Los rastros de Emilio Tapia y los Nule en millonario contrato de la Ungrd en, Oiba, Santander

Siguiendo una estrategia similar a la que se implementó con el contrato de Centro Poblados, camuflando sus empresas con otras firmas: Emilio Tapias, los Nule y los Castillo Baute se habrían logrado quedar con el millonario convenio suscrito por la Ungrd para obras de mitigación en Oiba, en vísperas de las elecciones regionales, y que terminó siendo usado presuntamente para favorecer los intereses electorales de John Abiud Ramírez en ese municipio. Además: Unidad Investigativa: Los millonarios contratos de la Ungrd que salpican a John Abiud Ramírez Aunque el contrato 9677 de 2023 por $42.111 millones de la Ungrd le fue adjudicado al Consorcio Prosperidad Oiba, que sobre el papel está integrado por las firmas: Inversiones CCO SAS con el 80 %, el Grupo Constructores Antioqueños SAS, 10 %; y Búnker construcciones SAS, con el 10 % de participación, en realidad dos de estas empresas les pertenecen a los controvertidos contratistas. Miguel Eduardo Otálora, representante legal del Consorcio Prosperidad Oiba, habló con Vanguardia y desestimó las denuncias. Además, aseguró que no hubo irregularidades en la adjudicación del contrato 9677 de 2023 de la Ungrd. El millonario contrato de Centro Poblados, cuestionado a nivel nacional, se habría adjudicado a partir de empresas de Emilio Tapia que al parecer fueron camufladas entre otras firmas y representantes. Este reconocido contratista, condenado por múltiples hechos de corrupción, habría logrado apoderarse del millonario contrato de la Ungrd en Oiba con una estrategia similar. En esta oportunidad la empresa elegida para el entramado empresarial fue la firma Búnker Construcciones SAS, empresa representada legalmente por Juan Sebastián Pérez Benítez y que fue constituida el 19 de febrero del 2021, por la firma Intec de la Costa SAS como propietaria del 100 % de las acciones. Intec de la Costa SAS es una de las firmas que usó Emilio Tapias para tercerizar la contratación de los Centros Poblados en el fallido convenio con el Ministerio de las TIC, por más de $1 billón y que tuvo un anticipo de $70 mil millones. De hecho, a finales del 2021, cuando ‘estalló’ el escándalo, la Superintendencia de Sociedades impuso sanciones que superan los $2.940 millones sobre las sociedades ICM Ingenieros SAS, Intec de la Costa SAS y Omega Buildings Constructora SAS, que formaban parte de la Unión Temporal Centros Poblados 2020. Las tres firmas pertenecían indirectamente al condenado empresario Emilio Tapia. Para la muestra, uno de los socios actuales de Intec de la Costa SAS es José Fernando Lorduy Fernández, cuñado de Emilio Tapia. Años atrás, el condenado empresario, quien hoy se encuentra privado de la libertad, sostuvo una relación romántica con Carolina Lorduy Fernández (hermana de José Fernando Lorduy). De dicha relación nació un hijo. Además, en 2016 Lastor Inversiones del Caribe SAS adquirió el 50 % de la propiedad de Intec de la Costa SAS, firma del empresario de Bolívar Ottomar Lascarro Torres, otro reconocido socio de Tapia. Tatiana Lascarro Torres, hermana de Ottomar, fue representante legal de empresas socias de Intec de la Costa en otros procesos de contratación. Si bien en papeles la dueña de Lastor Inversiones del Caribe es Antonella Lascarro, por tratarse de una menor de edad, la empresa es dirigida por su padre, Ottomar Lascarro. Según El Tiempo, del anticipo de $70 mil millones que se le dio a Centros Poblados, Tapia ordenó girarle 130 mil dólares a OLT Logistics LLC. Corp., empresa de Ottomar Lascarro. Lastor Inversiones también tiene sucursal en Montería, bajo el nombre de Baltimore Construcciones SAS. Lea también: Político santandereano sería el cerebro detrás del millonario escándalo de carrotanques en La Guajira Pero las presuntas irregularidades no pararon ahí, una vez comenzaron las sanciones económicas por el escándalo de Centro Poblados en 2021, inmediatamente Intec de la Costa SAS le transfirió todas sus acciones de Búnker Construcciones a la firma Constructora Genesab SAS, que desde el 2019 está en proceso de liquidación. La Constructora Genesab SAS, que hasta el cierre esta edición es la dueña de la mayoría accionaria de Búnker Construcciones, fue constituida por unos hacendados y ganaderos de Cereté, Córdoba, la familia Assis Burgos. Uno de sus socios fundadores es el ganadero de la región caribeña Antonio Miguel Assis Burgos, suegro del gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez. Antonio Miguel Assis, quien fue socio de Genesab hasta 2016, protagonizó varios escándalos de corrupción a través de presuntos ‘volteos de tierras’ en el departamento de Boyacá, durante el primer periodo de su yerno, Carlos Amaya, como gobernador de ese mismo departamento, tal y como lo denunció a finales del año pasado el periodista y columnista Yohir Akerman. Sin embargo, la relación Amaya con la Ungrd no se limita únicamente a este contrato. Cabe recordar que el gobernador Amaya es el padrino político de Sandra Ortiz, quien hasta hace unas semanas estaba en el gabinete Petro y fue una de las principales salpicadas en la Ungrd. Ortiz renunció luego de que el político santandereano, Sneyder Pinilla, denunciara ante la Fiscalía que la exasesora de despacho fue la intermediaria para llevarle $3 mil millones de coimas de la Ungrd al presidente del Senado, Iván Name, también senador de la Alianza Verde como Amaya. A pesar de esto, Tapia no perdió su injerencia en Búnker Construcciones. En la empresa también existen otros socios minoritarios como: Diazgracon SAS, de Régulo Antonio Diazgranados Grupo empresarial Dicon, de Germán Darío Sierra e Inmaq SAS Marco Tulio Uribe Carriazo, todos investigados por irregularidades contractuales y presuntos socios de Tapia. Le puede interesa: Los contratistas santandereanos ‘bendecidos’ por Sneyder Pinilla en la Ungrd Otro de los cuestionados integrantes del Consorcio Prosperidad Oiba tiene que ver con un grupo empresarial antioqueño que, a pesar de estar inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín, en realidad es propiedad de varios empresarios de la costa caribe colombiana. En este caso, al parecer implementaron la misma estrategia de Tapia de ocultamiento empresarial. Es así como la firma Grupo Constructores Antioqueños no fue constituida por personas naturales, sino por otras empresas que tienen el total de su propiedad accionaria y que nada tienen que ver con Antioquia. Según el registro mercantil Grupo Constructores Antioqueños fue constituida en septiembre del 2021 por la firma cartagenera Arodriguez Construcciones SAS, investigada por millonarios contratos en Cartagena para supuestamente construir “vías inútiles”, así como la empresa bogotana Inversiones Grandes Vías e Ingeniería SAS. Esta organización, si bien fue constituida en Bogotá, es propiedad de los hermanos Miguel Camilo y David Ricardo Castillo Baute, reconocidos contratistas de la costa atlántica y el país, gracias a sus alianzas con cuestionados clanes como los Nule. Sin embargo, antes de pasar a manos de los hermanos Castillo Baute, Inversiones Grandes Vías e Ingeniería tuvo como socio a Juan Carlos Aldana Aldana, primo de Emilio Tapia, también procesado por el escándalo de Centros Poblados. La relación entre los Nule y los Castillo Baute se remonta al 2009, cuando conformaron el Consorcio Chicó 2009 para la construcción de dos casas militares para el comandante y el subcomandante de la Fuerza Aérea Colombiana, FAC, por valor de $4 mil millones. El contrato inicialmente le fue otorgado a Tecniciviles, (empresa relacionada por la Fiscalía como propiedad de los hermanos Nule), a través de una invitación directa, es decir, sin licitación pública concedida por el mayor general para la época, Clímaco Solórzano. Posteriormente los Nule se asociaron con Grandes Vías e Ingeniería, de los hermanos Castillo Baute; ABS Materiales y Servicios, propiedad de Gustavo Adolfo Barajas Martínez; y Leonardo Silva Sarquez, para formar el Consorcio Chicó 2009. Según El Tiempo, el anticipo del contrato para las casas fiscales de las FAC fue a parar a la fallida obra de la calle 26 de Bogotá, emblema del ‘Carrusel de la Contratación’ en la capital colombiana, que apenas afloraba y que culminó con los hermanos Nule condenados. Gustavo Barajas y Leonardo Silva, también integrantes del Consorcio Chicó 2009, no son desconocidos en la política de Santander y, particularmente, en el municipio de Girón. De hecho, a lo largo de los años se consolidaron como uno de los principales contratistas de ese municipio desde la llegada de John Abiud Ramírez al poder en 2015. Como lo expuso la Unidad Investigativa de Vanguardia en la entrega anterior, Ramírez, director administrativo de la Cámara de Representantes, terminó siendo el principal beneficiario electoral con el contrato de $42 mil millones que la Ungrd suscribió para atender la “calamidad” en Oiba, Santander, tan solo un mes antes de las elecciones locales del año pasado. Lea además: Unidad Investigativa Los socios detrás de un milagro llamado Botadero El Parque en Girón La injerencia de Gustavo Barajas en la administración de Girón es tal que incluso en las publicaciones que hizo la exalcaldesa de esa población, Yulia Rodríguez (exesposa de John Abiud Ramírez), verificando junto a Sneyder Pinilla y Olmedo López una de las seis obras contratadas por la Ungrd por más de $400 mil millones en plena época electoral, la exalcaldesa aparece acompañada de Carlos Andrés Barajas Martínez, hermano de Gustavo Barajas. Según los registros mercantiles, en 2019 la empresa ABS Materiales y Servicios, con la cual Gustavo Barajas se consorció con los Nule y los Castillo Baute, entró en liquidación y fue absorbida por Molek Ingeniería y Diseño SAS, propiedad precisamente de Carlos Andrés Barajas, su hermano. Gustavo Barajas y Leonardo Silva también son socios del excontralor departamental Fredy Antonio Anaya y de su amigo y socio Miller Castaño, en un negocio en donde lograron convertir un lote que servía de botadero de escombros, avaluado en $130 millones, en un proyecto habitacional de más de $48 mil millones en Girón, Santander, fortín político de John Abiud Ramírez desde el 2015. Miller Castaño es uno de los socios del Consorcio RCG, que se adjudicó el año pasado un contrato por $130 mil millones suscrito por la Ungrd con el guiño de Sneyder Pinilla para atender la emergencia en el sector de Caregato, en La Mojana, Bolívar. Se trata de obras que ya colapsaron y hoy están siendo investigadas por las autoridades. A través de una nota de voz, Miguel Eduardo Otálora, representante legal del Consorcio Prosperidad Oiba, defendió la transparencia del proceso a través del cual la entidad que él representa se adjudicó el millonario contrato con la Unrgd. De la misma manera, Otálora dijo que hasta el cierre de este artículo el consorcio no había recibido recursos por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, por lo que las obras hasta ahora ejecutadas para la mitigación del riesgo en Oiba han corrido por cuenta del contratista. “El consorcio está conformado por empresas de construcción, la empresa más importante tiene 18 años de constituida aquí en Bogotá. Nosotros recibimos una invitación de la Ungrd, participamos y ganamos. Todo lo que se ha hecho en esa obra de movilización, cantero, todo eso, se ha hecho con recursos propios. Hasta el día de hoy no hemos recibido ni anticipo, ni pago adelantado, nada por parte de la unidad. Todo lo que se ha hecho ha sido con recursos de los consorciados, debido a que se firmó el acta de inicio y contractualmente teníamos que comenzar”, explicó Otálora. Sin embargo, al ser cuestionado por esta redacción sobre la injerencia de Emilio Tapias, los Nule y los Castillo Baute en el consorcio, el representante legal de Prosperidad Oiba no volvió a responder. Al cierre de esta edición Otálora no ha vuelto a responder los mensajes de la Unidad Investigativa de Vanguardia. Lea también: Unidad Investigativa La conexión de Emilio Tapia con el contrato del Anillo Vial Externo La presencia de los hermanos Nule y Emilio Tapia en Santander no es nueva. Por el contrario, solo en la administración del exgobernador Mauricio Aguilar (2020 -2023), los polémicos empresarios, condenados por diferentes actos de corrupción, lograron la adjudiación de cerca de $600 mil millones en contratos. El primero de ellos (4316863) fue suscrito por el exsecretario de Infraestructura, Jaime René Rodríguez, con el Consorcio Constructor GM Santander, integrado por las firmas: Global Designs and Buildings SAS Zomac, Harinsa Navasfalt Infraestructura SAS y Constructora Manor SAS, para la construcción del corredor vial Barichara - Zapatoca, por valor de $143.941 millones y un plazo de ejecución de 84 meses (siete años). Como se recordará, Global Designs and Buildings SAS Zomac, que tiene el 85 % de la participación accionaria en el Consorcio GM Santander, es una empresa propiedad de Emilio Tapias. Incluso comparten socios con Intec de la Costa SAS, empresa que actualmente hace parte del Consorcio Prosperidad Oiba de la Ungrd. Precisamente, uno de los socios de Global Designs and Buildings SAS es Juan Carlos Aldana, implicado en el ‘Carrusel de la Contratación’ durante la alcaldía de Samuel Moreno Rojas en Bogotá. Según la investigación de Yohir Akerman, la empresa llamada Odeka SAS, que tiene el 2 % de las acciones de Global Designs And Buildings Sas Zomac, antes tenía como razón social Suárez y Silva Ltda, y aparentemente le pertenece realmente a Aldana, quien además es primo de Emilio Tapia. Situación similar ocurre con Harinsa Navasfalt Construcciones, empresa que cuenta con el 5 % de participación en el consorcio. Vanguardia pudo confirmar que tras la orden de liquidación de empresas como ICM Ingenieros SAS y Omega Buildings Constructora SAS, por el escándalo de Centros Poblados, Emilio Tapia, a través de ICM Ingenieros, autorizó la cesión de la participación correspondiente al 25 % como integrante del Consorcio San Sebastián 064, a favor de Harinsa Navasfalt Construcciones SAS, así como los derechos y obligaciones que les corresponden en el contrato. Del mismo modo, a finales del 2022, la administración Aguilar suscribió el contrato 4316864 de 2022 con el Consorcio Conexiones Viales Santander, integrado por Constructora Montemariana SAS Zomac, Construmas de la Costa SAS, Constructora San Marino SAS y Lena Engenharia e Construcoes SA Sucursal Colombia, para la construcción del corredor vial San Gil - Mogotes - San Joaquín - Onzaga, por valor de $88.323 millones y un plazo de ejecución de 60 meses (5 años). Constructora Montemariana, que tiene el 50 % de participación del consorcio, tendría como socio a la firma IGV Infraestructura, que anteriormente tenía como nombre comercial Grandes Vías e Ingeniería, de los hermanos Castillo Baute, socios de los Nule. Pero sin duda, el mayor contrato de Emilio Tapia con el gobierno Aguilar fue la adjudicación del Anillo Vial Externo Metropolitano, una obra que costará $358.995 millones, que fue entregada en medio de críticas y cuestionamientos de diferentes sectores, por las características de la vía y dudas en el proceso licitatorio. La millonaria obra, la más ambiciosa del gobierno Aguilar, le fue adjudicada al Consorcio Progreso Metropolitano, integrado por Global Designs And Buildings Sas Zomac, con el 85 % de participación accionaria; Ingeconstrucciones MLB SAS Zomac, con el 10 %; y Harinsa Navasfalt Construcciones, con el 5 % en el consorcio. Como ya lo relató esta redacción, Global Designs And Buildings Sas Zomac y Harinsa Navasfalt Construcciones, que tienen el 90 % del consorcio, tienen relación directa con Emilio Tapia. La firma bogotana, Inversiones CCO SAS, es el socio mayoritario del Consorcio Prosperidad Oiba con el 80 % de participación de la unión empresarial. Curiosamente, Inversiones CCO es la única de las tres consorciadas que no tiene experiencia en la contratación pública, al menos así lo reporta el Sistema Electrónico de Contratación Pública, Secop. Inversiones CCO fue constituida en 2014, por Jorge Alexander Reyes Cortés con un capital de $10 millones. Hoy, diez años después, en su más reciente reporte de renovación mercantil, la empresa cuenta con un activo total de $19.783 millones, apalancados por $ 26. 967 millones de ingresos por su actividad ordinaria. Al cierre de esta edición, Inversiones CCO es propiedad de Rubén Darío Parada Calderón, quien desde el 2022 asumió el 100 % de la próspera empresa.

Los rastros de Emilio Tapia y los Nule en millonario contrato de la Ungrd en, Oiba, Santander

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