Las plenarias de Senado y Cámara de Representantes aprobaron el marco normativo para el sometimiento de los grupos armados y las estructuras delincuenciales en Colombia.
En contrarreloj, las plenarias de Cámara de Representantes y Senado de la República aprobaron la Ley de Sometimiento que radicó el Gobierno Nacional y ahora pasa a sanción del presidente Abelardo De La Espriella.
En la corporación territorial, la bancada santandereana respaldó en su gran mayoría el documento que fue apalancado por Iván Cancino, ministro de Justicia y ministro designado del Interior.
Primero la aprobó el Senado. Y sobre la medianoche fue la Cámara de Representantes la que dio luz verde al nuevo marco jurídico del Gobierno Nacional para someter a la justicia a los grupos delincuenciales y a los miembros de estas estructuras.
“Voté positivo acompañando al Gobierno y aprobándolo en la Comisión de Política Criminal. Voté negativa una proposición del Artículo 11 porque se pretendía aumentar la planta de personal de la Defensoría del Pueblo en un momento de crisis fiscal en el país”, afirmó Miguel Ángel Pinto Rueda, del Centro Democrático.
El proyecto pone fin a la política de paz total que implementó el Gobierno de Gustavo Petro, y con la cual aumentaron los grupos armados en un 94 % según la Fundación Ideas para la Paz.
“Chao a la Paz Total. Un cuento que nos costó más de $125.000 millones y que terminó en fiestas e impunidad. Le damos la bienvenida a la Ley de Sometimiento, en la que se respetan la Constitución y la Ley”, afirmó Jonathan Pineda, también miembro de la bancada uribista por Santander.
Uno de los principales cambios es que la iniciativa deja atrás las mesas de negociación como mecanismo para tramitar la desmovilización de las estructuras. En su lugar, establece una ruta de sometimiento en la que las organizaciones deberán aceptar las condiciones fijadas en la ley.
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Esto implica que los integrantes de esas estructuras no podrán negociar individualmente las condiciones jurídicas de su sometimiento. Los beneficios dependerán del cumplimiento de obligaciones como entregar las armas, suministrar información, poner a disposición de las autoridades los bienes ilícitos y contribuir al esclarecimiento de hechos relacionados con las víctimas.
Otro de los puntos es que acogerse al procedimiento no significará que se suspendan las órdenes de captura o los procesos de extradición. La diferencia es relevante porque el sometimiento no supone una garantía automática de libertad ni una protección frente a las actuaciones de las autoridades. Quienes pretendan acceder al tratamiento penal diferenciado deberán cumplir los requisitos establecidos y someterse al control de la justicia.
Críticas desde el petrismo
A diferencia de las bancadas oficialistas y cercanas al Gobierno Nacional, el Pacto Histórico hizo una férrea oposición al proyecto de sometimiento.
En la Cámara de Representantes Santander tiene dos curules petristas que, al igual que la tolda, se opuso al proyecto presentado por el Ministerio de Justicia.
“La Cámara de Representantes aprobó una ley que, bajo el discurso del sometimiento, abre la puerta a beneficios judiciales para responsables de narcotráfico y lavado de activos. ¿A quién termina favoreciendo esta ley y qué intereses hay detrás?”, cuestionó Camilo Torres.
Por su parte, Yolanda Silva celebró la eliminación de un artículo que permitiría a través del Fonsecon hacer contrataciones que viene haciendo directamente el Ministerio de Defensa.
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“En la plenaria finalmente se eliminó el Artículo 25 que le permitía al Ministerio del Interior contratar de manera directa y reservada, lo que solo está permitido para el sector Defensa, con recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon. Una contratación que querían hacer sin transparencia, sin ningún control y a dedo, sin la participación de pluralidad de oferentes”, cuestionó.
Mario José Carvajal, del Partido Liberal, respaldó el proyecto: “Se votó a favor del proyecto del Gobierno con las modificaciones que se introdujeron
Diego Fran Ariza (Partido de la ‘U’) y Guillermo Blanco (Partido Conservador) votaron positivo la propuesta.
