Equitas trabaja en el hallazgo de los restos de desaparecidos y en otras violaciones de derechos humanos. Su directora asegura que se necesita de la voluntad de los funcionarios y de políticas en las instituciones, para darles respuesta a las miles de víctimas que aún reclaman los cuerpos de sus familiares y que creen en el proceso de reconciliación.
Publicado por: XIOMARA K. MONTAÑEZ MONSALVE
Parece una historia sacada de un cuento de terror, pero solo los que veían los cuerpos flotar sobre las aguas del río Cauca, en la vereda Beltrán, los que sin importar que tuvieran o no cabeza, brazos o piernas, los acogían hasta la orilla para hacer unos cuantos rezos, llevarlos al cementerio Jesús María Estrada de Marsella, en Risaralda, y darles santa sepultura.
Ya dentro de la bóveda de cemento, los aldeanos pedían por su alma, en medio de alabanzas y rosarios, hasta sellar la tumba con una lápida y marcarla con las iniciales N.N. ¿Quiénes eran? Poco importaba. Pasado el tiempo alguien vendría por ellos. De no ser así, al menos tenían un lugar donde descansar después de la trágica muerte que los arrastró por el río.
Puerto Berrío, municipio de Antioquia, tampoco escapó de esta barbarie. Las aguas del río Magdalena llevaron hasta sus orillas cientos de cadáveres que los pobladores recogieron, enterraron y adoptaron. A diferencia de Marsella, los habitantes los bautizaban, para que los N.N. no tuvieran menos importancia en sus tumbas.
Visitarlos, llevarles flores y pedir por su descanso eterno fueron prácticas adoptadas por los devotos de las ánimas del purgatorio, quienes sabían que en algún lugar de la geografía colombiana sus familias clamaban por ellos.
Y es que como asegura la cronista Patricia Nieto en su libro ‘Los Escogidos’, que cuenta la relación entre los habitantes de Puerto Berrío y los N.N., los ríos de Colombia se convirtieron en una gran fosa común en la época candente del conflicto armado. Muchos quedaron enredados en troncos y ramas que arrastraba la corriente, otros tal vez fueron llevados hasta el mar o devorados por animales de carroña al salir a flote.
Lo cierto es que los restos de cientos de hombres y mujeres fueron a parar a fosas comunes de los cementerios mencionados y ha sido el Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Sicosocial, Equitas, que apoyados por Justicia y Paz, abogados y familiares de desaparecidos, ha girado su mirada a estos lugares para encontrar la verdad.
Como muchas organizaciones, Equitas ve un posible escenario de postconflicto, el cual toma forma en medio del proceso de reconciliación entre víctimas y victimarios y los diálogos de paz.
Vanguardia Liberal habló con su directora, Ana Carolina Guatame, antropóloga forense, que junto con un equipo de profesionales apoya a los procesos judiciales y dan una opinión forense distinta a la que ofrece el Instituto de Medicina Legal.
Guatame asegura que la reconciliación solo puede lograrse si se recupera la confianza en las instituciones del Estado y si se da con el paradero de los desaparecidos.
Preguntas y respuestas
¿Por qué se crea Equitas?
Nació en el año 2004. Se planteó como una organización que pudiera ofrecerles a las víctimas una alternativa de opinión forense, distinta a la que ofrecen entidades del Estado como Medicina Legal y CTI. En un principio seguíamos de alguna manera el modelo de equipos de antropología forense que se habían dado en el cono sur del continente (Argentina), de iniciativas no gubernamentales que se crearon después de la dictadura y que empezaron a realizar la búsqueda de personas desaparecidas. Después de 10 años de labores, hemos empezado a trabajar en otros temas como la violación a los Derechos Humanos.
¿Cómo es el trabajo con las víctimas?
A través de organizaciones de Derechos Humanos. Para que la intervención que nosotros hacemos desde el punto de vista forense tenga algún tipo de repercusión en las investigaciones penales, es necesario que haya una interlocución a través de un abogado que representa a las víctimas en los procesos judiciales que se llevan en la Fiscalía. Si no tuviéramos esa posibilidad, no tendríamos la figura legítima de participar dentro de las investigaciones. También brindamos asesoría pedagógica a los familiares de las víctimas para que sepan qué hacer, a dónde pueden acudir para denunciar sus casos.
¿A dónde ha llegado su labor?
A la Guajira, Cesar, Magdalena, Santanderes, Antioquia, Chocó, Meta, Casanare, Tolima y Boyacá, entre otras zonas. En Norte de Santander hemos acompañado casos de ejecuciones extrajudiciales, que ha sido uno de los puntos más críticos en los últimos años. Allí hemos participado como peritos de parte y a través de la representación de abogados, hemos podido emitir conceptos sobre cómo se han desarrollado los procedimientos forenses, hemos entregado opiniones sobre qué estrategias de investigación técnica podrían darse. Lo triste es que ninguno de los casos ha llegado a un juzgamiento responsable por los hechos o el hallazgo de una persona desaparecida. Ante esto, no podemos pensar en una reconciliación, no podemos pensar una ley de perdón y olvido, porque es importante saber para avanzar.
¿A qué se han enfrentado?
Uno de los grandes retos es la búsqueda de desaparecidos en escenarios complejos. Cuando Justicia y Paz inició las exhumaciones masivas, se encontraron cadáveres en cementerios, sitios donde nadie buscaba. Allí yacen muchos NN, víctimas del conflicto armado. También se han encontrado dificultades en la articulación de esfuerzos, no solo entre entidades sino entre funcionarios, que al final terminan trabajando en los mismos casos. Son cosas que dificultan la labor de búsqueda. Muchas veces para las víctimas no es importante meter a alguien a la cárcel, sino saber la verdad. Y en el caso de desaparición forzada, que el cuerpo retorne.
¿Por qué trabajar con los NN?
Uno de los primeros casos que tuvimos fue de un par de hermanos en Tibú, Norte de Santander. Demoraron mucho tiempo en encontrarlos y cuando aparecieron sus restos no estaban completos. Esto nos llevó a indagar más sobre la situación y empezamos a trabajar en el oriente antioqueño. Recorrimos varios cementerios con el propósito de hacer una indagación etnográfica. Entrevistamos sepultureros, conocimos prácticas funerarias y analizamos la relación de las personas con estos lugares. Analizamos cuál sería la ruta de acción, cómo llegaban los N.N. a los cementerios y la forma de garantizar la conservación de estos restos con propósitos humanitarios y de evidencia física en las investigaciones que serían llevados a la Fiscalía. En el año 2009, con la coordinación de la Unidad de Justicia y Paz, se identificó que en muchos casos los NN terminaban en los cementerios. Entonces pensamos en desarrollar una propuesta piloto. Se propuso el cementerio de Marsella, Risaralda.
¿Qué tiene de particular este cementerio?
La preocupación llegó a este municipio cuando el Dane sacó unas estadísticas que mostraban que Marsella era el municipio más violento de Colombia, por el reporte de muertes violentas. Esto no era cierto. Los muertos que reportaban llegaban por el río y en acción solidaria los habitantes los enterraban. Dada esta situación compleja, con el ánimo de resaltar la labor que había hecho la comunidad al rescatar los cadáveres y las buenas prácticas que tenía la médica forense Luz Marina Ortiz, de Medicina Legal; quisimos resaltar esta labor con el proyecto.
¿En qué consistió el proyecto?
Es un proyecto piloto que presentamos en abril pasado. Hicimos un censo de personas no identificadas, un diagnóstico de condiciones del cementerio, no solo con relación a cómo están inhumadas las personas sin identificar, sino a otros elementos que contribuyen y obstaculizan las normas adecuadas del manejo del cementerio. Entregamos un mapa donde se encuentra cada una de las personas identificadas, una base de datos que permite hacer el rastreo de los cuerpos. Hicimos una marcación de las lápidas, porque en algún momento ese cementerio había sido declarado patrimonio cultural y borraron las de los NN, que generó una pérdida considerable de información importante. Logramos un sistema de numeración única en cada uno de los lugares que hay en el cementerio, de manera que se pueda cotejar con el mapa que se realizó y esto, a su vez, con una base de datos que nos dice que información tenemos de necropsia, del sexo de la persona, sus características particulares. La segunda etapa sería el cotejo con el listados de desaparecidos de los municipios ribereños de la zona.
¿Hay interés del Gobierno en el trabajo de Equitas?
Existen dos niveles. Primero, que puede haber voluntades que se expresan verbalmente, pero no necesariamente se traducen en acciones que sean coherentes con ese discurso. Hemos tenido situaciones donde el ejercicio de nuestra labor nos ha llevado al diseño de herramientas para las investigaciones, que cuando llegan a manos de las autoridades se quedan allí y no se toman en cuenta. Es contradictorio, porque no solo llegamos con una solicitud, sino con una manera de hacer las cosas, con una propuesta de trabajo. Es frustrante. Tenemos las manos atadas, pero la ‘pelota’ está en las manos del Gobierno, porque no podemos adelantar exhumaciones, es labor de la Fiscalía. Claro que esto nos motiva a seguir intentándolo, porque en esta es una labor de mucha perseverancia. Otro problema es la rotación de los funcionarios. Creo que esto es más de voluntades personales que del Gobierno. La reconciliación parte de esas actitudes y es importante crear políticas institucionales que permanezcan en el tiempo.
