Mientras los demandantes argumentan inconsistencias en la ordenanza de la tasa para la seguridad, desde la Gobernación defienden esta medida de recaudo.
El Tribunal Administrativo de Santander suspendió los efectos de la ordenanza que aprobó la Asamblea, y que crea una tasa para la seguridad en el departamento, teniendo la tecnología como elemento principal.
La acción, presentada por el concejal Carlos Parra, el diputado Danovis Lozano y el congresista Cristian Avendaño, argumenta principalmente que no se presentó un informe de impacto fiscal en las finanzas de la Gobernación, que se vulneró el derecho de la oposición y que además no hay planeación en la destinación de los recursos que empezarían a tributarse a partir de septiembre.
Si bien es cierto la medida queda suspendida por decisión del tribunal, desde la Gobernación de Santander preparan los argumentos jurídicos con los cuales buscarán darle viabilidad a esta medida de recaudo y levantar la acción cautelar.
“Nosotros para el proyecto de ordenanza hicimos el impacto fiscal. En la estructuración le dimos cumplimiento al estatuto tributario, estipulamos cuáles eran las proyecciones de recaudo, que inicialmente iba a ser de $380 mil millones y se bajó a $270 mil millones”, afirmó Alexánder Robledo, jurídico de la Gobernación.
La administración departamental confía en que la demanda no prosperará y se podrá empezar a cobrar esta tasa a través del recibo de la luz.
Si finalmente se permite este tributo, gran parte de esos dineros se destinarán a la adquisición de tecnología para poder mejorar las condiciones de seguridad en el departamento, como lo sostiene el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Santander, Douglas Javier Arenas González.
El funcionario de la Gobernación reconoce que desde el Gobierno Nacional hubo un recorte de funcionamiento para las Fuerzas Militares, además que el departamento no ha tenido ningún aporte por parte de la Casa de Nariño en materia de seguridad, hecho que ha obligado a la Gobernación a crear nuevas estrategias, como la tasa de seguridad, para garantizar esta medida en la región.
Arenas afirmó que Santander recibe $9 mil millones anuales para seguridad, recursos que no son suficientes para garantizar la protección en todas las regiones.
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“Las instituciones que deben garantizar la seguridad están limitadas. En mesas de trabajo el Ejército nos dijo que para operar al 100 % necesita $60 mil millones. Falta movilidad, componente tecnológico e infraestructura. La Policía necesita $218 mil millones”, afirmó el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Santander, Douglas Javier Arenas González.
Monitoreo inteligente en Santander
Si bien es cierto que los dineros de la tasa se invertirían en la compra de vehículos para las Fuerzas Militares enSantander, el componente principal sería también el de inteligencia y tecnología. Es decir, desde el Comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Mebuc, estaría el ‘circuito de televisión’ que permitiría a las autoridades tener el rastro en tiempo real del monitoreo de sujetos sospechosos y vehículos con anomalías en sus movimientos.
“Si creamos el Centro de Gestión de Emergencia y Seguridad, Ceges, podemos tener en tiempo real el monitoreo de todo lo que pasa en el Área Metropolitana y gran parte del Departamento. Así podemos reaccionar más rápido y actuamos con prevención”, afirmó Arenas.
Este centro de inteligencia de la Mebuc opera actualmente con 802 cámaras en Bucaramanga y 23 oficiales activos en cada uno de los turnos para garantizar el seguimiento a delitos y brindar seguridad en la ciudad.
Los argumentos de la demanda contra la tasa de seguridad
El diputado Danovis Lozano fue uno de los demandantes de esta ordenanza. El corporado aseguró que no se presentó el informe de impacto fiscal, que la oposición no tuvo garantías y que además el documento no expresaba cómo se iban a invertir esos recursos de la seguridad.
“Acá la Gobernación quiere responsabilizar al Departamento de la inseguridad. En el predial ya se paga por seguridad. Iniciamos una batalla jurídica para que no le claven ese impuesto a los santandereanos. Eso sí, pedimos al Gobierno Nacional mayores recursos para Santander”, afirmó Lozano.
