El Contralor Carlos Felipe Córdoba puso la lupa. Los contratos firmados son por más de 52 billones. Procuraduría y la UNGRD aceleraron contratos antes de restricciones.
Bajo la vigencia de la Ley de Garantías –que empezó a regir el 13 de noviembre para contratos interadministrativos y el 29 de enero para contratación directa– se han firmado 645.495 contratos por 52.3 billones de pesos a los que la Contraloría les puso la lupa por la gran cantidad de plata que se mueve entre los plazos.
De hecho, entidades como la Procuraduría y la Unidad de Gestión del Riesgo entregaron contratos directos a diestra y siniestra una semana antes de empezar a regir la norma.
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En la auditoría de la Contraloría, Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Cundinamarca, Caldas, Boyacá, Santander, Cauca y Norte de Santander concentraron la mayoría de los contratos a nivel nacional.
En el caso de Antioquia, el ente le hace seguimiento a 972 contratos por 1,1 billones de pesos y, específicamente, a 349 por 60 mil millones de pesos con recursos del Sistema General de Regalías, porque un solo contratista obtuvo 22 contratos directos por 616 mil millones de pesos.
A nivel nacional, entre las situaciones llamativas que halló el ente fiscalizador, se cuentan dos contratos de una entidad territorial en Santander adjudicados el 13 de noviembre de 2021 –justo cuando dejaron de estar permitidos los convenios interadministrativos– que juntos suman 400 mil millones de pesos.
Aparte, la Contraloría halló varios casos en donde los responsables de cerrar los negocios corrieron para entregar los contratos. En uno de estos, el representante legal incrementó su contratación en 7.800 %. En la inspección, también encontró que un solo contratista recibió contratos superiores a los 10 mil millones de pesos en todo el país.
“Es que se dispara la contratación de manera inimaginable. Es un mil por ciento antes, lo que se dispara antes de Ley de Garantías, y se forma un cuello de botella gigantesco en las entidades y ahí se puede ir mucha cosita”, advirtió el contralor, Carlos Felipe Córdoba.
Y este afán de la que habla el contralor Carlos Felipe Córdoba es notoria en al menos dos entidades de orden naccional. En la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, como estableció EL COLOMBIANO, se firmaron 35 contratos a dedo entre el 22 y el 28 de enero –todos oscilan entre los 20 y los 93 millones de pesos y en casi todos los casos son por prestación de servicios–, un día antes de que entrara en vigor la restricción.
No supone una irregularidad, pero sí una muestra de lo mencionado por la cabeza del ente que vigila los recursos públicos sobre la concentración de los contratos y convenios en un período muy corto, justo antes de la Ley de Garantías.
La Procuraduría también entregó varios contratos en vísperas de las restricciones. Durante la última semana firmó contratos que superan los 3.000 millones de pesos y que, como reveló W Radio, beneficiarían a personas cercanas a la procuradora Margarita Cabello, como a la hermana de su asesora Ingrid Carvajalino, representante legal de Carvajalino García S.A.S. que obtuvo un contrato por 230 millones de pesos.
Aparte, se investiga si una entidad aparentemente suscribió dos contratos interadministrativos en enero, lo que estaría por fuera de la norma, que los prohíbe hasta después de las elecciones legislativas del 13 de marzo.
Todo esto se da cuando la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró la urgencia nacional para estudiar, lo más pronto posible. las demandas contra la Ley de Presupuesto con la que el Gobierno permitiría modificar la Ley de Garantías
