Vanguardia denunció en 1997 el entonces contrato de servicios de celaduría que suscribió el Isabu con la firma Alborada, que funcionaba en la sede política de Carlos Ramón González. Producto de esta denuncia se inició un proceso penal.
Publicado por: Redacción Vanguardia
Hoy se declara inocente por el escándalo de los sobornos pagados con fondos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD).
Hace 20 años confesó su responsabilidad criminal en otro expediente penal que se originó en una denuncia de Vanguardia.
Carlos Ramón González, nacido en Puente Nacional en 1958 y hoy sin paradero conocido aunque se cree que está fuera del país, fue acusado en mayo por la Fiscalía por dar la orden de pagar un soborno de 3.000 millones de pesos al presidente del Senado Iván Name y un soborno de 1.000 millones de pesos al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.
También se le acusó por orientar los contratos de la UNGRD a favor de Name y Calle.
En la administración Petro, González fue jefe del Departamento Administrativo de la Presidencia y jefe de inteligencia nacional. Petro y González fueron guerrilleros del M-19. González fue escolta de Jaime Bateman, jefe de esa guerrilla.
En 2005, cuando la justicia penal lo investigó por delitos cometidos cuando fue concejal de Bucaramanga, González confesó su responsabilidad.
Asombro fue la palabra que utilizó la Corte Constitucional cuando conoció la confesión de González.
González alegó en una tutela que la justicia penal violó sus derechos. Los tres magistrados que conocieron la tutela en la Corte Constitucional se sorprendieron al enterarse de que el investigado admitía su culpa criminal.
Publicidad
Según los magistrados: “No deja de producir asombro que al final de la demanda de tutela del señor González, se termine por admitir su responsabilidad criminal en la perpetración de actos engañosos para con el Consejo Nacional Electoral en términos tan explícitos como los siguientes: «Lo que realizó el señor Carlos Ramón González Merchán fue engañar al Consejo Nacional Electoral suministrando datos errados, falaces, quiere ello decir que su conducta es típica de fraude procesal, porque indujo en error a la administración, con el propósito de obtener un acto administrativo que le aprobara las cuentas» ”. Así se pronunciaron los magistrados Manuel José Cepeda, Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil.
En el año 2001 el Tribunal Superior de Bucaramanga condenó a González por el delito de falsedad en documento privado a 18 meses de prisión y lo absolvió por peculado.
González “consignó datos inverídicos en el balance contable que presentó ante el Consejo Nacional Electoral con ocasión de los comicios del 26 de octubre de 1997”, según la sentencia.
En esas votaciones fue elegido concejal de Bucaramanga por la Alianza Democrática M-19. Ese mismo día fue elegido alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa Londoño con más de 600.000 votos, mientras Gustavo Petro Urrego obtuvo 7.084.
La condena contra González de hace 25 años fue consecuencia de los contratos de seguridad firmados en 1997 por el Instituto de Salud de Bucaramanga (ISABU) y revelados por Vanguardia.
Los contratos, que fueron verbales, se celebraron con una entidad llamada Alborada, que registró como dirección la sede política de Carlos Ramón González Merchán. Alborada no tenía licencia para actividades de vigilancia. Los contratos sumaron más de 117 millones de pesos. De esa suma 29 millones 573 mil pesos entraron al patrimonio personal de González Merchán y fueron utilizados para su campaña al concejo en octubre de 1997, según el juzgado séptimo penal de Bucaramanga.
Los cheques fueron girados por Alborada a Hender Humberto Flórez Medina, Edwing Marvin Villarreal, Mariela Serrano Avellaneda, Jairo Muñiz Sánchez y Luz Dana Leal Ruiz. Los tres primeros los cobraron por ventanilla y los consignaron en la cuenta personal de Carlos Ramón González Merchán.
Publicidad
Luz Dana Leal Ruiz abrió una cuenta a su nombre en el Banco Unión a petición de González Merchán con 37 millones de pesos que eran del concejal. Luego ella consignó en esa cuenta casi 5 millones de pesos que le pagó el Isabú a Alborada. El dinero se usó en la campaña política del concejal. Luz Dana Leal Ruiz es hoy la esposa de González Merchán. En marzo renunció a un alto cargo en el Sena.
Lea: ¿Qué opinan los ‘verdes’ en Santander de la situación jurídica de Carlos Ramón González?
Según el juzgado: “Con el fin de ocultar la existencia de dineros que fueron girados a González Merchán a través de terceros, y éste con el fin igualmente de ocultar dineros fuera del tope señalado por el Consejo Electoral, se adulteraron los libros de contabilidad, se realizaron falsos balances y se elaboraron recibos de pago por diferentes actividades que no se realizaron, documentos que posteriormente se utilizaron, no solo para presentar ante la Fiscalía, sino ante el Consejo Nacional Electoral”.
Una testigo señaló ante el juzgado: “Para evitar el escándalo en Vanguardia y las investigaciones en otras entidades ‘…tratamos de armar esa contabilidad motivo por el cual no la conocía muy bien y por eso no sabía explicar que pasó con eso, pues son falsos en el sentido de que la verdad esa plata fue para entregársela a Carlos Ramón’.”
Publicidad
Ante el juzgado, González Merchán aceptó que su hoy esposa Luz Dana Leal prestó su nombre para abrir la cuenta en el Banco Unión para que el Consejo Nacional Electoral “no se enterara del movimiento de sus dineros ya que excedieron el tope señalado”.
González Merchán se apoderó de dineros públicos a través de los contratos verbales de seguridad que ordenó el director del Isabú, según el fiscal que intervino en el caso.
El director del Isabú, César Augusto Bueno Serrano, favoreció a González Merchán al firmar los contratos con Alborada, según el juzgado.
Otro juzgado que investigó a Bueno Serrano concluyó: “Está acreditado debidamente en la investigación, que el citado González Merchán obtuvo provecho económico de los contratos que la fundación Alborada suscribió con ISABU”.
Publicidad
El juzgado séptimo penal preguntó en el fallo: “¿Si no eran irregulares los contratos suscritos, si no se estaba obrando contrario a la legalidad, qué importaba que el diario de la ciudad publicara su investigación?”.
La sentencia también afirma: “¿Acaso se falsea un documento por el simple placer de hacerlo sin que tenga repercusiones; acaso no se usó para presentarlo en la Fiscalía, y no solo para mostrarlo a Vanguardia? ¿Donde dejar igualmente la falsedad admitida por González Merchán al afirmar que hubo de hacerlo para entregar esos libros al Consejo Electoral?”.
Al llegar el expediente al Tribunal Superior de Bucaramanga, la conclusión fue la misma, que los contratos de seguridad con Alborada los celebró el Isabú para favorecer a González Merchán: “La celebración de los mencionados contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales esenciales se efectuó con el propósito de obtener un provecho ilícito para un tercero, concretamente para Carlos Ramón González Merchán”.
Puede leer: ¿Carlos Ramón González en Nicaragua? Fiscalía dice que oculta su paradero a la justicia
