La decisión fue adoptada por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de San Gil, que impuso una suspensión de cuatro meses al exmandatario al considerar que se extralimitó en sus funciones al sancionar el Acuerdo Municipal 005 del 31 de mayo de 2021 sin que se cumplieran los requisitos legales exigidos para ese tipo de declaratorias.
Publicado por: Jorge Rios
La Procuraduría General de la Nación sancionó en primera instancia al exalcalde de Mogotes, Edgar Rueda Triana, y a seis concejales del municipio por irregularidades en la aprobación de un acuerdo que declaró el cañón del río Mogoticos como zona de especial protección y utilidad pública.
La decisión fue adoptada por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de San Gil, que impuso una suspensión de cuatro meses al exmandatario al considerar que se extralimitó en sus funciones al sancionar el Acuerdo Municipal 005 del 31 de mayo de 2021 sin que se cumplieran los requisitos legales exigidos para ese tipo de declaratorias.
En el mismo fallo fueron sancionados con suspensión de tres meses los entonces concejales Moisés Gutiérrez Corzo, Óscar Becerra Pinto y Gonzalo Galán Álvarez, así como los actuales cabildantes Ernesto Calderón Blanco, Gerardo Sierra Argüello y Diomedes Vásquez Gómez, quienes aprobaron la iniciativa.
El proyecto de acuerdo fue aprobado en 2021 por el Concejo Municipal.
Según el organismo de control, tanto el exalcalde como los concejales avalaron la declaratoria de utilidad pública pese a que no existían los presupuestos normativos exigidos por la ley para adoptar esa decisión.
Por esa razón, el ente de control calificó la conducta de los disciplinados como una falta grave cometida a título de culpa grave.
Debido a que varios de los sancionados ya no ocupan los cargos que desempeñaban cuando ocurrieron los hechos, la suspensión será convertida en una sanción económica equivalente a los salarios que devengaban en 2021, año en el que fue expedido el acuerdo municipal.
La decisión corresponde a un fallo de primera instancia, por lo que los sancionados aún podrán presentar los recursos contemplados dentro del proceso disciplinario antes de que la decisión quede en firme.
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La Procuraduría concluyó que la declaratoria fue aprobada sin el cumplimiento de los presupuestos normativos exigidos por la legislación vigente, razón por la cual consideró que se vulneró el principio de moralidad administrativa.
La discusión por la PCH
La aprobación de este acuerdo se produjo en medio de la controversia que generó en la provincia Guanentá el proyecto para construir una Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) en el río Mogoticos, en jurisdicción de los municipios de Mogotes y San Gil.
Para ese momento, comunidades, organizaciones ambientales y diferentes sectores ciudadanos impulsaban acciones encaminadas a impedir el avance del proceso de licenciamiento ambiental de la iniciativa energética, argumentando posibles afectaciones al ecosistema y a las fuentes hídricas de la región.
La declaratoria del cañón del río Mogoticos como zona de especial protección y utilidad pública fue promovida como una herramienta para fortalecer la defensa del territorio frente al proyecto, aunque las mismas organizaciones ambientales reconocieron en su momento que el proyecto de acuerdo tenía errores, por lo que debía presentarse una nueva iniciativa.
Aunque han pasado cuatro años desde la expedición del acuerdo municipal, las alertas y acciones de la comunidad para evitar que avance el proceso de licenciamiento ambiental de la hidroeléctrica se mantienen vigentes, lo que convierte el fallo disciplinario de la Procuraduría en un nuevo capítulo dentro de una discusión que continúa abierta en la región.
