La protesta por el alza de los avalúos catastrales rurales mantiene afectada la vía San Gil-Socorro este 9 de abril. Campesinos y propietarios de predios rechazaron el incremento en el valor de sus tierras, mientras en Santander comenzó una mesa de diálogo para revisar los reclamos frente al proceso adelantado por el IGAC.
Publicado por: Jorge Rios
Espedito Aparicio fue uno de los campesinos que atendió el llamado del comité organizador del paro contra el reajuste de los avalúos catastrales rurales aplicado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, en distintos municipios del país.
Desde la vereda Las Joyas, en San Gil, se dirigió hasta el sector de la recta de El Cucharo, en la vía nacional que comunica a San Gil con El Socorro, en jurisdicción de Pinchote. Hasta allí fueron llegando, uno a uno, campesinos, productores y propietarios rurales de diferentes municipios de las provincias de Guanentá y Comunera afectados por la medida.
Con el acento propio de los campesinos de la región y con pocas palabras, Aparicio dijo que permanecería en la protesta hasta que les dieran una solución, una postura compartida por la mayoría de los asistentes.
Hasta la concentración, que se mantenía al cierre de esta edición, llegaron pobladores de Palmas del Socorro, Confines, Oiba, El Hato, San Gil, Ocamonte, Barichara y otros municipios del sur de Santander. Según los manifestantes, el problema es que los nuevos avalúos dispararon el valor catastral de sus predios y los convirtieron en “ricos de papel”, sin que eso corresponda, en muchos casos, con el valor comercial real de las tierras.
Los asistentes sostienen que ese incremento les genera dificultades con impuestos, trámites y otros beneficios oficiales. Aseguran, además, que en varios casos el avalúo quedó por encima del precio de mercado, lo que ni siquiera les permitiría vender como alternativa para enfrentar la situación.
Sofía Villarreal, una de las voceras de la movilización en este punto, dijo que todo dependía de la respuesta que diera el Gobierno a las peticiones presentadas por el comité nacional. Insistió en que no se trata de casos aislados, sino de una situación generalizada.
Villarreal aseguró que los manifestantes no se oponen a los avalúos, pero sí a la forma en que, según denuncian, el IGAC adelantó el proceso desde el principio. Señaló que no hubo socializaciones previas ni visitas suficientes a los territorios, por lo que consideran que se trató de un procedimiento hecho desde Bogotá, sin contraste directo con la realidad rural.
Esa inconformidad también era compartida por otros asistentes, quienes consideran que el incremento de los avalúos se hizo de manera abrupta y sin una explicación suficiente para las comunidades afectadas.
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La manifestación en la zona se produjo semanas después de la visita del director nacional del IGAC y de las gestiones que varios municipios han adelantado para radicar reclamaciones ante la entidad. Sin embargo, los afectados aseguran que esas acciones todavía no les ofrecen una solución concreta.
Mientras los vehículos se acumulaban a ambos lados de la vía, los manifestantes se organizaron y solo permitieron el paso por el corredor humanitario, es decir, de ambulancias, vehículos de emergencia y otros casos urgentes.
