domingo 15 de mayo de 2022 - 12:00 AM

Unidad Investigativa: El supercontratista de viviendas rurales en Santander

En solo tres años una modesta empresa sangileña, cercana al clan Aguilar, logró la contratación del programa de vivienda rural en 15 municipios, por más de $24 mil millones. En todos los procesos fue el único oferente. Veedurías cuestionan llamativas coincidencias.

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Con solo tres años contratando con el sector público, la firma Obras Colombia y Servicios, Obracol SAS, representada legalmente por Yiomara Marcela Ordóñez Rodríguez y Luis Carlos Jiménez Rodríguez, pasó de ser una pequeña firma sangileña a convertirse en la supercontratista para la construcción de las viviendas rurales en Santander.

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Desde finales del 2019 y lo que va corrido del 2022, (con excepción del 2020, año de la pandemia), Obracol logró que le adjudicaran 15 contratos para la construcción de viviendas rurales, en los municipios de Curití, Oiba, Confines, Charalá, Barbosa, San Gil, Onzaga, Valle de San José, Landázuri, Socorro, Villanueva, Suaita, Vélez, Gámbita y Pinchote, que sumadas superan los $24 mil millones.

Obracol, como único oferente en todos los procesos, presentó sus propuestas siempre al margen del presupuesto oficial y pliegos de condiciones idénticos entre los diferentes municipios, a pesar de ser diferentes ordenadores del gasto. Estas son algunas de las presuntas irregularidades contractuales detrás de los supercontratistas de la vivienda rural en el departamento, según expertos consultados por Vanguardia.

Estas inconsistencias llamaron la atención de veedurías especializadas como Transparencia por Santander y expertos en contratación estatal, como el ingeniero Rodrigo Fernández, expresidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros.

¿Pliegos sastres?

Según la revisión hecha por la Unidad Investigativa de Vanguardia en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, Secop, en este caso los pliegos de condiciones mediante los cuales se establecieron las reglas y requisitos para habilitar o descalificar a los proponentes, están compuestos por exactamente los mismos requisitos habilitantes en los 15 procesos licitatorios, que concidencialmente ganó Obracol, entre 2019 y lo corrido del 2022.

Las coincidencias en los pliegos de condiciones de los 15 procesos licitatorios es tal, que en prácticamente todas las entidades contratantes, (las alcaldías), exigían un equipo mínimo requerido de 2 compactadores manuales tipo saltarín, dos volquetas capacidad de 6 metros cúbicos, 2 mezcladora de concreto en bulto superior, 2 plantas eléctricas de mínimo kilovatios y 2 camionetas 4x4, exactamente el mismo equipo, en el mismo orden y la misma cantidad en todas las licitaciones.

“Los indicios de las posibles irregularidades por direccionamiento saltan a la vista: los formatos del presupuesto de obra son idénticos en casi todos los municipios, el mismo orden de los ítems y el mismo tipo de letra utilizado. De igual forma, el formato de los equipos requeridos se encuentran en el mismo orden, con las mismas características técnicas y en la misma cantidad, ¿para el caso de las obras contratadas de manera simultánea, cómo habían garantizado los equipos?, ¿las interventoras validarían el cumplimiento de equipos?”, indicó un experto en contratación pública consultado por esta redacción.

Pero las inconsistencias no pararon ahí, la misma situación ocurrió con el personal mínimo requerido, perfiles demasiado específicos estructurados de manera idéntica en cada municipio, de imposible cumplimiento en la ejecución dado que se darían construcciones simultáneas en varios municipios de Santander.

“Los requisitos planteados en los pliegos de condiciones son de difícil cumplimiento, reviven malas prácticas contractuales como códigos del clasificador de bienes excesivos, indicadores financieros poco razonables, programación de obra al proponente y no al adjudicatario, irregularidades que resultan idénticas en cada municipio”, agregó el experto.

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Cero margen

Otra de las posibles inconsistencias identificadas por los veedores tiene que ver con las ofertas económicas de Obracol en los procesos licitatorios. En todos los casos Obracol siempre presentó una oferta económica exactamente igual a la publicada por el municipio, una práctica poco común en los procesos de convocatoria pública, en los que por lo general los oferentes presentan ofertas más económicas a lo presupuestado por la entidad contratante ya que en caso de empate, da mayor ventaja de selección porque genera un mayor ahorro para el Estado.

“La historia cobra mayor interés al observar que todos los contratos se adjudicaron por el valor del presupuesto oficial, o sea que el ahorro fue cero. Pero se pone más interesante, al señalar que el ungido se atrevió a regalar los puntos del discapacitado en todos los procesos, se puede afirmar que su confianza en que sería el único, era única”, acotó Rodrigo Fernández.

Idéntico presupuesto

Sin embargo, la exactitud entre ofertas económicas entre el presupuesto oficial y la oferta del contratista no son las únicas coincidencias que llaman la atención en estos 15 procesos licitatorios para vivienda rural en los municipios de Santander, cuestionados por las veedurías.

A pesar de que los proyectos de vivienda se iban a construir en 15 diferentes municipios, con distintas ubicaciones y topografía, además de convocarse en diferentes épocas, varios de los procesos tienen el mismo valor a contratar por parte de las alcaldías, con exactitud de centavos.

Tal es el caso de: Confines, con el proceso LP-02-2021; Valle de San José, con el MVSJLP0022021; Villanueva, LP-005-2021; Gámbita, LP-001-2022; y Onzaga, con el proceso, LP-003-2021, donde el valor oficial de la oferta por parte de los cinco municipios fue de $1,839,750,000.00.

Caso similar sucedió con los municipios de San Gil, LP-004-2021; Charalá, LP-003-2021; Barbosa, LP N° 01-2021; y Curití LP-002-2021, donde el presupuesto oficial fue de $1,777,664,202.15.

La historia se repite en Barbosa, LP-006-2019; Puerto Parra, LP-006-2019; San José de Miranda, LP-002-2019; Landázuri, LIC-08-2019; y Vélez, LP-003-2019. Donde el presupuesto de las entidades contratantes fue de: $1,582,014,934.3.

En los quince procesos licitatorios las alcaldías pedían construir 30 viviendas rurales.

“Eso no tiene ningún sentido ni ninguna presentación. Así se tratara de casas prefabricadas los costos siempre serán diferentes entre un proceso y otro. El flete, la adecuación del terreno, todo es diferente, porque los precios de una obra pública obedecen a un estudio de mercado: circunstancia de tiempo, modo y lugar. Tiempo: porque una cosa construir una casa hoy o hace un año, el valor de los productos varía todo el tiempo; lugar: que impacta en el flete e impacta la locación del lugar, es imposible que tengan exactamente el mismo precio”, explicó otro experto que revisó los procesos.

Todos los proyectos fueron aprobados por la Secretaría de Vivienda departamental y el aval del Ministerio de Vivienda, toda vez que los recursos de las licitaciones para la construcción de viviendas rurales en Santander provienen de los recursos del Sistema General de Regalías.

El ungido

Todos estos detalles coincidentes en los pliegos de condiciones conllevaron a que finalmente en todos los procesos para la construcción de vivienda rural solo se presentara como único oferente la empresa Obracol. En seis licitaciones, (Barbosa, Confines, Puerto Parra, Landázuri, Vélez y Valle de San José), Obracol se presentó en consorcio con Óscar Mauricio Rojas Camargo, otro experimentado contratista en la provincia guanentina, Vélez y comunera. Pero en todas las licitaciones no hubo más oferentes compitiendo.

“En 15 procesos adelantados en municipios de Santander para construcción de vivienda rural, cuyos presupuestos oficiales en promedio rondaban los $1.600 millones, todos tuvieron un único oferente. Eso seguramente no es nuevo, pero sí les digo que el ungido, siempre fue el mismo. En, prácticamente, todos los procesos aseguraron el único oferente con calificación de plan de calidad e indicadores financieros exagerados. Cuando hay un único oferente el asunto no es de azar, la respuesta está en el pliego”, cuestionó, el expresidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros.

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Obviaron las observaciones

A pesar de las continuas observaciones hechas por parte del Comité de Transparencia por Santander, por las presuntas irregularidades contractuales en los procesos licitatorios en fase precontractual para la construcción de viviendas rurales en los diferentes municipios del departamento, las alcaldías hicieron caso omiso y al igual que con los pliegos de condiciones solo copiaron y pegaron la misma respuesta a las advertencias elevadas por la veeduría departamental.

“Llama la atención al Comité Transparencia por Santander, el patrón evidenciado en estos procesos. Las observaciones que se hicieron desde la veeduría, se surtieron sobre los mismos aspectos, especialmente sobre la experiencia. En la mayoría de los casos no fueron aceptadas por las entidades y el resultado de un solo proponente es indicativo de bajas garantías para la participación en igualdad de condiciones, y por tanto, es llamativo también, que bajo tales condiciones, una sola empresa haya sido adjudicatario en varios de tales procesos”, señaló Marcela Pabón, vocera de Transparencia por Santander.

Interventorías de rotación

Además de las inconsistencias identificadas en la fase contractual entre las alcaldías y Obrecol, los veedores también prendieron las alarmas por las posibles irregularidades en la vigilancia y control de las obras por parte de los interventores, que a pesar de tener una especie de rotación, terminaban siendo los mismos.

Según los registros consultados por Vanguardia, la firma Structural Green Ingeniería y Consultoría Responsable SAS, de Manuel Julián Carvajal Ramírez y María Juliana Román Pradilla, y representada legalmente por Oscar Duarte Mantilla, supervisa cuatro de los 15 contratos.

Aunque cuenta con estos contratos de Structural Green Ingeniería y Consultoría Responsable, la empresa no registra dichas actividades en el Registro Único Empresarial.

Por su parte, el señor Julio Édgar Pedroza Vargas fue el interventor en tres de las 15 obras de construcción de vivienda rural. Al cierre de esta edición Pedroza Vargas tenía cancelados sus tres registros mercantiles en la Cámara de Comercio.

Sin embargo, en el Secop no hay registro sobre quién realiza la interventoría en tres procesos contractuales: Suaita, Socorro y Villanueva.

En licitación

A la fecha Obracol está haciendo parte del proceso licitatorio para la construcción de 30 viviendas rurales en el municipio de Socorro, por valor de $1,839,750 millones. Al igual que los procesos anteriores, la firma sangileña concursa como único oferente, muy posiblemente debido a los pliegos de condiciones que son idénticos a los procesos licitatorios que ya se ha adjudicado en otras localidades.

¿Quiénes son los superconstructores?

Según el registro de Cámara de Comercio, Yiomara Marcela Ordóñez Rodríguez y Luis Carlos Jiménez Rodríguez son los representantes legales de Obracol SAS, la supercontratista de vivienda rural en Santander.

Yiomara Marcela Ordóñez, quien además de ser la representante de Obracol, también es la representante en todos los procesos de contratación para la vivienda rural, incluso cuando conforma consorcios con otras empresas, es esposa de Luis Alfredo Jiménez, reconocido contratista cercano al exgobernador Hugo Aguilar Naranjo, condenado por parapolítica y que hoy se encuentra preso.

Según varias fuentes conocedoras de la política en San Gil, una vez Hugo Aguilar llegó a la Gobernación de Santander en el 2004, el poder como contratista de Luis Alfredo Jiménez creció en la región.

“Desde esa época él (Luis Alfredo Jiménez) comenzó a ganarse contratos tanto en San Gil como en Bucaramanga, gracias al coronel. Después, junto con su mujer (Marcela Ordóñez) montaron una empresa experta en contratar obras en los municipios, de ahí que ha formado amistad no solo con los Aguilar, sino también con el senador Durán y con los Cardozo”, indicó la fuente que pidió reserva de su nombre.

Incluso en sus redes sociales, Luis Alfredo Jiménez no aculta la amistad que profesa con miembros del clan Aguilar y varios políticos de San Gil.

En una de la fotografías Jiménez Rodríguez se ve junto con el exgobernador Richard Aguilar, hijo de Hugo Aguilar, y quien actualmente también se encuentra privado de la libertad afrontando un proceso por posibles actos de corrupción en contratación.

“Aunque Marcela también tiene sus contactos debido a su cercanía familiar con los Ordóñez Cardozo, Luis Alfredo es el encargado de cuadrar todos los negocios con los políticos”, agregó otra fuente.

La sede de Obracol está ubicada en el edificio residencial Aquarium, en el sector Bella Isla de San Gil, en donde según las fuentes, es habitual ver ingresar a políticos de la región para visitar las oficinas.

La Unidad Investigativa intentó comunicarse con alguno de los representantes de Obracol, pero la señora Marcela Ordóñez no quiso atender las preguntas y colgó en tres oportunidades.

En solo tres años una modesta empresa sangileña, cercana al clan Aguilar, logró la contratación del programa de vivienda rural en 15 municipios, por más de $24 mil millones. En todos los procesos fue el único oferente. Veedurías cuestionan llamativas coincidencias.

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