“Si alias ‘Pichi’ no fue nombrado como Gestor de Paz ¿por qué está en libertad? Es aún más grave para la seguridad de Bucaramanga que haya quedado libre, siendo un actor crucial en las estructuras delincuenciales de la ciudad”, insistió esta semana el Alcalde de Bucaramanga.
La controversia sobre la presunta liberación de Óscar Camargo Ríos, alias ‘Pichi’, y la posterior desmentida del Gobierno Nacional sobre su designación como gestor de paz, afectan la percepción pública y la credibilidad en el sistema judicial colombiano.
Sin embargo, esta ambigüedad jurídica también tiene implicaciones políticas y de seguridad, que desde ya empiezan a tener repercusiones entre los ciudadanos.
Lo más probable es que esas decisiones, que hasta ahora se han presentado con cierta clandestinidad, influirán en futuras reformas a la política criminal del Estado, para lo cual, a propósito, ya se escucharon las primeras voces a favor.
Además, impactará la relación entre diferentes niveles de gobierno en Colombia.
No en balde y a pesar de que el Gobierno Nacional desmintió que alias ‘Pichi’ haya sido dejado en libertad como parte de su política de Paz Total, el Alcalde de Bucaramanga reiteró su reclamo.
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A comienzos de la presente semana, Jaime Andrés Beltrán volvió a reclamarle al Gobierno Nacional y a la Rama Judicial que delincuentes como ‘Pichi’, capturados en reiteradas ocasiones y, que además siguen causando temor y peligro en los territorios, salgan como si nada.
“Si alias ‘Pichi’ no fue nombrado como Gestor de Paz ¿por qué está en libertad? Es aún más grave para la seguridad de Bucaramanga que haya quedado libre siendo un actor crucial en las estructuras delincuenciales de la ciudad”, insistió el Mandatario de los bumangueses.
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El Alcalde señaló que, el área metropolitana de Bucaramanga ha sido testigo de la guerra por el control territorial para la venta de estupefacientes, librada por ‘Pichi’ y su archienemigo Nelson Enrique Reátiga Bautista, alias ‘Poporro’.
Precisamente, señaló, esta guerra de narcos, por el control del microtráfico, lleva ya una larga lista de personas asesinadas en Bucaramanga y su área metropolitana, durante los últimos años
En este sentido, tal vez el daño más grave recae en la justicia, por lo resquebrajadas que están la credibilidad y la confianza ciudadanas en tribunales, jueces, magistrados y fiscales.
Para tratar de dimensionar las posibles afectaciones, Vanguardia presenta un análisis sobre cinco escenarios.
1. Confianza en el Sistema Judicial: La primera conclusión de esta ambigüedad jurídico-política, es que, liberar a un delincuente conocido, sin una explicación clara, puede terminar de erosionar la confianza pública en el sistema judicial.
La percepción de que decisiones judiciales pueden ser influenciadas por factores externos o errores administrativos, o incluso por el pago de favores, genera desconfianza en la eficacia e imparcialidad de la justicia.
El informe: La Independencia Judicial en Colombia, en Riesgo por un Régimen Autoritario, señala que: “La independencia judicial es un elemento fundamental para toda democracia, como presupuesto de la división de poderes”.
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El mismo documento define esa independencia como “garantía fundamental para impedir la consolidación de poderes absolutos que pongan en riesgo el Estado de derecho”.
Además, ubica esa autonomía como “una condición esencial para que el Poder Judicial pueda administrar justicia sin injerencias que obstruyan su funcionamiento”.
Es decir, señalan los investigadores, que todo lo anterior garantiza “que nadie esté por encima de la ley -independientemente de los niveles de poder que pueda ostentar-, así como proteger los derechos fundamentales”.
Y desde la visión de la ciudadanía, aporta la certeza de que, en caso de concurrir al sistema judicial, el ciudadano “podrá contar con un juicio justo, según las normas y procedimientos establecidos en el marco jurídico del Estado social de derecho”.
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Y es aquí donde hace su aparición el segundo punto de análisis, como una consecuencia directa de la desconfianza en el sistema judicial.
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2. Independencia Judicial: El caso de alias ‘Pichi’ puso en evidencia la importancia de la independencia judicial.
Si la liberación de alias ‘Pichi’ se percibe como resultado de presiones políticas o errores en la administración de justicia, en cualquier caso podría fortalecer las críticas sobre la falta de independencia del sistema judicial colombiano.
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El principio de independencia judicial cuenta con un extenso desarrollo en el constitucionalismo del país.
Está presente desde el texto constitucional y la jurisprudencia, hasta instrumentos internacionales que integran el bloque de constitucionalidad colombiana.
Es decir, que las dudas ciudadanas sobre la independencia judicial no surgen por falta de reconocimiento, al menos en el papel.
Cada texto jurídico colombiano establece que toda persona tendrá derecho a un recurso efectivo ante tribunales nacionales competentes, que le permitan ser amparada de cualquier acto violatorio de sus derechos fundamentales.
Además, ese ciudadano tiene el derecho inviolable a ser oído por un tribunal independiente e imparcial, en condiciones de igualdad y de forma pública.
Así se expresa en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos.
También en la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (Artículo 11.3) y el Protocolo Adicional II, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados, sin carácter internacional (Artículo 6.2).
Es necesario aclarar que, esa independencia judicial sigue vigente en Colombia. Así se expresa en la decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que decidió investigar a dos funcionarios de la Rama Judicial, por la liberación de Óscar Camargo Ríos, alias ‘Pichi’.
En declaraciones a medios de comunicación, el magistrado Alfonso Cajiao explicó que la Comisión se enteró del caso a través de medios de comunicación y redes sociales.
Es decir, de la misma forma como el resto del país se ha venido enterando de los hechos que rodean el caso del señor Óscar Camargo Ríos, alias ‘Pichi’, para lo cual nada o casi nada es oficial.
3. Impacto Político: Cuando el alcalde Jaime Andrés Beltrán salió a dar declaraciones para cuestionar la liberación de alias ‘Pichi’ y su supuesto nombramiento como gestor de paz del Gobierno y su política de Paz Total, la polémica pasó de chisme, a impacto político significativo.
De inmediato, la temperatura del debate y la tensión entre los Gobiernos Local y Nacional se dispararon.
El Gobierno, a través de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz tuvo que salir a desmentir que alias ‘Pichi’ hubiese sido designado “como gestor de paz ni participa en ninguno de los procesos de la Política de Paz Total...”
Pero el daño estaba hecho. La coyuntura fue utilizada por opositores políticos para criticar la gestión del gobierno en temas de seguridad y justicia. Y eso no es nuevo en el país.
En septiembre de 2020, el Centro Democrático citó un debate en la Cámara de Representantes sobre derechos a la verdad, la justicia, debido proceso, garantías procesales, corrupción y falta de moralidad en la justicia.
El Representante José Daniel López, del partido Cambio Radical, señaló que, “las decisiones judiciales se controvierten en los estrados judiciales y no en la arena política”.
Juan Carlos Lozada, del partido Liberal, dijo: “Nos preocupan enormemente los casos de corrupción en la justicia y la perdida de credibilidad del sistema de justicia en general y de las instituciones”.
Y el representante Edward Rodríguez, del partido CD, dijo que “en Colombia no se puede politizar la justicia, ni judicializar la política”.
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4. Seguridad Ciudadana: Liberar a un delincuente de alto perfil, como alias ‘Pichi’, puede tener repercusiones directas en la seguridad de Bucaramanga.
De ahí que la preocupación del Alcalde sobre el impacto de esa decisión en la seguridad local, refleja un temor real de que su presencia, en libertad, fortalecería estructuras delincuenciales.
El temor de que este ciudadano regrese a retomar el control de su organización delictiva no ha sido despejado, pese a las declaraciones en contrario, del Comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, general Henry Bello.
El oficial dijo que, alias ‘Pichi’ está bajo detención domiciliaria, en una vivienda en el Valle del Aburrá, Antioquia.
Desmintió los rumores de que el detenido había sido liberado por buen comportamiento o vencimiento de términos. Y subrayó que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, dispuso ponerle un brazalete electrónico para monitoreo constante de sus movimientos.
Sin embargo, el General olvidó que alias ‘Pichi’ ha violado en ocho ocasiones el beneficio de casa por cárcel previamente otorgado por un Juez de la República.
70 %
Del microtráfico en el norte de Bucaramanga, controlaba aproximadamente alias ‘Pichi’, al momento de su captura. Además enfrentaba cargos por porte de armas y fuga de presos.
5. ¡...Y vuelve el tema de las reformas judiciales!
Controversias como la generada por el caso de alias ‘Pichi’ generan con frecuencia, y sin mayor reflexión ni contenido argumentativo, los llamados a reformar el sistema judicial.
No se niega la buena intención que supone la necesidad de mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia del sistema judicial, para obtener mayor apoyo en la opinión pública y entre los legisladores.
Sin embargo, muchas leyes en Colombia se han reformado, han sido declaradas obsoletas o simplemente se han creado, pero su impacto no ha sido eficaz.
Al preguntarle esta semana a la Ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, si ¿es necesaria una nueva política criminal en el país? respondió que “la política criminal está realizada dentro del concepto de marco de paz”.
Significa, dijo, entender el concepto de paz y trabajar sobre la base de apostarle a la paz.
“Puede haber muchas cosas que se atraviesan en el camino, pero la política criminal también va a un tema donde hay una justicia que está funcionando, sistemas que responden, no de la mejor manera y ahí estamos viendo y evaluando cómo trabajar y articular”.
Agregó que existe además una justicia transicional que también ha asumido muchas formas de violencia en este país, y también tiene que producir unos resultados.
Quiere decir que, cuando hablamos de política pública, debemos apuntarle también a que “la política pública busque equidad, igualdad, no discriminación, sobre todo, también la justicia”.
