La exdirectora de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, Flor María Rangel, mano derecha del exgobernador Hugo Aguilar, fue condenada a 96 meses de prisión por el Juzgado Primero Penal del Circuito de San Gil.
Publicado por: Oscar Iván Rey Herrera
Dos meses después de haber anunciado el sentido del fallo en primera instancia, el Juzgado Primero Penal del Circuito de San Gil condenó a la exdirectora de la CAS, Flor María Rangel, a 96 meses, (poco más de ocho años), por las irregularidades en un contrato adjudicado durante su administración a la Unión Temporal Barrancabermeja por más de $3.400 millones, con el fin de reforestar y aislar varios predios considerados estratégicos en términos ambientales.
Rangel fue hallada culpada de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
En tal sentido, la exfuncionaria deberá además pagar una multa cercana a los $1.367 millones y estará inhabilitada para ejercer cargos públicos por 116 meses y 15 días, es decir, nueve años y medio.
El juez del caso decretó la preclusión del delito de falsa denuncia contra Rangel por prescripción.
Nuevas condenas
Del mismo modo, Juzgado Primero Penal del Circuito de San Gil condenó a Óscar Pereira Rodríguez, exsubdirector de Gestión Ambiental de la corporación y supervisor del contrato, a 92 meses (7 años y medio) de prisión. Además, deberá pagar una multa de $1.366 millones y tendrá una inhabilidad de 104 meses y 15 días (8 años y medio) por los delitos de peculado por apropiación.
Misma suerte corrió Héctor Murillo, el ex subdirector administrativo y financiero de la CAS, quien fue sentenciado a 95 meses de prisión, cerca de ocho años de reclusión, y tendrá pagar multa de $1.714 millones. Tendrá una inhabilidad de 109 meses por los delitos de peculado por apropiación en concurso heterogéneo con el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos.
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Partes apelaron
En estos dos casos, el juez les negó beneficios de domiciliaria, libertad provisional y subrogados.
A pesar de la condena, la Fiscalía interpuso el recurso de apelación frente a la dosificación de la sanción penal de los acusados, por considerar que la pena a pagar es muy baja con respecto a los delitos por los que fueron sentenciados.
Del mismo modo, los abogados defensores apelaron toda la sentencia condenatoria. En tal sentido, el caso pasa a manos del tribunal.
El proceso penal
La investigación penal se remonta al 2014 cuando cuando la Contraloría General de la República indagaba el caso. Este contrato había tenido varias suspensiones y prórrogas, esto con el agravante de que se ha girado el 90 % de los recursos, equivalentes a $3.075 millones, sin que se hubiera ejecutado al menos el 50 % del objeto.
Precisamente, se conoció dentro de la investigación que $1.300 millones fueron girados 15 días después de que Flor María Rangel se hubiera posesionado en el cargo, pese a que ya se había advertido, según expedientes del contrato, que había problemas en la ejecución.
Adicionalmente, el ente de control estimó que no se estructuraron los estudios previos adecuadamente y que nunca hubo certeza de la ejecución del contrato debido a que jamás se nombró la interventoría, lo que implicó “un abandono absoluto” de la inversión que hacía la entidad.
