El caso, que se dio en San Gil, evidencia tensiones entre reglamentos institucionales y derechos estudiantiles.
Un profundo malestar se desató este fin de semana en San Gil tras conocerse la decisión del rector del Instituto San Vicente de Paúl de intentar excluir a un estudiante de grado 11° de su ceremonia de graduación por obtener bajos puntajes en las Pruebas Saber 11.
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La medida, considerada por la comunidad como arbitraria, desproporcionada y carente de sentido pedagógico, fue revertida únicamente gracias a una acción de tutela interpuesta por los padres del menor.
Por respeto a la intimidad del hogar afectado, esta nota omite los nombres del estudiante y los de los padres de familia. No obstante, el caso pone en evidencia un problema mayor: la manera en que algunas instituciones educativas tergiversan el propósito real de las Pruebas Saber 11 y las convierten en herramientas de castigo, vulnerando derechos fundamentales y afectando la dignidad de los jóvenes.
Según la carta enviada por el rector del plantel a los padres del estudiante, la exclusión se sustentaba en el artículo 13, inciso B, del Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes, SIEE.
De acuerdo con la interpretación del directivo, un alumno no puede participar en la ceremonia de grado si obtiene 30 puntos o menos en dos o más áreas de las Pruebas Saber 11.
Para justificar su decisión, el Rector citó que el estudiante obtuvo 30 puntos en Ciencias Naturales y 29 en Ciencias Sociales, pese a que el joven sí aprobó todas las asignaturas del año escolar, requisito indispensable -y suficiente- para obtener el título de bachiller y por ende asistir a la ceremonia de graduación.
La familia recibió la notificación formal apenas días antes de la ceremonia, lo que incrementó la angustia e incertidumbre. Aunque el Rector afirmó que la advertencia había sido incluida en el boletín del tercer periodo, los padres aseguran que jamás se les indicó que un resultado en una prueba externa, diseñada para medir la calidad educativa del país, pudiera convertirse en un impedimento para graduarse.
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“Lo que la familia esperaba era acompañamiento, no un castigo inesperado que afectara emocionalmente al joven en uno de los momentos más importantes de su vida escolar”, dijo uno de los familiares del estudiante.
Voz del experto
El catedrático y experto en educación, Gonzalo Ordóñez Gómez, calificó la actuación del colegio como un “grave error pedagógico” y una distorsión absoluta del sentido de las evaluaciones estandarizadas.
Para Ordóñez, trasladar la responsabilidad del aprendizaje exclusivamente al estudiante es desconocer por completo el papel formativo de la institución: “Si un estudiante presenta dificultades, el colegio debe intervenir, acompañar, orientar y aplicar medidas de apoyo. Esa es una obligación mínima dentro de cualquier política educativa seria”, afirmó.
El experto también cuestionó el uso del castigo como mecanismo de control, recordando que las Pruebas Saber 11 no son un instrumento para sancionar, sino para evaluar la calidad del sistema educativo y, en menor medida, orientar procesos de ingreso a la universidad: “El colegio no puede castigar a un joven por un resultado que, en esencia, también evalúa a la institución. Comprometer lo emocional, lo familiar y el significado del logro de graduarse demuestra una lamentable incomprensión de lo que significa educar”, insistió Ordóñez Gómez.
Varios docentes consultados -que pidieron reserva de identidad para evitar represalias- señalaron que este tipo de decisiones revela una cultura escolar basada en el miedo y la presión, donde las directivas parecen más preocupadas por mantener cifras que por velar por el bienestar de los estudiantes. Algunos incluso consideran que la invocación del SIEE podría interpretarse como “un uso selectivo y abusivo de la norma”, pues ningún reglamento institucional puede estar por encima de los derechos fundamentales.
La acción de tutela presentada por los padres logró frenar la exclusión y garantizar que el joven reciba su diploma junto a sus compañeros. Sin embargo, el hecho plantea interrogantes más profundos: ¿por qué un colegio recurre a medidas punitivas que contradicen la legislación educativa nacional? ¿Quién supervisa que en los manuales de convivencia no se cuelen disposiciones que vulneran los derechos de los estudiantes? ¿Cuántos casos similares pasan inadvertidos?
Mientras el estudiante y su familia intentan dejar atrás la angustia generada por esta situación, la comunidad educativa exige una reflexión seria sobre los límites de la autoridad escolar y el compromiso ético de quienes dirigen las instituciones. Porque más allá de las cifras, los puntajes y los informes, está la dignidad de un joven que merecía celebrar sin miedo uno de los logros más importantes de su vida.
