Publicado por: Editorial
El hacinamiento en las estaciones de Policía que hace unos días evidenció Vanguardia es una situación de años que ha sido documentada y denunciada en múltiples ocasiones y que, sin embargo, no ha encontrado una respuesta efectiva por parte de las autoridades, lo que termina por constituir una violación sistemática de los derechos humanos de centenares de personas a las que el Estado debe garantizar su integridad y su dignidad. Pero el hecho de que se encuentren hacinadas demuestra que esa obligación no se está cumpliendo.
En estaciones de Policía de Bucaramanga se encuentran privadas de la libertad casi ocho veces más personas de las que pueden ser alojadas en esas pequeñas instalaciones, lo que significa que deben dormir en el piso, sin espacio para moverse, sin condiciones sanitarias adecuadas y expuestas a un riesgo permanente para su salud física y mental. Esta situación es una constante que se ha consolidado en el tiempo sin resolverse, a pesar de que las autoridades han recibido advertencias de organismos nacionales e internacionales por su ocurrencia.
Es fundamental recordar que la mayoría de las personas que permanecen en estas estaciones fueron detenidas por acción policial y se encuentran a la espera de ser presentadas ante un juez. La Constitución establece que toda persona capturada debe ser puesta a disposición de la autoridad judicial en un plazo máximo de 36 horas. Sin embargo, lo cierto es que nueve de cada diez personas recluidas están en estas estaciones hace mucho más tiempo y siguen siendo sindicadas, no condenadas; es decir, están privadas de su libertad sin una condena y en condiciones que contradicen normas penales y constitucionales.
A esto hay que agregar el hecho de que la presunción de inocencia es un pilar del Estado de derecho, y su desconocimiento, en todos los casos, constituye una grave falta, por lo que estas personas, sobre las que no hay una sentencia condenatoria en firme, deben considerarse inocentes y, en consecuencia, deben ser tratadas como tal, por lo que mantenerlas detenidas y, además, en condiciones infrahumanas, sin espacio, sin ventilación y sin acceso a servicios básicos, es una situación que no tiene cabida en un sistema judicial que se precie de ser justo.
A lo largo de los años se han anunciado soluciones que nunca se han cumplido. Proyectos como el Centro de Detención Transitoria han sido prometidos en múltiples ocasiones, pero continúan sin siquiera un lote definido para su construcción, mientras las estaciones de policía siguen funcionando como cárceles improvisadas, con el agravante de que, en ellas, además de todo lo dicho, se disminuye el recurso humano de la Policía, pues debe dedicar un número importante de efectivos a labores de custodia que no les corresponden.
