Campesinos de Sabana de Torres protestan en las afueras de un predio que habría sido incautado al Ñeñe Hernández y exigen su entrega a poblaciones vulnerables.
Publicado por: Lesly Adriana Cifuentes
Un grupo de campesinos del municipio de Sabana de Torres (Santander) adelanta una protesta pacífica en las afueras del predio Montecristo, una finca incautada en el marco de un proceso de extinción de dominio y que tendría relación con José Guillermo Hernández Aponte, alias ‘Ñeñe’ Hernández, ganadero señalado por vínculos con el narcotráfico, asesinado en Brasil en mayo de 2019.
Las comunidades campesinas exigen al Gobierno Nacional que estos bienes, hoy en poder del Estado, sean entregados a campesinos víctimas de desplazamiento forzado.
“Estamos aquí desde el 15 de diciembre protestando porque estas tierras fueron quitadas al narcotráfico y siguen sin entregarse a campesinos que no tenemos tierra. Nosotros, que somos campesinos y desplazados, tenemos la esperanza de tener un pedazo para poder cultivar y volverlo productivo… Queremos trabajar porque somos familias desplazadas por la violencia y sobrevivimos del trabajo informal”, dijo Ennit Martínez Núñez, integrante de la Asociación de Desplazados Asoagrivides.
Uno de los principales reclamos de las comunidades es que, pese a estar sometido a extinción de dominio, el predio seguiría administrado por terceros mediante contratos de arrendamiento, situación que, según denuncian, ha impedido que el bien sea entregado a comunidades rurales y población desplazada.
“Necesitamos que la SAE y la Agencia Nacional de Tierras hagan presencia para que no siga en manos de otra gente y pase a manos de los campesinos, gente que de verdad necesitamos la tierrita para trabajarla. Si se renueva ese contrato, es cerrarles la puerta a los campesinos”, afirmó Antonio Díaz Rincón, uno de los manifestantes.
Las más de 80 familias reclamantes, integrantes de asociaciones campesinas y de desplazados, aseguran que permanecerán en las afueras del predio hasta que haya una respuesta del Gobierno Nacional. Exigen que se actúe antes del vencimiento de los contratos de arrendamiento.
Exigen que se actué antes del vencimiento de los contratos de arrendamiento
La abogada Doris Suárez Díaz, asesora jurídica de las comunidades campesinas, advirtió que varios predios incautados desde 2019 en procesos de extinción de dominio, presuntamente relacionados con ‘Ñeñe’ Hernández, continuarían siendo explotados mediante contratos de arrendamiento que generan dudas sobre su legalidad.
Suárez explicó que la alerta surgió el año pasado, durante una diligencia de desalojo a campesinos en el predio Horizonte, cuando se solicitó el contrato de arrendamiento que respaldaba la medida. Al revisar el documento, señaló que se trataría de 14 predios rurales, entre ellos Montecristo, adquiridos en 2014 por la sociedad La Gloria Ganadería LTDA y posteriormente vinculados a procesos de extinción de dominio. Según la abogada, en los documentos revisados esa razón social aparece entregando los predios en arriendo a otra empresa, sin que sea claro el acto administrativo que autoriza a esa persona jurídica a disponer de bienes que ya habrían sido incautados por el Estado.
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“(…) Pudimos ver el contrato de arrendamiento, reviso y encuentro que quien está dando el arrendamiento es una razón social que se llama La Gloria Ganadería y lo está entregando a otra razón social, pero en ningún momento estaba la entidad encargada por parte del Estado para hacer esta entrega. Entonces yo les pregunto: ¿dónde está el acto administrativo que delega a esta persona que está firmando acá? Ellos me traen un acto administrativo; yo lo leo y, sin embargo, genera duda”, dijo la abogada.
Las dudas, según una solicitud radicada ante la Sociedad de Activos Especiales (SAE), se centran en las características del documento presentado para sustentar la delegación. “En la diligencia de desalojo a la comunidad campesina se solicitó el acto administrativo que se supone debe sustentar la delegación de quien firma el contrato de arrendamiento. (…) Nos facilitaron una resolución con número 667, pero cuya fecha de expedición está hecha a mano y refleja que es del 10 de mayo de 2022”, se lee en el documento.
Esta situación fue puesta en conocimiento de la SAE y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) mediante comunicaciones formales enviadas el 7 de septiembre de 2025, en las que se solicitó la revisión de los contratos y la definición del destino de los predios.
Hoy, las comunidades exigen que se tomen medidas para definir la situación del predio antes del vencimiento del contrato de arrendamiento vigente.
“Tenemos conocimiento de que la SAE ya sabe todo; sin embargo, no han hecho presencia acá en el predio y estamos exigiendo que se hagan presentes. Ese contrato vence el 17 de febrero de 2026 y no queremos que llegue la fecha y empiecen con contratos nuevos a diferentes personas, y se siga aplazando la entrega de tierras a campesinos”, dijo Catalina Cervantes Arévalo, manifestante.
La respuesta de la Agencia Nacional de Tierras
El coordinador de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en el Magdalena Medio, Freddy Pulecio, confirmó que la entidad tiene conocimiento de las alertas emitidas por los campesinos y que actualmente se adelantan procesos de verificación.
“Desde diciembre han venido sonando las alarmas por unos predios que la comunidad ha venido investigando y que, al parecer, están relacionados con el ‘Ñeñe’ Hernández. Entonces, hemos estado tocando las puertas, pero alrededor de esto ha habido mucho secretismo a nivel nacional en general; con eso venimos trabajando con el director Felipe Harman”, dijo.
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El funcionario explicó que, para que la ANT pueda adjudicar, primero la SAE debe poner los predios a disposición de la Agencia. “Ya hay un equipo revisando la situación. Estuve en Bogotá entrevistándome con ese equipo porque en todo el Magdalena Medio hay cantidad de problemas que tienen que ver con eso: con predios de la mafia”, señaló.
Pulecio indicó que uno de los principales obstáculos para agilizar los procesos de entrega de tierras en la región radica en la centralización de los trámites en Bogotá, especialmente en lo que respecta a la SAE, entidad encargada de administrar los bienes incautados.
