El Juzgado Primero Penal del Circuito de San Gil emitió sentido de fallo condenatorio contra Flor María Rangel, exdirectora de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, tras comprobarse irregularidades en la ejecución de un contrato para reforestación en una zona ambientalmente protegida de Santander.

Publicado por: Oscar Iván Rey Herrera
Tras ocho años de proceso penal, en las últimas horas el Juzgado Primero Penal del Circuito de San Gil emitió sentido de fallo condenatorio en contra Flor María Rangel Guerrero, exdirectora de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, por irregularidades en un contrato adjudicado durante su administración a la Unión Temporal Barrancabermeja por más de $3.400 millones, con el fin de reforestar y aislar varios predios considerados estratégicos en términos ambientales.
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Rangel, fue señalada de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
La Fiscalía le imputó el delito de peculado por apropiación y contratación sin cumplir el lleno de los requisitos legales.

Del mismo modo, el ente acusador le imputó el delito de falsa denuncia, así como destrucción y supresión de documentos públicos, ya que, al parecer, habría adulterado un certificado de egresos con el cual se ordenó el pago del 40 % del valor del contrato a la Unión Temporal.
“Las evidencias que posee la Fiscalía demostrarían que las pruebas documentales que la comprometen a ella, a través de una coartada, quisieron ser objeto de ocultación a la Fiscalía mediante una denuncia puesta ante las autoridades judiciales, sosteniendo que eran falsas algunas pruebas documentales. Las evidencias de la Fiscalía acreditan todo lo contrario y se trata de un oprobioso, un grave caso de corrupción pública que la Fiscalía no va a tolerar tratándose también de las corporaciones autónomas”, indicó la Fiscalía en la audiencia de imputación.
Se investigan las razones por las cuales en febrero de 2014, cuando la Contraloría General de la República indagaba el caso, este contrato había tenido varias suspensiones y prórrogas, esto con el agravante de que se ha girado el 90 % de los recursos, equivalentes a $3.075 millones, sin que se hubiera ejecutado al menos el 50 % del objeto.
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Precisamente, se conoció dentro de la investigación que $1.300 millones fueron girados 15 días después de que Flor María Rangel se hubiera posesionado en el cargo, pese a que ya se había advertido, según expedientes del contrato, que había problemas en la ejecución.
Adicionalmente, el ente de control estimó que no se estructuraron los estudios previos adecuadamente y que nunca hubo certeza de la ejecución del contrato debido a que jamás se nombró la interventoría, lo que implicó “un abandono absoluto” de la inversión que hacía la entidad.
Fallo condenatorio
El próximo 18 de abril se conocerá en detalle la condena en contra de Flor María Rangel y Héctor Murillo, ambos en su calidad de exdirectores de la CAS, así como también contra Óscar Pereira Rodríguez, subdirector de Gestión Ambiental de la corporación, y supervisor del contrato.
Los tres exfuncionarios de la CAS fueron condenados en primera instancia por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.

















