Tras tres días de protestas, campesinos e indígenas levantaron los bloqueos en la Troncal del Magdalena Medio, a la altura de Puerto Parra, luego de acordar con la Agencia Nacional de Tierras la revisión de predios y priorización de víctimas locales en los procesos de adjudicación.
Publicado por: Lesly Cifuentes
Los bloqueos en la Troncal del Magdalena Medio, a la altura del cruce de Puerto Parra, fueron levantados en la tarde del pasado martes luego de que campesinos e indígenas Embera Chamí alcanzaran acuerdos con la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Durante tres días, las comunidades mantuvieron cierres intermitentes en protesta por la supuesta entrega de predios a excombatientes de las FARC provenientes de otras regiones, sin priorizar a las víctimas locales.
El levantamiento de la protesta se dio tras una extensa mesa de diálogo que permitió aclarar la información que había generado inconformidad. La ANT explicó que parte de las preocupaciones surgieron a partir de rumores y versiones imprecisas, y reiteró que cualquier proceso de adjudicación se realizará con criterios técnicos y jurídicos, dando prioridad a las familias de Puerto Parra que cumplan con los requisitos establecidos.
Los avances a los que se llegó en Puerto Parra
Durante la reunión se discutió la situación de tres predios actualmente ocupados por más de 300 familias campesinas en Puerto Parra. Según la ANT, estos terrenos pertenecerían al Fondo de Reparación de Víctimas o a la Sociedad de Activos Especiales (SAE). La entidad anunció que evaluará su viabilidad de compra para destinarlos a las comunidades que hoy los trabajan.
“El compromiso es revisar con rigor estos predios y, si cumplen con los requisitos legales, adquirirlos para entregarlos principalmente a las familias que los están ocupando”, precisó William Ramírez, coordinador de la ANT en Santander.
Otro punto clave fue la expectativa del pueblo Embera Chamí Dachi Drúa, que espera concretar la compra de un terreno para constituir su resguardo. “Ese proceso no se ha detenido; por el contrario, sigue siendo una de nuestras prioridades”, agregó Ramírez.
Por su parte, voceros campesinos resaltaron que este es apenas el primer paso en la búsqueda de una reforma agraria que beneficie realmente a las víctimas del territorio.
“Avanzamos en puntos muy importantes que permiten el acceso a la tierra para las familias de Puerto Parra y, por ende, mejoran su calidad de vida y su seguridad alimentaria. Pero no solo eso: también logramos avances en temas relacionados con recursos para iniciativas y unidades productivas, asesoría, acompañamiento a las organizaciones sociales, y muchas otras peticiones que, si bien no se resolvieron hoy, continuarán en la agenda de trabajo que abordaremos en una mesa más amplia”, expresó Carlos Moreno, vocero del Comité Resistencia Campesina.
Entre tanto, el alcalde de Puerto Parra, Diectsen Téllez Cadavid, subrayó que la protesta fue pacífica y que el proceso de concertación permitió disipar los temores de la comunidad.
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“La preocupación era que los predios del municipio no quedaran en manos de sus habitantes. Con los acuerdos alcanzados, se ratifica la prioridad hacia las víctimas de Puerto Parra. Este es un ejemplo de que los conflictos sociales deben resolverse a través del diálogo y no de la confrontación”, afirmó el mandatario.
Los acuerdos permitieron que se despejara la vía. El próximo 19 de septiembre se llevará a cabo una nueva mesa de trabajo en la que se evaluarán los avances.
La movilización comenzó el pasado domingo, cuando cerca de 300 campesinos, afrodescendientes e indígenas bloquearon la vía en rechazo a lo que consideraban una falta de concertación en la política de tierras. Tanto el alcalde como la Gobernación de Santander expresaron su respaldo a la manifestación pacífica, aunque hicieron un llamado al Gobierno Nacional para instalar mesas de diálogo que permitieran evitar la escalada del conflicto.
Durante los bloqueos se establecieron corredores humanitarios para garantizar el paso de niños, personas mayores y pacientes. Sin embargo, la interrupción de la Troncal generó preocupación entre transportadores y pasajeros por los impactos en la movilidad y la economía regional.
