Mientras a los artistas se les pagaba entre $100.000 y $400.000, las cuentas se adulteraban hasta $4 millones por persona. Ya son siete los procesados en este caso que incluye a la exsecretaria de Cultura de Santander, Mery Luz Hernández.
Publicado por: John Arias
La Fiscalía General de la Nación formuló imputación contra el contratista Antonio Enrique Cabarcas Osorio los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad personal, por su presunta participación en un entramado de corrupción que habría generado un detrimento patrimonial de $968 millones en la Secretaría de Cultura y Turismo de Santander en el 2022.
Según el ente investigador, Cabarcas Osorio suscribió de forma directa un contrato por $3.138 millones para ejecutar el proyecto ‘Cultura Ciudadana Siempre por Santander’, cuyo objetivo era promover actividades artísticas en Bucaramanga y su área metropolitana durante el 2022, durante el mandato del exmandatario seccional Mauricio Aguilar.
Durante la audiencia de imputación de cargos, Antonio Enrique Cabarcas Osorio no aceptó los cargos. Lea también: Centro Democrático y coalición Avanza pierden candidatos en Santander
¿Qué dice la Fiscalía?
Según la investigación de la Fiscalía Seccional Santander, el esquema de presunta corrupción operaba bajo la fachada del proyecto ‘Cultura Ciudadana Siempre por Santander’, que supuestamente promovería actividades artísticas en Bucaramanga y su área metropolitana mediante contratación directa.
El fraude, según las autoridades, consistía en un sistema de sobrefacturación: mientras a los artistas circenses, bailarines y músicos se les pagaban entre $100.000 y $400.000 por evento, eran obligados a firmar cuentas de cobro en blanco. Posteriormente, estas se inflaban hasta $4 millones por persona para legalizar la documentación ante la Gobernación de Santander.
Además, según la Fiscalía, se presentaron certificados de actividades que nunca se realizaron, acompañados de recibos falsos con montos desproporcionados. “Análisis contables realizados por la Fiscalía evidenciaron cómo los valores facturados, en comparación con los precios del mercado, habrían generado un detrimento patrimonial para el ente territorial, equivalente a 968 millones de pesos”, advirtió la Fiscalía.
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Otros procesados en el caso
Con esta judicialización, ya son varias las personas vinculadas al escándalo de corrupción: Mery Luz Hernández López, exsecretaria de Cultura y Turismo de Santander; Yexica Natalia Ardila Ruiz, supervisora y directora técnica; Carmen Alicia Serpa de Laguado, supervisora; Óscar José Serrano Avellaneda, representante legal de la fundación contratista; Diana Soveida Joya Cáceres y William Marcelo Carreño Díaz, coordinadores de eventos.
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La Fiscalía aseguró que continúa avanzando en las investigaciones para establecer la responsabilidad de todos los involucrados y evidenciar cómo los recursos públicos destinados a la promoción cultural habrían sido desviados mediante un elaborado sistema de documentación falsa y sobrefacturación, afectando no solo al erario departamental, sino también a los artistas que participaron sin conocer el entramado fraudulento.
Proceso en la Procuraduría contra la exsecretaria de Cultura de Santander
En noviembre pasado, la Procuraduría General de la Nación profirió un pliego de cargos contra la exsecretaria de Cultura y Turismo, Mery Luz Hernández, por presuntas irregularidades en el convenio número 2516 de 2021, suscrito con la firma Funsocial. El objetivo era otorgar incentivos económicos a artistas y gestores culturales afectados por la crisis económica. Sin embargo, el proceso estuvo plagado de sombras.
La medida disciplinaria también involucró a la exdirectora técnica, Yexica Natalia Ardila Ruiz, y a la entonces profesional universitaria, Carmen Alicia Serpa de Laguado, en su condición de supervisoras del convenio.
Estas anomalías fueron dadas a conocer en su momento por el entonces diputado Ferley Sierra, quien presentó ante la Asamblea de Santander toda la documentación sobre las irregularidades que registraban los convenios suscritos por la Secretaría de Cultura.
Al respecto, la Procuraduría calificó las presuntas faltas de las exfuncionarias como gravísimas cometidas a título de culpa gravísima. De esta manera, finalmente se remitió copia del expediente a la Fiscalía Quinta de la Administración Pública para que obre dentro de la investigación que adelanta por los mismos hechos.
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