En medio de cuestionamientos por movimientos masivos de personal en el Estado, académicos y expertos alertan que los despidos previos a la Ley de Garantías no solo generan ruido político.
Publicado por: John Arias
Mientras el Gobierno nacional es cuestionado por denuncias de movimientos masivos de personal en vísperas de la Ley de Garantías Electorales, expertos en derecho administrativo y gestión pública alertan sobre las implicaciones operativas y jurídicas de estas decisiones. La ruptura de la memoria institucional, el riesgo de vulnerar protecciones constitucionales y el impacto en la prestación de servicios públicos emergen como consecuencias que podrían extenderse más allá del ciclo electoral.
Los recientes despidos en entidades como el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el Ministerio de Tecnologías de la Información no solo generan controversia política. Según académicos consultados, plantean interrogantes técnicos sobre la continuidad del servicio público, la legalidad de algunas desvinculaciones y la capacidad del Estado para operar eficientemente en pleno año electoral. Lea también: Despidos de última hora sacuden el gobierno de Petro
No todos los despidos responden a la misma lógica
Juan Pablo Sarmiento, profesor del programa de Derecho de la Universidad de La Sabana y experto en derecho disciplinario, advierte contra las generalizaciones. “No podemos decir que sea en todos los casos”, señala. Según Sarmiento, algunos movimientos, particularmente en Cancillería, podrían responder a la intención del Gobierno de atraer fuerzas políticas que acompañen el proceso electoral. Sin embargo, otros casos pueden tener orígenes distintos.
“Este gobierno se ha caracterizado por inestabilidad en sus funcionarios. Algunos movimientos pueden ser consecuencia de rivalidades, denuncias u opacidades en la gestión de algunos servidores”, explica el académico. Para Sarmiento, aunque la cercanía temporal con la Ley de Garantías es un indicio, no puede ser el único ni el determinante para concluir que todos los despidos tienen propósito electoral.
Estabilidad laboral reforzada: un escudo constitucional
Uno de los aspectos más sensibles de las desvinculaciones es la posible afectación a personas con protección constitucional especial. Sarmiento identifica una categoría conocida como “fuero de estabilidad reforzada”, que cobija a personas con condiciones especiales como mujeres gestantes, personas con discapacidad y trabajadores próximos a pensionarse.
“Esos despidos, esas terminaciones de vínculos, pueden ser objeto de un juicio por vía de tutela”, advierte el experto. Sin embargo, la protección depende del tipo de vinculación: contrato de prestación de servicios, funcionario de libre nombramiento y remoción, o empleado de carrera administrativa.
El caso de la Cancillería presenta complejidades adicionales. Alejandro Toca, coordinador de la Maestría en Gestión Pública del Politécnico Grancolombiano, explica que en esta entidad conviven regímenes distintos de vinculación. “Está la carrera diplomática y consular, el servicio exterior, que es un régimen especial. También existe personal bajo el régimen general, la carrera administrativa, y cargos de libre nombramiento y remoción”, detalla.
Para Toca, cuando se habla de despidos de personas con 30 años de antigüedad, la pregunta clave no es solo la antigüedad, sino en qué tipo de cargo estaban y qué acto administrativo soporta la decisión. “Incluso si el cargo fuera de libre nombramiento, pueden existir límites por estabilidad laboral reforzada: fuero sindical, condiciones de salud, discapacidad, maternidad, paternidad y cercanía a una pensión”, describe. Le puede interesar: Despidos masivos en el Dapre antes de Ley de Garantías: Detalles del polémico remezón
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Pérdida de memoria institucional: más que un problema administrativo
Más allá de las consideraciones jurídicas, los expertos coinciden en que la salida masiva de personal experimentado genera consecuencias operativas inmediatas. Sarmiento reconoce que tanto en el sector público como en el privado, “una persona que llega tiene una curva de aprendizaje. Toma tiempo entender las competencias, incluso dónde se encuentra depositada la información y las prácticas administrativas eficientes que cada entidad maneja”.
Toca es más enfático sobre el impacto, al señalar que no solo se trata de un proceso de adaptación. Según el académico del Politécnico, se trata de una ruptura de la memoria institucional, pérdida de redes de coordinación y, en muchos casos, desorden documental.
En entidades donde se produzcan despidos masivos se pueden experimentar frentes críticos de afectación, como, por ejemplo, la gestión de trámites y los tiempos de respuesta. “Los cambios de equipos suelen generar represamientos, reprocesos y respuestas inconsistentes, porque el conocimiento práctico de rutas, formatos, validaciones y tiempos no siempre está en manuales, sino en la experiencia del equipo”, explica Toca.
Además, en el modelo colombiano, gran parte de la operación estatal depende de la planeación contractual, la supervisión y la interventoría. “Rotaciones fuertes aumentan el riesgo de errores en SECOP, debilidades en la supervisión, demoras en registros presupuestales o en los certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) y fallas en el seguimiento”, advierte Toca.
Igualmente, muchas decisiones gubernamentales requieren articulación con ministerios, agencias y territorios, además de un cumplimiento estricto de controles. “Si se cambian equipos sin empalme, se debilita la coordinación y aumenta el riesgo de hallazgos, quejas y litigios”, advierte Toca.
Matices necesarios: no todo cambio es negativo
Sarmiento introduce un matiz importante. No todos los funcionarios con antigüedad son necesariamente insustituibles. “También puede ser cierto que hay personas retiradas del servicio muy experimentadas, pero que ya estaban en una era de retiro o ya cumplieron su ciclo. Una persona nueva también puede tener una visión más fresca y vital para asumir esos retos”, argumenta.
Sin embargo, Toca insiste en que el punto crucial no es si se puede nombrar a otros, sino cómo se hace. “La pregunta es si se hace con criterios de continuidad del servicio, empalmes formales, transferencias de archivos y expedientes, actas de entrega, gestión del conocimiento y una matriz de riesgos que asegure que el ciudadano no pague el costo de la rotación”, puntualiza.
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Investigaciones posibles, pero difíciles de concretar
¿Podrían estos movimientos ser objeto de investigación? Sarmiento responde afirmativamente. “Si se va a hacer un contrato de prestación de servicios con un interés ilícito, se trata de un delito que se llama interés indebido en la celebración de contratos. La Fiscalía y la Procuraduría pueden garantizar esa transparencia y moralidad administrativa”.
Sin embargo, el experto es realista sobre las dificultades probatorias. “La experiencia nos indica que es muy difícil mostrar esa causalidad directa entre los despidos y la incidencia en elecciones”, reconoce. Según Sarmiento, este tipo de reorganizaciones políticas antes de procesos electorales ha sido transversal en todos los gobiernos, ya sea para lograr concurrencia de otros partidos o por tensiones internas y problemas de gobernabilidad.
🔴 Con relación a la información publicada en medios de comunicación, referente a despidos en el @DapreCol, la entidad aclara que: pic.twitter.com/MZxb9iuJOy
— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) January 27, 2026
Un precedente que trasciende el gobierno actual
Ambos expertos reconocen que las reorganizaciones políticas antes de elecciones no son exclusivas del gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, coinciden en que la magnitud y visibilidad de los movimientos actuales, sumadas a la cercanía con la entrada en vigor de la Ley de Garantías, crean una percepción de aprovechamiento de los últimos días de flexibilidad administrativa.
Lo que está en juego, sugieren los académicos, no es solo la legalidad de los actos administrativos individuales, sino la confianza ciudadana en que las instituciones públicas operan según criterios técnicos y de servicio, no según calendarios electorales.
A partir del 31 de enero, cuando la Ley de Garantías congele los movimientos de nómina en el orden nacional, las consecuencias de estas decisiones se harán evidentes. Las entidades afectadas deberán demostrar si lograron preservar su capacidad operativa o si, como temen los expertos, el costo lo terminarán pagando los ciudadanos que dependen de servicios públicos eficientes en pleno año electoral.
