529 víctimas del conflicto esperan que la justicia transicional revele, antes de junio, quién dio las órdenes en el Magdalena Medio.
Publicado por: Danilo Cárdenas
Después de 28 años de impunidad, 529 víctimas de la toma paramilitar de Barrancabermeja escucharon este jueves en su propia ciudad el anuncio que llevaban décadas esperando: antes de junio de 2026, la JEP nombrará a los exmilitares, expolicías y exfuncionarios de Ecopetrol que considera máximos responsables de las masacres, desapariciones y asesinatos selectivos que entre 1998 y 2000 convirtieron al Magdalena Medio en uno de los territorios más violentos del conflicto armado colombiano.
El anuncio lo hizo la magistrada Catalina Díaz, relatora del Subcaso Magdalena Medio del Caso 08, al cierre de la audiencia pública realizada el 27 y 28 de febrero en Barrancabermeja, donde las víctimas acreditadas presentaron sus observaciones finales ante la Sala de Reconocimiento de Verdad. “La investigación está prácticamente terminada”, afirmó. Lo que sigue es exclusivamente decisión judicial.
Caso 08: Una investigación que apunta más allá de los exmilitares
El Caso 08 investiga los crímenes cometidos por antiguos integrantes de la fuerza pública en asociación con grupos paramilitares en cinco territorios del país, siendo el Magdalena Medio uno de los subcasos prioritarios.
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La investigación se concentra en el período entre 1998 y 2000, cuando ocurrió lo que se conoce como la toma paramilitar de Barrancabermeja: un proceso sistemático de incursión, consolidación y control armado que tuvo como blanco a la población civil, sindicalistas, líderes sociales y familiares de víctimas que reclamaban justicia.
Pero hay un elemento que distingue esta investigación de todo lo que la justicia ordinaria había hecho antes: la JEP pone en el centro la responsabilidad de funcionarios de Ecopetrol como posibles integrantes de la alianza criminal. Siendo Barrancabermeja la capital petrolera del país y sede histórica de la Unión Sindical Obrera (USO), esta línea investigativa tiene una dimensión institucional y económica que va mucho más allá del ámbito militar.
La magistrada Díaz fue directa al respecto: la justicia de Justicia y Paz esclareció la responsabilidad de los paramilitares, pero investigó muy poco a los agentes del Estado. Las 205 compulsas de copias enviadas a la Fiscalía sobre hechos en Barrancabermeja “no tuvieron mayor efecto”. Ese vacío es el que la JEP está llenando ahora.
Los hechos bajo la lupa de masacres en Barrancabermeja de 1998 y 1999
Más allá de las masacres del 16 de mayo de 1998 y del 28 de febrero de 1999, que se convirtieron en referentes nacionales e internacionales de la violencia paramilitar, la JEP ha identificado más de 16 hechos representativos adicionales. Entre ellos, la masacre del 1 y 2 de agosto de 1998, en la que fueron asesinadas 12 personas; la del 4 de octubre de 2000, en la que murieron seis personas incluidos dos niños; y la toma del barrio Primero de Mayo, en diciembre del mismo año. También están bajo investigación los asesinatos selectivos de familiares de víctimas que buscaban justicia, como María Yesenia Amaya y Elizabeth Cañas, cuyos casos ilustran un patrón de persecución contra quienes se atrevían a reclamar.
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Para construir esta investigación, la Sala ha revisado miles de documentos de los archivos de la Quinta Brigada del Ejército, el Batallón de Inteligencia N.º 2, el Batallón de Contraguerrillas N.º 45, el Comando Operativo Especial del Magdalena Medio de la Policía y el propio archivo de Ecopetrol, entre otros. Ha escuchado en versión voluntaria a 35 comparecientes entre octubre de 2023 y febrero de 2026. Le puede interesar: General (r) Mauricio Santoyo fue expulsado de la JEP: estas son las razones de la decisión
Un río como víctima, un precedente como símbolo
En mayo de 2025, la JEP acreditó al río Magdalena como víctima del conflicto armado, reconociendo los impactos sociales y ambientales derivados de la violencia y el control armado en la región. Es un hecho jurídico sin precedentes en Colombia que condensa, en términos simbólicos, la magnitud del daño causado a un territorio entero.
¿Qué viene ahora?
Concluida la audiencia de observaciones de las víctimas, la Sala de Reconocimiento de Verdad avanzará en la contrastación final de todo el acervo probatorio.
Cuando emita el Auto de Determinación de Hechos y Conductas, los responsables seleccionados tendrán que decidir: reconocer su responsabilidad, y con ello acceder a una sanción restaurativa, o negar los hechos y enfrentar el proceso adversarial ante la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.
