El Tribunal Administrativo de Santander anuló las resoluciones mediante las cuales la Alcaldía de Floridablanca había cambiado el uso del suelo en la Mesa de Ruitoque. La decisión le pone freno a un proyecto en el predio Las Peñitas, en el que participan empresas relacionadas el actual contralor Fredy Anaya.
Publicado por: Oscar Iván Rey Herrera
En fallo de única instancia, el Tribunal Administrativo de Santander invalidó los artículos 20 y 21 del polémico Acuerdo Municipal 035 del 2018, mediante el cual, la administración del entonces alcalde Héctor Mantilla actualizó el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, para el periodo 2018 - 2030.
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La determinación judicial del alto tribunal se da en el marco del Acuerdo Municipal 035 del 2018 de Floridablanca, elevado en su momento por la Gobernación de Santander, tras las denuncias publicadas por la Unidad Investigativa de Vanguardia en las que se develó como el cambio del uso de suelo rural a urbano en Ruitoque Alto no está ajustado a la ley.
“Se declaran los artículos 20 y 21 del citado Acuerdo Municipal, porque no cumple con los requisitos del artículo 31 de la Ley 388 del 1998, al incorporar o cambiar el uso del suelo de la Mesa de Ruitoque a urbano, sin componente técnico o certificación, que muestre que dicho sector cuenta con infraestructura vial principal, redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado”, dicta el fallo, con ponencia de la magistrada Solange Blanco.
En tal sentido, el Tribunal dejó sin efectos jurídicos el cambio de uso de suelo de “rural” a “urbano”, que en su momento expidió la administración Mantilla, a pesar de las denuncias hechas por veedores, gremios de la construcción y expertos, sobre las falencias que tenía el controvertido POT y que finalmente terminaban favoreciendo a la excongresista Nubia López, esposa del actual contralor departamental, Fredy Anaya.
“Por tratarse de una revisión sobre la legalidad de un Acuerdo Municipal solo existe una única instancia, es decir, ya lo decidido por el Tribunal no tiene intercede ningún otro recurso de apelación del mismo. En ese caso, todo lo que tiene que ver sobre licencias de construcción y permisos de explotación comercial en el sector de Ruitoque quedan suspendidos y sin ningún efecto tras el fallo del Tribunal”, explicó a Vanguardia un experto administrativista.
Aunque el exalcalde de Floridablanca siempre ha defendido la legalidad del nuevo POT, asegurando que este cambio normativo se puede hacer cuando hay disponibilidad de servicios públicos, expertos en urbanismo le explicaron a esta redacción que antes de ser urbano, un predio rural debe pasar por clasificaciones intermedias como el suelo suburbano o el suelo de expansión urbana.
Solo en casos excepcionales se podría dar el ‘salto’ directo de rural a urbano y estos no se aplicarían en el caso mencionado.
Freno a la licencia de polémico proyecto Las Peñitas
El fallo del Tribunal se da solo una semana después de que Nubia López, Castaño Saiz Ingenieros, propiedad de Miller Castaño, (socio de Fredy Anaya), Nitro Energy Colombia, representada legalmente por Fernando Gómez Franco; y Édgar Andrés Gómez Moreno, hijo del excongresista Édgar ‘El Pote‘ Gómez, radicaran ante la Curaduría Urbana N°2 de Floridablanca, a cargo del arquitecto, Roger Alexander Forero, la solicitud de licencia de urbanización para la construcción de una proyecto residencial en el lote La Peñas, ubicado en la Mesa de Ruitoque.
“Han solicitado licencia de urbanización modalidad desarrollo, radicada con el número 682762220084 el martes, 16 de agosto de 2022, sobre los predios 68276-00-01-00010236-000 ubicados en el lote La Peñitas, Vereda de Ruitoque, municipio de Floridablanca, para uso residencial”, dicta la citación de la Curaduría Urbana N°2.
Sin embargo, tras el fallo del Tribunal Administrativo, dicha solicitud de licencia elevada por la esposa y amigos de Fredy Anaya, estaría prácticamente hundida ya que no tiene sustento jurídico.
“Con el fallo del Tribunal cualquier solicitud de licencia de construcción en el sector de Ruitoque queda suspendida, no tiene viabilidad, porque los artículo del POT de Floridablanca que autorizaba el cambio del uso del suelo en ese sector fueron anulados. Incluso, los proyectos de vivienda que ya se desarrollan en la Mesa de Ruitoque también se verían afectados porque una vez que vayan a solicitar la renovación de la licencia ya no lo podrán hacer”, explicaron los expertos.
En 2018, el lote Las Peñitas, era propiedad de Nubia López Morales (esposa de Fredy Anaya), Casai SAS, Lucy Patricia Herrera (exesposa del exgobernador Mario Camacho Prada y hoy esposa de Daniel Arenas) y Édgar Andrés Gómez Moreno, hijo del congresista Édgar ‘El Pote ‘Gómez.
Algunos lotes de Ruitoque Alto pasaron de valer un promedio de $140.000 por metro cuadrado a $1’070.000, con la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial en Floridablanca.
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¿Volteo de tierras en Ruitoque?
En octubre del 2018 el Concejo de Floridablanca aprobó el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, de segunda generación, de ese municipio, en medio de un intenso debate en el que estuvo a punto de hundirse la iniciativa y se presentaron denuncias de parte y parte de pago de sobornos y supuestos intereses para favorecer a políticos y a ciertas constructoras.
Si bien el documento adopta medidas positivas como la legalización de 15 barrios, la salida de empresas del casco urbano en un plazo de tres años y la restricción para construir en altura en ciertas zonas donde las vías son limitadas, los expertos, incluido Camacol, afirman que algunos cambios del uso de suelo no tienen ninguna lógica desde el punto de vista técnico y jurídico.
Ante estas denuncias y tras la expedición del Acuerdo Municipal 035 de 2018, mediante el cual la Alcaldía de Floridablanca adoptaba el POT 2.0, el gobernador ad hoc, Alberto Castillo Castañeda, demandó el acto administrativo que le dio vida al controvertido Plan de Ordenamiento Territorial.
Castillo Castañeda fue delegado por el Ministerio Público para actuar como Gobernador ad hoc de Santander en la revisión del acto administrativo del POT 2.0 de Floridablanca, toda vez que el mandatario de los santandereanos, Didier Tavera, se había declarado impedido para realizar tal labor debido a que familiares suyos tenían propiedades en las zonas de influencia del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial.
“El Gobernador ad hoc considera que se debe revisar la legalidad de la clasificación del nuevo perímetro urbano en la Mesa de Ruitoque, ya que desde su parecer, con el nuevo POT se está “catalogando como suelo urbano sectores que no cumplen jurídicamente con los requisitos impuestos por la Ley, así como tampoco ostentan en su existencia y convivencia una infraestructura vial y redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, en la medida que la infraestructura de servicios existente hacen parte del saneamiento básico para atender los procesos de parcelación de la zona dadas las condiciones de ruralidad que las rodean”, argumentó la demanda.
Del mismo modo, se afirmó que el nuevo perímetro urbano establecido por el POT para el sector de Ruitoque permite aprovechamientos urbanísticos con índice de ocupación de 0,45, índice de construcción hasta 4.00 y alturas de seis pisos en un sector, y de altura libre en otros, lo que “resulta inconveniente y por fuera del marco legal”.
La demanda fue coadyuvada por el abogado Óscar Jahir Hernández, quien previamente ya había interpuesto recursos legales en contra del POT de Floridablanca por las presuntas irregularidades en su aprobación.
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Por esos hechos, la Procuraduría General abrió una investigación disciplinaria en contra del entonces alcalde de Floridablanca, Héctor Mantilla, y los concejales y funcionarios que participaron en la aprobación del POT.
En la investigación también están vinculados la exsecretaria de Planeación de Floridablanca, Emma Lucía Blanco; el exdirector de la Cdmb, Martín Camilo Carvajal Camaro, y los nueve concejales que el 24 de septiembre del 2018 votaron positivo el proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprobaba y adoptaba el Plan de Ordenamiento Territorial en Floridablanca, Nicanor Vera, Nelson Espitia, Marcos Olarte, Jorge Pinzón, Jorge Durán, Néstor Bohórquez Meza, Salvador Molina, Guillermo González y Édgar Gómez.
Al cierre de esta edición el Ministerio Público aún no había tomado una decisión con respecto a la responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos que participaron en la aprobación del POT de Floridablanca.
