La Procuraduría Nacional de la Nación profirió cargos contra el director jurídico y el asesor jurídico de Acuasan por la presunta vulneración al debido proceso contra dos trabajadores miembros de Sintraemsdes.
Publicado por: Jorge Andrés Ríos
Las entidades de control del país continúan con los ojos puestos sobre la empresa de servicios públicos de San Gil, Acuasan, por el manejo que se le dio a la entidad durante 2024.
En esta ocasión fue la Procuraduría Nacional de la Nación la que profirió cargos contra Giovanni Paulo Biassi Romero (director jurídico) y Freddy Alberto Gómez Ríos (asesor jurídico), por presunta vulneración al debido proceso.
Al conocer los cargos, desde la unidad de servicios públicos solo emitieron un comunicado advirtiendo que los profesionales investigados ya no hacían parte de su equipo de trabajo.
El caso que ya tuvo un primer fallo en primera instancia en contra de la empresa en julio de 2024 fue remitido por orden del juez al Ministerio Público. Éste hace referencia a la suspensión de dos trabajadores pertenecientes a la organización sindical Sintraemsdes, seccional San Gil.
Ángela López Gámez, representante del sindicato en el municipio y trabajadora de Acuasan, celebró la decisión de la Procuraduría, destacando que éste fue un hecho que se dio en junio de 2024, cuando se ordenó suspender del cargo a dos compañeros durante tres meses, dejándolos sin sueldo y sin siquiera haber surtido el proceso de investigación correspondiente.
A la espera de que se emita una sanción dentro del proceso de juzgamiento del ente de control y se resuelva el fallo en segunda instancia, López expresó que todo esto hace parte de la persecución de la que fueron víctimas los miembros del sindicato por denunciar el mal manejo de la empresa de los sangileños.
En este caso Ana Milena Rodríguez (contadora) y Daniel Mauricio Nobsa (técnico de consumo medición y facturación) fueron sancionados por asistir como miembros del sindicato a una sesión de control del Concejo Municipal en donde realizaron una presentación de la situación financiera de la entidad, lo que fue catalogado por Acuasan como una posible falta grave por divulgar información sensible sin haberla solicitado formalmente.
2024, un año para el olvido en Acuasan
Ahora, es preciso recordar que el 2024 fue un año turbulento para la empresa de servicios públicos que, además de las múltiples denuncias públicas por temas de contratación y manejo del presupuesto, cerró el año con pérdidas reportadas de $984 millones, una cifra histórica.
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Además, en septiembre de este año, la Contraloría General de la Nación ordenó un plan de mejoramiento a Acuasan por el manejo del alumbrado público que realiza a un convenio firmado con alcaldía de San Gil en 2024.
En este caso. el ente de control encontró seis hallazgos administrativos, aunque no se pronunció sobre las presuntas inconsistencias en el pago de dos facturas (una por $140 millones y otras por $185 millones) que autorizó la Secretaría de Planeación de la Alcaldía a Acuasan por la operación y mantenimiento del alumbrado público entre el 30 de agosto y el 31 de octubre de 2024. Durante este periodo, la empresa sangileña no tenía personal contratado para prestar dichos servicio, según dijo en su momento la veeduría Colombia Digna y Transparente.
Los ‘enroques’ entre la Alcaldía de San Gil y Acuasan
Luego de la renuncia de Karen Cediel Ballesteros, la junta directiva de la empresa, presidida por el alcalde Edgar Orlando Pinzón Rojas, nombró en septiembre pasado como gerente de la empresa de servicios públicos a Diana Patricia Rojas Porras, quien venía desempeñándose como secretaría Jurídica y de Contratación de la Alcaldía de San Gil.
Recientemente también se sumó al equipo Edward Quintero Araque, como director de Planeación de Acuasan, quien hasta hace poco había ostentado el cargo de secretario de Planeación de San Gil, desde donde se organizó el convenio de alumbrado público entre la alcaldía y Acuasan y sobre quien recaían varias de denuncias hechas por la veeduría.
Así mismo, Biassi, que prefirió no referirse al caso de la Procuraduría, a la espera de que el proceso continúe, dejó el cargo como director jurídico de Acuasan y fue nombrado por el alcalde Pinzón como Inspector de Policía de San Gil en provisionalidad.
