Líderes campesinos de todo el país y delegados del Gobierno Nacional se reunieron ayer en Bogotá para buscar una salida al paro agrario provocado por las fuertes alzas en los avalúos catastrales rurales.
Publicado por: Danilo Cárdenas
El primer día de negociaciones entre los campesinos de varias regiones del país, el IGAC y delegados del Gobierno no llegó a ningún acuerdo. Los líderes de varias comunidades rurales llegaron a Bogotá para protestar por los aumentos desmedidos del avalúo catastral, que tienen un impacto significativo en el impuesto predial y en otros tributos y trámites importantes.
La mesa técnica se desarrolló con un pliego de 21 proposiciones en las que se destaca, como primera, derogar la Resolución 2057, un acto administrativo expedido el 30 de diciembre de 2025 por medio del cual se aplica el artículo 49 de la Ley 2294 de 2023 y la Resolución IGAC 1912 de 2024, y se fijan los porcentajes de incremento de los avalúos catastrales en zonas rurales de 527 municipios del país para la vigencia 2026. Lea: ¿Puede el presidente Gustavo Petro apartar de sus cargos a los alcaldes, como lo afirmó?
Una jornada de negociación dividida en dos
La jornada se dividió en dos. Primero hubo una mesa técnica en el piso 11 del edificio, donde los propios líderes del paro campesino nacional definían quiénes serían sus voceros para la mesa principal. Hubo enfrentamientos entre los propios líderes del paro sobre la representación: unos querían que solo dos o tres personas fueran voceros y otros exigían participación plena de todos los presentes.
La segunda mesa, de la que se esperaban conclusiones, reunía a autoridades nacionales y territoriales, incluyendo al gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, quien viajó temprano desde el departamento junto con varios líderes del paro que llegaron con apoyo logístico de la Gobernación.
Al iniciar la segunda parte de la jornada, el director nacional del IGAC fue categórico y comentó que no había razones legales para derogar la resolución.
Esto llevó a los manifestantes a comunicar en los bloqueos de todo el país que se seguirían manteniendo las restricciones de movilidad hasta que se cumplieran las peticiones.
Díaz Mateus planteó una ruta de solución en dos niveles: revisar las resoluciones regionales del IGAC (que no requieren pasar por el Congreso y pueden corregir avalúos inflados en veredas específicas) y que los alcaldes revisen las tarifas de predial. También advirtió que si no se lograba una solución ese mismo día, los mecanismos de diálogo se darían por agotados y se pediría intervención de la fuerza pública.
Alcaldes denuncian falta de acompañamiento
Ana Dolores Solano, alcaldesa de Mutiscua, Norte de Santander, y vocera de otros municipios como Pamplona, Cácota y Pamplonita, comentó que no hay garantías para los manifestantes de parte del Gobierno Nacional. Señaló que, a pesar de que el presidente Petro siempre dice que los aumentos del predial son responsabilidad de las alcaldías, nunca sus secretarías de hacienda recibieron ninguna capacitación sobre cómo se iba a manejar este nuevo catastro.
En Cundinamarca denunciaron que nunca hubo estudios para hacer los aumentos.
