La Supersalud sanciona al Hospital Regional de San Gil por negligencia médica en un caso de muerte perinatal de 2019. Conozca el monto y las razones del fallo.
Publicado por: Jorge Rios
El Hospital Regional de San Gil tendrá que pagar una reparación directa de 200 salarios mínimos mensuales vigentes, en el marco de un proceso legal por una muerte perinatal que se presentó el 3 de enero de 2019.
La condena, que ronda por los $350 millones, fue ordenada el 12 de marzo de este año por el Tribunal Administrativo de Santander, organismo que decidió reversar el fallo en primera instancia en el cual se habían negado las pretensiones de la demanda y encontró falencias en algunos de los protocolos que se dieron durante la atención del parto.
Al ser consultados sobre este tema, desde el Hospital Regional de San Gil, el director Horbes Buitrago Mateus, quien para ese año no laboraba en la institución de salud, respondió que la entidad fue notificada de la sentencia el 20 de marzo, “por lo que estamos revisando el contenido y alcance del fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Santander, para proceder a dar cumplimiento al mismo, respetando y acatando plenamente las decisiones de los órganos judiciales”.
¿Hubo fallas en la prestación del servicio?
De acuerdo con los hechos relatados dentro del proceso, inicialmente la mujer de 25 años, quien durante todo su embarazo no tuvo complicaciones, asistió el 27 y 29 de diciembre de 2019 al Hospital Regional de San Gil, en donde fue atendida y regresada a su vivienda luego de recibir los controles necesarios.
Luego, el primero de enero, ya con 40 semanas, la mujer fue atendida e internada ya en servicio de ginecobstetricia el 2 de enero. El menor nació vivo sobre las 3:30 de la mañana y 45 minutos después fue declarado muerto luego de varias maniobras de reanimación.
Al respecto, la necropsia estableció como causa de muerte “síndrome de dificultad respiratoria por aspiración de meconio”, “lesión hipóxico-isquémica / sufrimiento fetal” y “aspiración de líquido amniótico meconiado”.
“La sala pone de relieve que, según la historia clínica, el líquido meconial se evidenció a las 2:30 a. m., mientras que el parto fue atendido aproximadamente a las 3:30 a.m., lo cual permite determinar que transcurrió cerca de una hora sin que se registre un control continuo y estricto de la dinámica uterina ni de la frecuencia cardiaca fetal, tal como exigen las guías clínicas y la norma técnica para la atención del parto en presencia de meconio”, señala la sentencia en la que se explica la ausencia de información en la historia clínica y de los controles establecidos una vez se suministró el misoprostol.
La ausencia de monitoreo intraparto
En este contexto, el Tribunal Administrativo de Santander también señala que las deficiencias en la historia clínica encontradas son fundamentales, entendiendo que se trata del principal medio de prueba de actuación.
“En ese orden de ideas, la ausencia de monitoreo intraparto debidamente documentado impide descartar episodios de hiperestimulación uterina o deterioro progresivo del bienestar fetal y, la deficiente documentación clínica, unida a la falta de seguimiento estricto en un escenario de riesgo conocido, configura una falla en el servicio y guarda relación directa y adecuada con el desenlace fatal”, afirma la sentencia en segunda instancia.
