A través del pago de indemnizaciones, cumplimiento de sentencias de Justicia y Paz, y procesos de reparación a comunidades que han sufrido la violencia de forma colectiva, el Gobierno del Cambio ha sido el que más víctimas del conflicto armado ha reparado desde la promulgación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Publicado por: Suministrado
Desde la Unidad para las Víctimas, 673.004 víctimas han recibido su indemnización administrativa por un valor de más de 6,7 billones de pesos, superando la Meta propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo. Este resultado posiciona al Gobierno como el que más indemnizaciones administrativas ha otorgado, al superar a los tres gobiernos anteriores 2,4, 2,5 y 3,5 billones de pesos en indemnizaciones, respectivamente.
Otros dos logros significativos tienen que ver con la reparación a víctimas con pertenencia étnica y víctimas de delitos de violencia sexual. Para el primer caso, se han entregado 316.076 indemnizaciones, lo que representa el 64% del total histórico. Mientras que para las víctimas de violencia sexual, se han entregado 11.124 indemnizaciones, representando el 52% del total de víctimas que han sido indemnizadas por este delito. En este sentido, este ha sido el gobierno que más ha reparado a estas víctimas del conflicto de manera histórica.

En cumplimiento de la función misional asignada por la Ley 975 de 2005, frente al pago de las indemnizaciones judiciales ordenadas en las sentencias de Justicia y Paz, se ha ordenado 41.653 pagos de indemnización judicial a 20.298 víctimas, superando los 787 mil millones de pesos, los cuales han sido destinados principalmente a víctimas del Magdalena, Santander, Antioquia, Norte de Santander y Atlántico. Respecto al gobierno anterior, en el cual se realizaron 16.858 pagos a 14.282 víctimas, por un valor de 357 mil millones de pesos, nuevamente posiciona a la actual administración como la que más indemnizaciones por sentencias de Justicia y Paz ha realizado.
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Todas estas acciones más que la entrega de una indemnización, el cumplimiento de una sentencia judicial o el cierre de una serie de medidas de reparación, significan terminar la larga espera de quienes han sufrido la violencia con la esperanza de recibir justicia, la reconstrucción del proyecto de vida de miles de familias y un paso más en el camino a la paz de Colombia.











