El Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá dejó en firme y con plena vigencia el fallido contrato de construcción de la autopista 4G entre Bucaramanga - Pamplona a pesar de solo contar con 11 % de ejecución en seis años.
Publicado por: Unidad Investigativa
Tras siete años de recaudación de pruebas y controversia judicial, el pasado 28 de marzo el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara De Comercio De Bogotá emitió el laudo mediante el cual dirimió la demanda interpuesta por el concesionario Autovía Bucaramanga – Pamplona SAS (integrado por la controvertida firma Solarte), en contra la Agencia Nacional De Infraestructura - ANI, por la fallida megaobra de la autopista 4G que conectaría con doble calzada a Bucaramanga con Pamplona, (Norte de Santander).
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La Unidad Investigativa de Vanguardia tuvo acceso al texto del laudo arbitral, que equivale a un fallo judicial. Aunque en el articulado compuesto 172 folios, el Tribunal exime a Autovía de toda responsabilidad por la fallida construcción de la Conectante C1 - C2, obras de la Unidad Funcional 1 de la concesión, también declara la existencia y vigencia del contrato 002 del 07 de junio de 2016, yendo en contra de los intereses del concesionario que insistentemente ha buscado la terminación anticipada y liquidación anticipada del fallido convenio en el que se pensaba invertir más de $1,4 billones.
El laudo
Para el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio, a pesar del poco o nulo avance físico en la autopista 4G entre Bucaramanga y Pamplona (sólo 11 % en siete años), el contrato 002 del 07 de junio de 2016, entre la ANI y Autovía “existe y está vigente”. Con base en esta premisa, el Tribunal sustentó la resolución de las 17 pretensiones demandadas por el concesionario en contra de la Agencia Nacional de Infraestructura.
“Teniendo en cuenta lo ya expuesto sobre los hechos demostrados, no hay duda alguna que entre la sociedad Autovía Bucaramanga – Pamplona SAS y la Agencia Nacional de Infraestructura– ANI, se suscribió el 7 de junio de 2016 el Contrato de Concesión No. 002, que en desarrollo del mismo se firmaron por las partes las modificaciones u Otrosíes No. 1, del 15 de junio de 2017, No. 2 del 30 de julio de 2018 y No. 3 del 22 de julio de 2020, contrato que se encuentra vigente”, dicta el laudo.
Eximidos de la Conectante
Del mismo modo, el Tribunal le dio la razón al concesionario Autovía en sus pretensiones de declararse libre de cualquier responsabilidad por la fallida construcción de la Conectante C1 - C2 que comienza desde el sector de la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB, hasta el kilómetro 8 vía a Cúcuta, atravesando los cerros orientales de Floridablanca.
Según el laudo, a pesar de que el megaproyecto vial de cuarta generación obtuvo la licencia ambiental por parte de la Anla para la intervención de los cerros orientales de Floridablanca, dicho permiso ambiental estuvo condicionado a una ‘licencia social’ por parte de las autoridades locales y las comunidades afectadas por el proyecto, situación que nunca se dio y terminó siendo fundamental para que la construcción de la Conectante se obstruyera.
“Para definir esta solicitud el Tribunal destaca que es circunstancia que surge con claridad absoluta, por cuanto no existe prueba alguna que indique lo contrario, es más todos los declarantes que se refieren al punto lo confirman, la concerniente que a la fecha de presentación de la demanda, “no ha sido posible obtener el consentimiento por parte de la Autoridad Municipal de Floridablanca”, o si se quiere, no ha sido posible la concertación con esta, de manera que en lo que corresponde con este aparte de lo solicitado es pertinente la pretensión y se acoge sin necesidad de otros planteamientos, entender que comparte el Ministerio Público al señalar en su concepto de cierre que “de las pruebas recaudadas es evidente que hasta el momento no hay un acuerdo en este aspecto”, agrega fallo.
“Se requería una concertación o acuerdo a través de cualquier medio en el que el municipio de Floridablanca autorizara al contratista no solo la utilización sino la ocupación e intervención de las vías terciarias, dado que dicha concertación no se pudo hacer, se estableció que esa obligación debe tenerse como un hecho incierto, es decir, que no podía establecerse que iba a darse con seguridad. Lo cual era imprevisible e incierto. Por lo tanto no puede tomarse como un “riesgo” en la ejecución del contrato. En razón de esto no se le puede culpar al contratista por la no ejecución del cronograma de obras y el cumplimiento de las obligaciones”, explicaron expertos cercanos a la controversia judicial, consultados por Vanguardia.
Así mismo, el tribunal de arbitramento desacreditó que el Concesionario no hubiera realizado las gestiones pertinentes y reiterativas para que el municipio de Floridablanca, en cabeza de Héctor Mantilla, alcalde para el periodo 2015 - 2019, y Miguel Ángel Moreno, mandatario florideño desde el 2020 hasta la actualidad, aprobarán la ‘licencia social’ del megaproyecto vial.
“En definitiva, la obra no puede continuar porque en Floridablanca han pasado cosas ajenas al contrato que no son responsabilidad del contratista y por lo tanto no puede continuarse con la obra y no hay lugar a ninguna clase de sanción. Deben sentarse a hablar otra vez para saber cómo van a proceder en la continuación del proyecto, que incluye nuevos costos, nuevas acciones o en su defecto la terminación bilateral del contrato o la cesión del mismo. El contratista no tuvo la culpa y nada tiene que pagar”, agregó uno los expertos.
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Contrato sin liquidar
Sin embargo, no todo el laudo le fue favorable a los intereses de Autovía Bucaramanga - Pamplona. Para el Tribunal, aunque el concesionario no tuvo ninguna responsabilidad en la fallida construcción de la Conectante C1 - C2 de la Funcional 1, y todo se debió a la intransigencia de la administración municipal, esto no amerita ni a la terminación ni liquidación anticipada del contrato, ni mucho menos a la indemnización al contratista como lo demandaba Autovía en una de sus pretensiones.
“En efecto, la suscripción del Acta de Inicio de la Fase de Construcción ocurrió el 20 de agosto de 201981, momento a partir del cual empezaba el término de 34 meses al que se refiere la cláusula tercera del Otrosí N.º 1 al Contrato, con lo que dicho término concluyó 20 de junio de 2022, fecha en la cual empezaron a contarse los setecientos treinta (730) días de que trata el evento previsto en literal e de la Sección 14.1 de la Parte General del Contrato. Así, es claro que este plazo de al menos setecientos treinta (730) días no ha transcurrido, motivo por el cual no hay lugar a que se termine anticipadamente el contrato”, consideró el Tribunal.
Así mismo, en el laudo, el Tribunal niega la pretensión del concesionario de declarar la exclusión o desafectación de la Unidad Funcional 1 o Conectante C1-C2, situación que afectaría directamente el costo del megaproyecto vial en más del veinte por ciento (20%) de su valor inicial, (1,4 billones).
“En virtud de lo anterior, el Tribunal observa que aparte de que se trata de una hipótesis la que plantea el Concesionario, ésta no puede ser declarada, en la medida en que ella no acreditó que se hayan presentado los eventos previstos en las Secciones 8.1 (g) 14.1 (e) de la Parte General del Contrato ni que hubiera hecho alguna solicitud dirigida a la desafectación de la Unidad Funcional N.º 1. A esto se suma que, como se expuso líneas arriba, las disposiciones en que la Convocante fundamenta su petitum no son aplicables al caso concreto”, agrega el laudo.
Fuentes al interior del concesionario Autovía le confirmaron a Vanguardia que ante la negativa del Tribunal de Arbitramento de acceder a estas dos últimas pretensiones del contratista, se ahonda aún más la crisis financiera y administrativa de Autovía Bucaramanga - Pamplona.
“Está claro que el laudo, que se puede leer como un fallo, nos dio la razón en la Unidad Funcional 1 de la Conectante C1 - C2, sin embargo, estábamos seguros de que el laudo nos iba a aprobar la liquidación anticipada del contrato y la posterior indemnización que nos iba a ayudar solventar la crisis económica que atraviesa el concesionario. Sin embargo, el fallo salió en contra porque si bien nos da la razón en la Unidad Funcional también indirectamente nos exhorta a ejecutar las unidades funcionales 2, 3, y 4, es decir, del kilómetro 8 al Picacho, y todas esas obras estaban paradas porque precisamente no teníamos recursos y estábamos confiados del fallo”, explicó un funcionario de la entidad quién pidió reserva de su identidad.
Sanciones y demandas
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El pasado mes de junio 2022, la Agencia Nacional de Infraestructura impuso una multa por más de $6.388 millones a la Concesionaria Autovía Bucaramanga - Pamplona, por incumplir las obligaciones del contrato de concesión, debido al no fondeo de varias subcuentas como las de Interventoría y Supervisión; Masc; y Policía de Carreteras del Proyecto Bucaramanga - Pamplona.
“La persistente inobservancia de obligaciones a su cargo dio lugar a que se le declarase el incumplimiento contractual, se le impusiere la multa y se afectase la póliza de cumplimiento, en caso de que el concesionario no realice el pago. La sanción impuesta fue objeto de recurso”, argumentó la ANI.
Si bien esta es la primera sanción que el Estado le impone al Concesionario Autovía Bucaramanga - Pamplona, a finales del 2021 la Agencia Nacional de Infraestructura le confirmó a Vanguardia que la entidad también evalúa la posibilidad de declarar la caducidad del contrato y dar la terminación anticipada del mismo.
“Lo que estamos adelantando es un proceso de caducidad, no es un proceso sancionatorio ordinario. Este proceso viene avanzando acorde con lo previsto en el contrato de concesión. Por supuesto, tenemos que respetar todas las garantías procesales. Las decisiones que se profieren se dan a través de actos administrativos, que son públicos y respetan las garantías, sobre todo en este caso que se trata de la máxima sanción existente en el ordenamiento jurídico, ya que la caducidad conlleva a la terminación anticipada del contrato y del pago de la cláusula penal. Hablamos de una decisión muy importante y debemos ser prudentes”, informó en su momento la ANI.
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Concesión controversial
En abril del 2016, el gobierno de Juan Manuel Santos, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, adjudicó el contrato para construir la Autopista 4G Bucaramanga - Pamplona, proyecto que hacía parte de la tercera ola de vías 4G del Gobierno Nacional, el cual se ejecutaría a través de una Alianza Público Privada, APP, por valor superior a los $1,2 billones.
La millonaria megaobra le fue adjudicada a CSS Constructores S.A, consorcio integrado por el polémico contratista Carlos Alberto Solarte Solarte y su firma Constructores S.A. La inversión inicial era de $618.251 millones.
En junio de ese mismo año, el expresidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, firmó el contrato de concesión a través de APP a la Concesionaria Autovía Bucaramanga, representado legalmente por Jorge Alejandro González Gómez, para la ejecución del megaproyecto vial entre la capital santandereana y Pamplona, por una inversión final de $1.4 billones.
A pesar de que el Concesionario Autovía es representado legalmente por González, el megaproyecto continuaba perteneciendo a Carlos Alberto Solarte Solarte y su firma Constructores S.A.
Justo cuando el proyecto se encontraba en su fase de preconstrucción, Carlos Solarte y sus empresas comenzaron a ser investigadas por la justicia colombiana, vinculándolo con el escándalo de corrupción de Odebrecht, el cual también salpicó a Andrade, quien adjudicó el contrato de la autopista 4G.
Carlos Solarte fue imputado por los delitos de peculado e interés indebido en la celebración de contratos, por presuntamente haberse asociado a través de sus empresas CASS Constructores & CÍA. S.C.A. con la firma brasileña Odebrecht, para pagar millonarias coimas y adjudicar el contrato del túnel Tunjuelo - Canoas, por más de $243.717 millones.
La situación judicial de Solarte complicó que él y sus empresas tuvieran acceso al sistema financiero del país. Como el megaproyecto vial de la autopista 4G de Bucaramanga - Pamplona se adjudicó a través de una APP, el concesionario, en este caso Solarte, es el responsable de poner los recursos para la ejecución del proyecto y, posteriormente, pide la devolución de la inversión más sus respectivas ganancias a través de la administración de los peajes que queden instalados sobre ese eje vial.
“El Instituto Anticorrupción lo que le ha solicitado al Gobierno Nacional es que se liquide el contrato, cuanto antes, pero también le estamos pidiendo que señale quién se va a encargar del pasivo ambiental con más de 5.800 árboles que talaron”, explicó Alejandro Alvarado, representante legal de esa organización.
El veedor indicó que el problema de que ese proyecto nunca haya tenido cierre financiero no fue del Estado, sino de los líos jurídicos de Solarte.
“Al ser Carlos Solarte el dueño de Autovía, como él se enlodó con el tema de Odebrecht, ningún banco les prestó dinero para financiar el proyecto que costó más de $1,4 billones. Él ha intentado en varias oportunidades venderlo, pero no lo logró”, aseguró Alvarado.
Pasivo ambiental
Una vez firmado el contrato de concesión, la Anla le entregó a Autovía Bucaramanga - Pamplona la administración del peaje del Picacho, ubicado en el kilómetro 48 en la vía a Pamplona.
Mientras buscaba los recursos para solventar la ejecución del megaproyecto, el Concesionario Autovía Bucaramanga comenzó con la gestión predial por donde se ejecutarían los 13 kilómetros de carretera nueva desde Floridablanca y el kilómetro 8 vía a Cúcuta, atravesando las veredas Guayanas (cerca a la Universidad Pontificia Bolivariana), Casiano, Helechales (al lado de El Santísimo) y Vericute, para finalmente empalmar con la vía nacional.
Con la gestión predial lista y con la licencia ambiental aprobada por la Anla, el concesionario comenzó con la tala de árboles por el trazado previsto en la obra vial, comenzando trabajos en la vereda de Casiano, a solo 15 minutos del casco urbano de Floridablanca, donde fueron afectados 5.600 árboles, según la ANI.
“El proyecto termina en el kilómetro 8, solo unos kilómetros arriba de Morrorrico. El tráfico pesado procedente de la Costa y de Medellín circulará hasta el Anillo Vial hasta la Pontificia, tomando así la conectante (C1 - C2) que atraviesa los cerros orientales. Esta vía fue diseñada sin la participación de la comunidad, quienes hemos manifestado los riesgos críticos que afectará la calidad de vida de los habitantes del área con la deforestación de más de 16 mil árboles en los cerros, la afectación de por lo menos 50 nacimientos de agua y afectando su biodiversidad y contaminando el aire por el tráfico de vehículos”, expuso el colectivo No a la Conectante C1 - C2.
Según la licencia ambiental, la compensación de los daños ambientales que se produzcan con la ejecución de la obra de construcción de la autopista 4G, se deberá realizar en los municipios de Rionegro y Matanza.
