Una reciente alerta de la Defensoría del Pueblo revela cómo las bandas de delincuentes operan desde las cárceles, coordinan la venta de droga por redes sociales y se disputan el control territorial de cuatro municipios como si fueran un solo tablero de guerra.
Publicado por: Redacción Política
La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas sobre la situación de seguridad que enfrenta Bucaramanga y su área metropolitana al emitir la Alerta Temprana 015 de 2026, un documento en el que advierte que el fenómeno criminal en la región evolucionó hacia una dinámica mucho más compleja, en la que convergen organizaciones delincuenciales, grupos armados organizados y economías ilegales que ponen en riesgo los derechos de miles de habitantes.
Lejos de analizar la problemática de manera aislada en cada municipio, la entidad plantea que Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta deben entenderse como un solo escenario de riesgo, debido a la facilidad con la que las organizaciones criminales se desplazan, se reorganizan y expanden sus actividades entre los cuatro municipios.
De acuerdo con la Defensoría, en el área metropolitana de Bucaramanga existe una “gobernanza criminal”, debido a que las estructuras delincuenciales han adquirido la capacidad de ejercer control territorial, regular actividades económicas ilegales e, incluso, influir sobre la vida cotidiana de comunidades enteras.
📢📄 Emitimos la Alerta Temprana (AT) 015 de 2026 para Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, Santander.
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) July 12, 2026
Este territorio requiere acciones urgentes de la institucionalidad que salvaguarden la vida, la seguridad y la integridad de la población ante las disputas por el… pic.twitter.com/IGyPgCNFzD
La criminalidad dejó de limitarse a hechos aislados de sicariato o microtráfico y pasó a consolidar mecanismos de control que afectan la seguridad, la convivencia y la institucionalidad en distintos sectores del área metropolitana, según la entidad.
La configuración del crimen organizado
La Defensoría advierte que el panorama de seguridad cambió significativamente durante los últimos años debido a la fragmentación de antiguas estructuras delincuenciales y al surgimiento de nuevos grupos que actualmente disputan el control de barrios, corredores estratégicos y economías ilícitas.
Entre las organizaciones identificadas aparecen Los del Norte (San Rafael), Los del Sur, Los Claverianos, Choricaldas, Los Manchados, Los Paparotes y diferentes combos barriales que mantienen presencia en sectores específicos de Bucaramanga y su área metropolitana.
La alerta también menciona la presencia del Tren de Aragua, organización criminal transnacional que, según el documento, ha logrado establecer vínculos con redes locales para fortalecer actividades relacionadas con el narcotráfico y otras economías ilegales.
Asimismo, la Defensoría señala que el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) mantienen intereses logísticos y financieros en la región, aprovechando la ubicación estratégica del área metropolitana como corredor entre el Magdalena Medio, el Catatumbo y la frontera con Venezuela.
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Las nuevas modalidades del narcotráfico
Uno de los aspectos que más preocupa a la Defensoría es el crecimiento del mercado de drogas sintéticas.
El informe advierte que sustancias como el tusi, el éxtasis, la ketamina y el LSD han ganado espacio dentro del mercado ilegal y que su comercialización ya no depende exclusivamente de los tradicionales puntos de expendio.
Según la entidad, las organizaciones criminales comenzaron a utilizar plataformas digitales y aplicaciones de mensajería para coordinar ventas y entregas a domicilio, una modalidad que dificulta la acción de las autoridades y amplía el alcance de estas redes.
La Defensoría también alerta sobre la utilización de menores de edad dentro de estas estructuras, ya sea como distribuidores, vigilantes o encargados de movilizar dinero, producto de la venta de estupefacientes, situación que incrementa los riesgos para niños, adolescentes y jóvenes.
Las cárceles siguen siendo centros de operación criminal
Otro de los hallazgos contenidos en la Alerta Temprana tiene relación con el funcionamiento de los establecimientos penitenciarios.
De acuerdo con la Defensoría, varios cabecillas continúan dirigiendo actividades criminales desde prisión mediante el uso de teléfonos celulares y otras formas de comunicación ilegal.
La entidad incluso advierte sobre el empleo de drones para ingresar elementos prohibidos a los centros penitenciarios, situación que permite mantener la coordinación de homicidios, extorsiones y otras actividades ilícitas desde las cárceles.
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Esta realidad, según el organismo, representa un desafío para las autoridades penitenciarias y evidencia la necesidad de fortalecer los controles tecnológicos y operativos.
Las poblaciones más vulnerables
La Defensoría identifica varios grupos poblacionales que enfrentan mayores riesgos frente al fortalecimiento del crimen organizado.
Entre ellos se encuentran niñas, niños y adolescentes, líderes sociales y comunales, población migrante, personas en situación de calle, mujeres trans, firmantes del Acuerdo de Paz y funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
La entidad advierte que estas poblaciones son especialmente vulnerables al reclutamiento, las amenazas, las extorsiones, la violencia y otras formas de vulneración de derechos.
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Ante esta situación, la Defensoría recomendó a las autoridades del área metropolitana de Bucaramanga fortalecer la coordinación interinstitucional, mejorar la capacidad de investigación judicial, implementar tecnología para impedir el ingreso de celulares y otros elementos a las cárceles, desarrollar estrategias de prevención del consumo de drogas sintéticas en instituciones educativas y reforzar la protección de los funcionarios del Inpec.
Además, la entidad advierte que, si no se adoptan acciones oportunas, el área metropolitana podría enfrentar una mayor consolidación de la denominada gobernanza criminal, el crecimiento de las economías ilegales, el aumento del reclutamiento de menores, la expansión de las extorsiones y un progresivo debilitamiento de la presencia del Estado.
