El más reciente recurso se dio durante la discusión del Plan de Desarrollo que presentó el alcalde Cristian Fernando Portilla Pérez.
Como una maniobra dilatoria califican muchos el recurso de recusación que se puede presentar ante el Concejo de Bucaramanga, por ejemplo, al momento de debatir un proyecto de acuerdo o dar una discusión relevante bajo varios argumentos.
De hecho, es un recurso válido, establecido en la jurisprudencia, pero en el caso de Bucaramanga ha tomado relevancia en el último año debido a que los concejales han sido recusados en varias oportunidades, generando demoras de más de un mes para poder volver a discutir la iniciativa.
La recusación es válida justo para momentos en los cuales algún ciudadano —sea quien sea— considere que hay impedimento legal para que un concejal, diputado, representante a la Cámara o senador tenga un conflicto de intereses con el tema en discusión.
Pero en el caso de Bucaramanga pareciera más una maniobra dilatoria que busca frenar las discusiones de los proyectos. Congresistas y ciudadanos han radicado estos recursos en proyectos clave como el empréstito, el Estatuto Tributario, la elección de la mesa directiva, la convocatoria pública para elegir contralor municipal, el proyecto de mujer y, el más reciente, el Plan de Desarrollo para dos años que presentó el alcalde Cristian Fernando Portilla Pérez.
Los argumentos con los que se han radicado las proposiciones son diferentes. Pero todas argumentan un conflicto de intereses por parte de los concejales, a quienes les piden apartarse del proceso de debate y votación hasta que se resuelva el recurso.
Malestar en el Concejo de Bucaramanga
Aunque son recursos legales, las recusaciones no son bien vistas por parte del Concejo de Bucaramanga, que en varias oportunidades ha cuestionado este recurso y lo ha calificado como una maniobra dilatoria para impedir el debate de los proyectos de acuerdo.
“Están abusando del poder que les da la ley. Siempre ha pasado en proyectos importantes: cuando se estudió el Estatuto Tributario, con el de mujer, de Daniela Torres, el empréstito, la mesa directiva y el contralor. Es un abuso de una figura legal para dilatar proyectos”, cuestionó el concejal de Cambio Radical, José David Cavanzo.
Esta semana se dio el más reciente caso, cuando Fernando Martínez recusó al Concejo de Bucaramanga, impidiendo así el debate del Plan de Desarrollo que presentó el alcalde Cristian Fernando Portilla Pérez, que sería implementado en sus dos años como mandatario local.
Publicidad
“Que aquellos que recusan se lancen y logren ocupar una curul. Y que no lo hagan desde las tribunas. Cerremos este Concejo de Bucaramanga y nos mandan el cheque a la casa. Ahora cualquiera recusa y paraliza totalmente el Concejo de Bucaramanga”, afirmó el corporado Javier Ayala, quien tuvo un cruce de palabras con Fernando Martínez.
Por su parte, el concejal Diego Lozada también se fue lanza en ristre en contra de esta recusación, afirmando que el Concejo está para dar el debate, incluir, quitar o modificar los puntos que tenga cada uno de los proyectos de acuerdo.
“Aquí no vinimos a aplaudir todo ni a oponernos a todo. Vinimos a ejercer control político serio, a respaldar lo que beneficie a Bucaramanga y a rechazar lo que consideremos inconveniente para la ciudad. La democracia se fortalece con debate, no silenciándolo”, cuestionó Lozada.
El recurso que presentó esta semana Fernando Martínez frenó por completo el debate del Plan de Desarrollo del alcalde Cristian Fernando Portilla Pérez.
“La recusación se fundamenta en la existencia de una afectación objetiva del principio de imparcialidad administrativa derivada de la participación institucional previa del Concejo en el esquema administrativo cuya aprobación posteriormente pretende realizar mediante el Proyecto de Acuerdo No. 015 de 2026”, dice la recusación, haciendo referencia a la posible vulneración del principio de imparcialidad al momento de la discusión.
Según Fernando Martínez, “es una causal objetiva que se fundamenta en la extralimitación de las funciones del Concejo al ordenar al alcalde la delegación de las funciones del sistema de transporte en la Secretaría de Hacienda”.
Para Gerardo Martínez, analista político, estos recursos siguen siendo válidos, por más que se utilicen como maniobras dilatorias. “Toda actuación administrativa, sea individual o colegiada, tiene la posibilidad de que la ciudadanía intervenga. Un ciudadano puede tener la palabra, pero el Concejo debe ser hábil. Debe proceder. Es posible que pueda ser estrategia. Es la institución de la recusación, la herramienta que tiene la ciudadanía, el pueblo, la instancia que la ley creó para prevenir que los corporados actúen en contra del conflicto de intereses”, puntualizó.
