Desde aquella noche aciaga del 16 de mayo de 1998, cuando el pasmoso y descarado actuar de escuadrones extremos irrumpió simulando autoridad, tuvieron claridad sobre la omisión de las autoridades. Dos oficiales aceptan culpa ante la JEP.
Habría sido menos doloroso, menos tortuoso y quizá menos triste que todo aquello que se sentía —y se decía en voz baja— entre quienes gravitan sobre los pozos de petróleo, que la verdad se hubiera revelado aquel amanecer sangriento y no casi tres décadas después.
Escuche el pódcast de esta historia aquí:
Porque los porteños siempre lo supieron. Esa aflicción persistente no era fingida ni obedecía únicamente al temperamento sindicalista con el que parecen nacer: conscientes de sus derechos, sabedores de que son ricos desde la cuna, aunque poco o nada les corresponda del tesoro oleoso que duerme bajo la tierra barrameja por donde caminan, lloran, ríen y —a pesar de todo— siguen siendo felices.
Desde aquella noche aciaga del 16 de mayo de 1998, cuando el pasmoso y descarado actuar de escuadrones extremos irrumpió simulando autoridad, tuvieron claridad. No eran fuerzas legítimas. Eran asesinos imitando a la verdadera tropa acantonada en el ‘Bagra’, como llamaban con familiaridad al Batallón Nueva Granada, y fingiendo ser hombres del Deman, el nombre de confianza con el que los ‘cilantros’ identificaban al Comando de Policía de Barrancabermeja. Los verdaderos decidieron no escuchar, no actuar. Tenían órdenes superiores. Un pacto de silencio selló aquella matanza, un acuerdo infame que la ciudad cargó durante casi 30 años.
Los que llegaron en tropelía, sedientos de sangre, no eran ni lo uno ni lo otro.
Y los que debieron reaccionar eligieron aguantar 27 años y 8 meses, mientras la gente aprendía a callar, a soportar esa opresión clavada en el pecho, reclamando con cada hecho similar, con cada aniversario, sintiendo cada vez más hondo el vacío de la ausencia; más intenso aún para quienes siguen esperando a los que nunca regresarán.
“¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”. No eran lamentos de plañideras los cánticos con los que despidieron a los siete cuerpos que quedaron tirados tras la fuga. Cuando por fin pudieron recogerlos y alinear sus catafalcos en el atrio de la iglesia, el sudor y el llanto se mezclaron en el clima soporífero que ahogaba aquel adiós.
La ola de pesar alcanzaba hasta el último de la fila, donde la incertidumbre y los presentimientos se fundieron para siempre. Hasta que, apenas esta semana, escucharon —ahora sí, de manera oficial— lo que ya sabían: que oficiales de alto rango de ambas armas, los mismos que debían protegerlos, voltearon el rostro y depusieron el honor, permitiendo que otros sembraran el terror.
¿A cambio de qué? ¿Calma? ¿Paz? ¿El exterminio de un oponente sin deber ni respeto por los derechos? El trabajo sucio hecho por manos ajenas, mientras ellos se mantenían inmaculados, intocables, resguardados por el uniforme y el silencio.
Desde entonces, las noches dejaron de ser iguales. Quienes llegamos al Puerto al día siguiente de la debacle sentimos un aire más pesado de lo habitual, mucho más denso que los metales que exhalan las chimeneas de la refinería. Días después, hubo que tirarse bajo las mesas de una venta de pollos, creyendo que allí se aplacaría el hambre, cuando de lado a lado se cruzaron disparos en pleno parque infantil —no se supo de quiénes—. Ese año, la zozobra no tenía un origen claro: brotaba de todas partes.
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Los recuerdos aparecen como destellos de un flash en la penumbra. Hubo tanta violencia que hoy, mirando desde la distancia que impone el tiempo, con los ojos entrecerrados de la memoria, emergen detalles dispersos.
Del Puente Elevado hacia arriba mandaban los zurdos: controlaban, verificaban quién pertenecía a esos barrios y quién no.
Al otro lado del Magdalena, las Farc de ‘Pastor Alape’; entremezclados… por la rivera, facciones del Epl que debilitadas estaban a punto de entregar sus fusiles al mejor postor. Eran pocas las zonas del Magdalena Medio que no estaban bajo fuego. Aquel coctel de izquierdas fue la justificación para que los hombres de alias ‘Camilo Morantes’, acantonados más allá de donde termina el mar de palmas, actuaran por órdenes de Carlos Castaño, antes de que prometiera que se tomaría un tinto en los barrios del nororiente.
Puerto Wilches, Sabana de Torres, Puerto Berrío, Yondó, San Pablo, Simití… (ese enorme espacio estratégico donde se fusionan Antioquia, Boyacá, Bolívar, Santander y César) hervían.
Las joyas de la corona en la ‘nueva conquista’ eran las zonas altas del Sur de Bolívar, Cimitarra y Barrancabermeja. En uno de ellos estaba el centro de operaciones. Las Ausac (como fue denominada la filial -Autodefensas Unidad de Santander y Sur del César) debía ‘refundar’ el mapa.
Entonces, reza el adagio de que no hay cuña que apriete más que la del mismo palo, dos exguerrilleros-quizá suplicando clemencia a cambio de información- les dijeron a quiénes había que matar y dónde estaban, les aseguraron que todos eran milicianos del Eln, que vivían en la comunas del puerto petrolero.
Entonces se vivía de odios, cualquier señalamiento era creíble, peligroso, mortal.
Antes de atacar, los escuadrones retuvieron a cuatro personas, mataron a una para ‘calentar’, y así llegaron a la cancha de fútbol del barrio ‘El Campín’, iniciados. El bazar fue emboscado por el horror. La muerte bajó en tropelía de los camiones, con disparos al aire obligando a un centenar de personas a tenderse sobre el piso. Los informantes señalaban, marcaban a dedo a los supuestos ‘subversivos’ a quienes fueron amarrando y subiendo a varias camionetas.
A uno que se resistió lo degollaron delante de todos. Nadie más ‘reviró’. Y así arriaron a 30.
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La última vez... vivos
Por el camino, cuando pasaban por la vereda Patio Bonito acribillaron a cinco porque “les pesaban mucho en las camionetas”. Descontados, más los otros dos del barrio, siguieron con 25 hacia una base equidistante de San Rafael de Lebrija.
Aquella imagen saliendo del municipio como quien ve un espanto, fue la última de los plagiados con vida. Allá quedó la esperanza de que como no eran guerrilleros, no los matarían. No volvieron. Con el pasar de los años se supo que un desmovilizado confesó que se habían equivocado con los datos, que aquellas almas eran inocentes, que la mayoría no tenía nada que ver con la subversión.
Aún así, Guillermo Cristancho Acosta, alias el comandante ‘Camilo Morantes’, - dicen que borracho - dio la orden de matar a los 11 que quedaban vivos. Testimonios de exparamilitares explicarfon que ‘Camilo Morantes’ perpetró la masacre para demostrar su poder en la zona y sacar a la guerrilla del negocio del contrabando de gasolina, incrementado de manera descomunal.
Un año después, en 1999 Carlos Castaño mandó a matar al jefe de las Ausac y las fusionó al Bloque Central Bolívar. Varios testimonios han señalado que miembros de la fuerza pública colaboraron con la matanza, pero a ningún militar o policía habían juzgado por eso, todo se iba en suspicacias.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, aceptó una demanda contra el Estado Colombiano cinco años después. De los desaparecidos, nada.
Luego surgió la leyenda no comprobada que los habían echado a lagunas repletas de caimanes que nadie ha visto. Dijeron coordenadas sobre los sitios donde podían estar. Nada.
Credhos, Asfades, Human Rights Watch… no hubo ONG que no exigiera, reclamara, criticara, expusiera, manifestara, estrellándose de manera recurrente contra el muro silente.
Hasta que 20 años después, nace la esperanza para conocer la verdad: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mediante Acto Legislativo 01 de 2017 como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) del Acuerdo de Paz. Debía además juzgar los crímenes más graves del conflicto armado: este doloroso era uno.
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Pasaron ocho años más.
Esta semana la noticia ratificó lo que allá a la orilla del Magdalena sabían, porque dos oficiales retirados del Ejército reconocieron que la Fuerza Pública tuvo conocimiento anticipado de la incursión que derivó en la masacre de Barrancabermeja, que por ‘orden superior’, no se actuó para impedirla.
El capitán (r) Álvaro Daza afirmó que recibió instrucciones para no intervenir ante la anunciada incursión armada. Debía permanecer inactivo y no realizar operativos ni controles en la zona, pese a tener información clara sobre la llegada de grupos paramilitares.
Guardó silencio durante años por obediencia institucional, pero pidió perdón a las víctimas y a la comunidad.
Igual ocurrió con el mayor (r) Oswaldo Prada Escobar quien confesó que dentro del Ejército existió un encubrimiento sistemático sobre los hechos, que ocultaron reuniones entre mandos militares y estructuras paramilitares, que la omisión fue una forma de participación indirecta en la masacre. Decidió hablar por agotamiento moral y por responsabilidad histórica frente a las víctimas.
A los muertos: Pedro Julio Rondón, Germán León Quintero, Jesús Argüello Solano, Diomidio Hernández Pérez, Eliécer Quintero Osorio, José Javier Jaramillo Díaz y Nayr Enrique Guzmán ya saben dónde llorarlos.
Pero aún no se sabe nada de Jesús Valdivieso Pabón, Orlando Martínez, José Octavio Osorio, Wilfredo Pérez Serna, José Milton Cañas, Diego Fernando Ochoa, María Alejandra Ochoa, Geovanny Herrera, Oswaldo Vázquez, Ender González, José Reinel Campos, Fernando Landines, Óscar Leonel Barrera, Luis Fernando Suárez, José Javier Jaramillo, Nayr Guzmán, Eliécer Javier Quintero, Robert Wells Gordillo, Diomido Hernández, Daniel Campos Pérez, Carlos Escobar, Wilson Pacheco, Gary De Jesús Pinedo, Jaime Yesid Peña, Daniel Campos Pérez, Juan Carlos Rodríguez, Luis Argüello Solano, Carlos Enrique Escobar Jiménez, Melquisedec Salamanca Quintero, Carlos Arturo Alaix Prada, Ricky Nelson García, Eliécer Javier Quintero Orozco, Luis Fernando Suárez, Wilson Pacheco, Gary Pinedo Rangel.
Ojalá hubiera sido solo la irónica forma de pensar de los porteños intuyendo que el Estado tenía culpa, pero no.
