Los hechos tuvieron lugar cuando Álvaro Uribe Vélez era gobernador de Antioquia. El expresidente se ha declarado inocente de los hechos.
Minutos antes de las 9:00 de la mañana, el expresidente Álvaro Uribe Vélez llegó a la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá, a rendir indagatoria por su presunta responsabilidad en las masacres de El Aro y La Granja, corregimientos de Antioquia, se dieron cuando era gobernador de Antioquia.
“Lo hago por respeto a la Constitución, a mi familia y a la justicia. Esta acusación se suma a las muchas que he soportado. Me han acusado de neoliberal porque creo que el Estado roba los recursos que la gente necesita. Me han acusado de enemigo de los trabajadores por vincular al sistema de salud a los privados”, afirmó Uribe Vélez a las afueras de la Fiscalía General de la República. Además: Marco Rubio llegará a Barranquilla para sostener reunión con el presidente De La Espriella
La defensa del expresidente pidió aplazar la diligencia judicial de este viernes, pero el ente acusador no admitió la solicitud, por lo tanto esta se adelanta en el búnker de la Fiscalía General de la Nación.
Al entonces gobernador de Antioquia se le ha señalado de omisión en las incursiones paramilitares en los corregimientos La Granja y El Aro, ocurridas en Ituango, en junio de 1996 y octubre de 1997, respectivamente. Según la investigación, grupos paramilitares perpetraron ataques contra la población civil durante el periodo en que Uribe ejercía como gobernador de Antioquia.
Dentro del mismo conjunto de actuaciones también se encuentra el caso por el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, asesinado en febrero de 1998.
El expediente recoge las denuncias que Valle hizo de manera reiterada sobre la situación de violencia en Ituango, así como los señalamientos sobre una presunta connivencia entre integrantes de grupos de autodefensa y militares de la IV Brigada del Ejército. Además: Fiscalía llama a indagatoria a Álvaro Uribe por presuntos vínculos con masacres en Antioquia
Asimismo, hace referencia a la supuesta omisión atribuida al entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez frente al incremento de la violencia que antecedió a las masacres de San Roque, La Granja y El Aro.
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Antes de que el caso quedara en manos de la Fiscalía, la Corte Suprema adoptó varias decisiones procesales. En junio de 2020 reconoció al sobrino de Jesús María Valle como parte civil y estableció que las acciones civiles orientadas a la reparación de las víctimas no estaban sujetas a prescripción.
Uno de los hechos analizados en ese expediente corresponde a la incursión paramilitar en el corregimiento de El Aro, desarrollada entre el 22 y el 31 de octubre de 1997.
