En Santa Bárbara, Santander, el municipio se comprometió a trabajar para prevenir la deserción escolar y elevar el número de matriculados. La Secretaría de Educación realizará una nueva socialización del estudio técnico.

Frente a la entrada del Instituto Técnico Agrícola Rafael Ortiz González, en el municipio de Santa Bárbara, Santander, decenas de padres de familia se congregaron en las puertas del colegio con pancartas y consignas para exigir una respuesta a una decisión que consideraban injusta: retirar a tres profesores.
La manifestación, pacífica pero firme, se mantuvo durante horas hasta que llegó la noticia que esperaban: revisarán la decisión.
Todo comenzó cuando Ángel Ortega Rubio, rector de la institución, recibió un correo de la Secretaría de Educación Departamental notificándole la reducción de tres docentes de la planta de personal.
La medida, sustentada en criterios de cobertura, es decir en la poca cantidad de estudiantes, generó una ola de indignación entre los padres, quienes recordaron episodios pasados cuando la institución permaneció casi un año sin profesor de inglés y sin docente de sociales.
Janet Rocío Tarazona, representante de los padres de familia, explicó que la comunidad no buscaba enfrentarse a las autoridades, sino garantizar que se respetara el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes de la sede, en especial cuando el año escolar está a punto de terminar. “Nos vamos a mantener sin retirarnos hasta recibir una noticia positiva por parte de la Secretaría de Educación”.

El origen de una decisión técnica
Pero la respuesta fue rápida, debido a que una comitiva del municipio viajó a Bucaramanga para hablar de manera directa con la Secretaria de Educación de Santander, Karina Araujo. La funcionaria explicó que la medida respondía a un estudio de la planta docente, basada en los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional que establece un promedio mínimo de 32 estudiantes por cada maestro en zonas urbanas.
Araujo precisó que el Instituto Técnico Agrícola cuenta actualmente con 79 estudiantes y nueve docentes viabilizados, una proporción que llevó a plantear el retiro de aquellos tres.
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Detalló que la baja matrícula registrada en el sistema SIMAT motivó a la realización del estudio, aunque la situación no representa un fenómeno aislado. “Es una problemática no solo a nivel departamental, sino nacional y mundial”. Parte del fenómeno -dijo- obedece a la migración de estudiantes hacia la educación virtual y más en los últimos grados escolares, a esa búsqueda temprana de ingresos económicos por parte de los jóvenes.
Pese a ese panorama, la secretaria destacó que el departamento de Santander no registra incremento en la deserción escolar general y, de acuerdo con las mediciones del Ministerio de Educación y el DANE, la entidad territorial incluso mejoró dos puntos en sus indicadores de calidad.

Un acuerdo que evita la reducción docente
Ante la presión de la comunidad, el alcalde de Santa Bárbara, Elkin Mauricio Ortega Barbosa, se desplazó junto con el Personero hasta la Gobernación de Santander, para dialogar de manera directa con la Secretaría de Educación.

El resultado fue un acuerdo que mantiene, por ahora, la planta docente completa de nueve profesores en esa institución, para que los estudiantes finalicen su año escolar con todos los maestros.
Ortega Barbosa explicó que el municipio se comprometió a desarrollar mesas técnicas de trabajo enfocadas en prevenir la deserción escolar e incentivar el aumento de la matrícula, un desafío que atribuyó a las particularidades geográficas de la zona. “Nuestro municipio es rural, disperso, las distancias son bastante amplias”. La dispersión territorial dificulta que algunos estudiantes lleguen a clases con regularidad.
El alcalde de Santa Barbara espera superar los 100 estudiantes matriculados en la sede para el próximo año, como parte del compromiso con la Secretaria de Educación.
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El presidente del Concejo, Iván Camilo Galvis Sandoval, confirmó que próximamente una comisión de la Secretaría de Educación visitará el municipio para socializar con padres de familia, docentes y estudiantes el estudio técnico que sustenta la asignación de personal docente, con el fin de que la comunidad comprenda la metodología aplicada y se eviten nuevas controversias en el futuro.
Araujo aprovechó para referirse a los retos históricos del departamento en materia de infraestructura educativa que suman más de 174.000 millones de pesos resolviendo tutelas y órdenes judiciales pendientes por mejoras estructurales en algunos planteles educativos.
Pero con el caso de Santa Bárbara, la funcionaria fue explícita en afirmar que ya se gestionan intervenciones en dos instituciones educativas del mismo municipio, así como acciones en García Rovira, dentro de un plan de infraestructura escolar que no existía en el departamento.
La pequeña protesta funcionó, por lo pronto la comunidad de Santa Bárbara celebra el acuerdo, aunque se mantiene atenta a que los compromisos se cumplan en los próximos meses.
















