Las ventas de permisos para aprovechamiento de recursos naturales, negociación de licencias, concesiones y trámites administrativos ambientales, son parte de las expresiones de la corrupción en la gestión ambiental denunciadas por el Contralor General.

Santander tenía 1 millón 930.000 hectáreas de bosque natural en 2010, que se extendían por el 66 % de su superficie terrestre.
Trece años después, en 2023, había perdido 600.160 hectáreas de ese bosque natural, equivalentes a 4 millones 190.000 toneladas de emisiones de CO₂.
La información aparece en la Global Forest Watch (GFW), una plataforma en línea que proporciona datos y herramientas para el monitoreo de bosques en el mundo.
Mediante el aprovechamiento de tecnología de punta, GFW permite a cualquier persona acceder a información en tiempo casi real, sobre dónde y cómo los bosques cambian en todo el planeta.
Según ese monitoreo, desde 2002 hasta 2023 Santander perdió 30.300 hectáreas de bosque primario húmedo.
El indicador representa el 14 % de su pérdida total de cobertura arbórea en el mismo periodo de tiempo.
El área total de bosque primario húmedo en Santander disminuyó en 7.8 % en igual periodo de tiempo.
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Y de 2001 a 2023 Santander perdió 237.000 hectáreas de cobertura arbórea, equivalente a una disminución del 12 % de la cobertura arbórea desde 2000.
Es decir, 118 millones de toneladas de las emisiones de CO₂.

Santander es hoy la sexta región con mayor pérdida de cobertura arbórea entre 2001 y 2023. (Ver gráfico)

Y el municipio de Puerto Parra tuvo la mayor pérdida relativa de cobertura arbórea, con un 31 %, frente a un promedio del 5.7 %. (Ver gráfico).
Dato:
Los departamentos con mayor inversión climática son Antioquia, Magdalena, Cundinamarca, Sucre y Cesar; desfavoreciendo a los de mayor riesgo y vulnerabilidad al cambio climático: San Andrés, Providencia y Santa Catalina; Vaupés y Amazonas.
Preocupa deforestación en Colombia: Contralor
Aunque preocupantes, los datos de deforestación en Santander son todavía mínimos, comparados con los de otras regiones del país.
El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, alertó por el aumento de la deforestación en los países de Suramérica y la preocupante situación que se está dando al respecto en Colombia.
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Señaló como los más afectados, al Meta, Caquetá, Putumayo y Chocó. Y también áreas protegidas como algunos Parques Nacionales Naturales, con el 81,5 %, es decir, 128.902 hectáreas, aproximadamente.
Este fenómeno voraz se evidencia principalmente en 5 Parques Nacionales Naturales: “Tinígua, Sierra de la Macarena, Paramillo, La Serranía de Chiribiquete y Catatumbo Barí”, señaló el Contralor.
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Explicó que Colombia ha perdido cerca del 68 % de su masa glacial en los últimos 10 años, afectando los recursos hídricos y evidenciando los efectos del cambio climático.
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Más preocupante es su llamado de atención por el desigual financiamiento en algunas regiones del país, frente al riesgo por cambio climático e indebidas prácticas administrativas, y algunas veces corruptas, por parte de gestores fiscales ambientales.
Rodríguez Becerra planteó estos temas durante la instalación, a comienzos de esta semana, de un panel técnico de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de los países de América del Sur, Efsur, celebrado en Barranquilla.
La asamblea anual de esta organización internacional abordó tres temas: deforestación, cambio climático y corrupción.
Si usted sabe de algún hecho irregular relacionado con el tema ambiental, favor denúncielo a través del siguiente link: https://www.anla.gov.co/participacion-ciudadana/durante-el-proceso/denuncias-ambientales
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Contralor denuncia corrupción en gestión ambiental

Al precisar sus denuncias por algunos vicios en la gestión ambiental, el Contralor Rodríguez Becerra se refirió a múltiples y disímiles prácticas administrativas indebidas, que campean a lo largo y ancho de los territorios.
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Lamentablemente, expresó, terminan favoreciendo la proliferación de la corrupción, como es el caso de ventas de permisos para aprovechamiento de recursos naturales, negociación de licencias, concesiones, trámites administrativos ambientales.
También se refirió al pago de sobornos y dádivas para ocultar infracciones de tipo ambiental o el comercio ilegal de especies protegidas.
No pocas veces estos, y otros motivos, nutren la identificación de hallazgos con diversas incidencias en el marco de la vigilancia y control fiscal, dijo el Contralor.
A sus colegas de Suramérica les contó que la Contraloría ha identificado prácticas indebidas como contratos pagados sin cumplir especificaciones.
Esos hallazgos ocurrieron durante sus auditorías financieras de 2024, realizadas a gestores ambientales.
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Existen casos tales como la anulación de cobros de tasas por uso de agua y posterior devolución de dinero.
Y “gastos y pagos indebidos de suministro de alimentos y bebidas alcohólicas” con dineros de las entidades responsables del manejo ambiental.
“Este tipo de prácticas constituyen un atentado contra la integridad de los ecosistemas, la biodiversidad y el equilibrio de la vida en el país y el planeta”, denunció el Contralor.
Advirtió que “la omisión administrativa, como las debilidades en las labores de supervisión (dejar hacer, dejar pasar) abren paso al favorecimiento de la corrupción”.
Bajo este contexto, Colombia ha ocupado el décimo segundo puesto de los países con mayor deforestación en el mundo, y cuarto de la región, luego de Brasil, Paraguay y Bolivia.
Y desde 1990 se ha deforestado cerca del 9,5 % de la superficie de bosques nacionales, lo que equivale a más de 6 millones de hectáreas, según estudios nacionales e internacionales.
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Billones, de origen público doméstico y $5.19 billones de cooperación internacional no reembolsable, hacen parte del financiamiento climático en Colombia, entre 2011 y 2020.

Algunas situaciones preocupantes en Santander
En junio de este año, la Fiscalía General de la Nación logró condenar a ocho años de cárcel a Flor María Rangel, y a Héctor Murillo, a 7 años y 9 meses de prisión, exdirectores de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS).
La Fiscalía demostró que influyeron en la adjudicación de millonarios contratos de preservación ambiental en la región.
El supervisor del contrato, Oscar Pereira, también fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión.
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En mayo de 2023, la Minambiente, Susana Muhamad, demandó la licencia ambiental aprobada para explotar una mina de carbón en El Carmen de Chucurí, en Santander.
La Ministra aseguró que la licencia ambiental otorgada para la explotación minera a cielo abierto, en ese municipio santandereano, mostraba presuntas “inconsistencias en la información técnica que dio origen al otorgamiento”.
Muhamad destacó, entre las inconsistencias, la falta de un modelo geotécnico que permitiría entender cómo se afectarán los acuíferos y cómo el concesionario manejaría la infiltración de agua en la mina, entre otros detalles inquietantes reflejados en el concepto que hizo parte de la demanda.
Y el 7 de marzo de 2024, investigadores de la UNAB publicaron un artículo sobre la problemática ambiental del departamento, en la Revista Logos Ciencia y Tecnología de la Policía Nacional.
En el documento se afirmó que, Santander es el departamento donde más violaciones a derechos humanos y amenazas de muerte se han reportado contra líderes ambientales, después de la firma del Acuerdo de Paz, en 2016.
Deforestación en la Amazonía

El Contralor Rodríguez Becerra citó estudios según los cuales la Amazonía alberga el 10 % de la biodiversidad global, pero enfrenta una alarmante pérdida de masa boscosa, debido a la deforestación, afectando la provisión de recursos esenciales.
Habló del cambio climático y dijo que está impulsado por la quema de combustibles fósiles, el mal manejo de desechos y el cambio de uso de suelo, siendo la deforestación un factor clave en el aumento de la temperatura.
El Contralor advirtió que, Colombia ha perdido cerca del 9,5 % de su superficie de bosques, desde 1990, equivalente a más de 6 millones de hectáreas, con una tasa anual de deforestación de 170.000 hectáreas.

















