En los primeros días se discutirá esta ponencia en primer debate del Senado de la República. Los promotores del proyecto de sujeción a la justicia son los senadores Ariel Ávila y Alirio Uribe, y el ministro de Justicia, Néstor Osuna.

Publicado por: El Colombiano
El Congreso ya tiene lista la ponencia para la discusión del primer debate del proyecto de ley de sujeción con el que se pretende que los integrantes de bandas criminales puedan someterse a la justicia.
La propuesta fue radicada este martes por el senador de la Alianza Verde Ariel Ávila, y es una de las iniciativas legislativas que da piso jurídico a la paz total del Gobierno de Gustavo Petro con la que se están entablando diálogos, no solo con las guerrillas del Eln y las disidencias de las extintas Farc, sino también con los combos delincuenciales y sus jefes.
El texto de 93 páginas que es objeto de estudio en el Senado contempla que las personas que hayan estado condenados por 10 años o más podrán acceder a la libertad provisional condicionada 18 meses después de firmar el acta individual de sujeción.
Ese beneficio podría cobijar, entonces, a los máximos cabecillas de bandas como La Oficina o Los Pachelly que han tenido contactos con el Ejecutivo a través del alto comisionado, Danilo Rueda, para sumarse a la paz total.
Uno de esos componentes que ha sido clave para el ente acusador es que esos grupos se mantengan sin estatus político motivo por el, precisamente, se habla de sujeción sometimiento y no de negociaciones.
Si se aprueba la ponencia, los delincuentes pagarían entre 6 y 8 años de cárcel. El problema para el Gobierno es que se ha ido quedando sin apoyo en el Congreso porque los partidos Conservador y La U se declararon en independencia.
Incluso, Ávila tuvo que hacer un llamado al Ejecutivo a recomponer su bancada en el Legislativo porque, sin apoyo de los congresistas, el proyecto de ley en el que él ha venido trabajando desde hace casi diez meses junto al ministro de Justicia, Néstor Osuna, podría caerse.
Las discusiones del articulado comenzarían durante la primera semana de junio.
Uno de esos componentes que ha sido clave para el ente acusador es que esos grupos se mantengan sin estatus político motivo por el, precisamente, se habla de sujeción sometimiento y no de negociaciones.
Si se aprueba la ponencia, los delincuentes pagarían entre 6 y 8 años de cárcel. El problema para el Gobierno es que se ha ido quedando sin apoyo en el Congreso porque los partidos Conservador y La U se declararon en independencia.
Incluso, Ávila tuvo que hacer un llamado al Ejecutivo a recomponer su bancada en el Legislativo porque, sin apoyo de los congresistas, el proyecto de ley en el que él ha venido trabajando desde hace casi diez meses junto al ministro de Justicia, Néstor Osuna, podría caerse.
Las discusiones del articulado comenzarían durante la primera semana de junio.














