentalizado o manoseado por los intereses del Gobierno?
Justamente la garantía es que nosotros, al radicar, pese a que querían que cambiáramos unas posturas, nos mantuvimos. Hay que tener presente que somos una rama del poder público diferente al Gobierno. Ellos proponen, pero el Congreso dispone. Hoy en día, si sumamos quienes radican la ponencia de archivo y quienes estamos solicitando un diálogo con la ponencia alternativa, tendríamos mayorías para modificar esto y mucho más de cualquier iniciativa.
